El Gobierno de Santa Fe avanzó en una profunda reforma del Registro de Licitadores con el objetivo de agilizar los trámites que deben realizar las empresas constructoras para participar en licitaciones de obra pública. La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Obras Públicas, apunta a digitalizar completamente los procedimientos, reducir requisitos administrativos y acelerar los tiempos de inscripción.
Entre las principales novedades se destaca que todos los trámites pasarán a realizarse de manera digital, eliminando la presentación de documentación en papel y los expedientes físicos. Según indicaron desde la Provincia, esta modernización permitirá reducir a la mitad los tiempos necesarios para completar la inscripción en el registro.
De este modo, las empresas interesadas deberán contar únicamente con una Identidad Ciudadana para ingresar al sistema, un Domicilio Digital obligatorio y acceso a una Oficina Virtual donde podrán cargar la documentación requerida y realizar consultas.
Menos burocracia
Otro de los cambios centrales es la aplicación del principio de “una sola vez”, que establece que el Estado provincial no podrá volver a solicitar información que ya obre en sus bases de datos. De esta manera, sólo requerirá aquellos datos que no pueda obtener por sus propios medios.
La reforma también implica una reducción significativa de los requisitos para inscribirse en el Registro de Licitadores. Mientras que anteriormente las empresas debían presentar ocho tipos de documentación diferente, ahora las exigencias se limitan a cuatro condiciones básicas: contar con Identidad Ciudadana para acceder a la Oficina Virtual, estar registrado como Administrador Legitimado, presentar el estatuto y el acta de elección de autoridades vigentes, y acreditar el certificado negativo de deudores alimentarios morosos.
Eliminan exigencias técnicas previas
Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron además que se eliminaron varios requisitos técnicos que hasta ahora eran obligatorios para la inscripción. Entre ellos, la acreditación de capacidades técnicas por especialidad, la demostración de contar con un equipo mínimo de trabajo, la designación de un representante técnico y la presentación de certificados de habilitación.
La intención es facilitar el acceso de más empresas al sistema y promover una mayor participación en los procesos licitatorios que impulsa la Provincia.
Cambios en el régimen de sanciones
La nueva normativa también introduce modificaciones en el régimen sancionatorio. Entre los cambios previstos se encuentran la optimización de plazos administrativos, mayores garantías para el ejercicio del derecho de defensa y una participación más directa de la Cámara de la Construcción en los procesos de evaluación.
A partir de ahora, cualquier sanción deberá formalizarse mediante una resolución del Ministerio de Obras Públicas.
Por otra parte, la capacidad económica y técnica de las empresas ya no será evaluada durante la inscripción al registro, sino únicamente cuando una firma resulte potencial adjudicataria de una licitación. Según explicaron desde el Gobierno provincial, esta modificación permitirá agilizar significativamente los tiempos de respuesta y simplificar el funcionamiento del sistema.
Con estas medidas, la administración santafesina busca profundizar el proceso de modernización del Estado y generar condiciones más ágiles para que las empresas constructoras puedan participar de las obras públicas que se ejecutan en todo el territorio provincial.