El ministro de Obras Públicas de la provincia, el venadense Lisandro Enrico, salió al cruce de las críticas difundidas por el medio digital “El Liberador” contra la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en lo que definió como una campaña de desprestigio organizada por sectores libertarios.
La polémica se desató luego de que el citado medio publicara contenidos cuestionando la contratación de empresas para obras provinciales, particularmente señalando a la firma Lemiro Pablo Pietroboni SA, mencionada en causas judiciales vinculadas a la Causa Cuadernos. Así, mientras denuncia que la polémica empresa se alzó con la reciente adjudicación provincial de la obra de nuevo acceso pavimentado a San Francisco, Enrico contraatacó recordando que Pietroboni es la adjudicataria de la única obra nacional que se realizó en Santa Fe durante el mandato de Javier Milei, la concesión por 30 años del puente Rosario-Victoria.
De este modo, el ministro respondió con datos concretos que ponen en evidencia contradicciones en el discurso nacional.
La denuncia del ministro
El funcionario venadense señaló que “El Liberador es una página de noticias armada por los libertarios para desprestigiar a otros políticos” y procedió a ejemplificar sus dichos con información oficial.
Según reveló Enrico, en dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei realizó una única licitación: la concesión por 30 años del puente Rosario-Victoria. Al investigar las empresas adjudicatarias, el ministro descubrió que entre ellas se encuentra Pietroboni, la misma firma que los medios libertarios cuestionan cuando trabaja para la provincia.
“¿Cómo no era que Pullaro era poco transparente porque contrataba a Pietroboni, que está mencionada en las causas de los Cuadernos?“, ironizó el ministro, para luego aclarar un punto central de su argumentación: “Lo que hace la corrupción de un gobierno no son las empresas, sino los que coimean a las empresas”.
El caso Pietroboni: antecedentes judiciales
La empresa Lemiro Pietroboni S.A. tiene antecedentes judiciales que han generado controversia. En 2025, el juez federal Sebastián Casanello procesó a once personas y a las empresas constructoras Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. en una causa que investiga pago de coimas, fraude al Estado y falsificación de documentos en obras viales ejecutadas entre 2017 y 2018.
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos a ambas empresas por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de más de $632 millones. Entre los procesados figuran Maximiliano Pietroboni y Gabriel Pedro Losi, hijos de los fundadores de las respectivas compañías, quienes habían colaborado como arrepentidos en la Causa Cuadernos antes de fallecer en 2016 y 2020.
No obstante, la empresa ha seguido participando en licitaciones tanto nacionales como provinciales. En febrero de 2025, Pietroboni S.A. resultó adjudicataria de la obra del puente Santa Fe-Santo Tomé por $39 mil millones, presentando la oferta más baja entre 10 empresas.
Tres claves de la gestión provincial
Enrico enumeró tres puntos fundamentales para desmentir las acusaciones y defender la transparencia del proceso licitatorio provincial:
Primero, en la provincia de Santa Fe las licitaciones son adjudicadas a las empresas que presentan los mejores precios, tras revisar adecuadamente su documentación y capacidad técnica. Además, las firmas cobran en tiempo y forma, y sus trabajos son controlados rigurosamente.
Segundo, el ministro contrastó la gestión provincial con la nacional: “Cuando vamos a Buenos Aires a pedir que reparen las rutas nacionales, tapen los pozos o corten el pasto, todos se esconden debajo de los escritorios”.
Tercero, marcó una diferencia sustancial con los casos de corrupción que afectan al gobierno nacional: “A diferencia de lo que pasó en el gobierno de Milei, donde quedó al descubierto el escándalo de los sobornos en la compra de medicamentos para discapacitados, acá en Santa Fe no se le pide el 3% de coima ni nada a ninguno”.
La doble vara en el centro del debate
El argumento central del ministro Enrico apunta a evidenciar una contradicción: mientras medios afines al gobierno nacional critican que Santa Fe licite con Pietroboni, la administración de Milei adjudicó a la misma empresa la concesión del puente Rosario-Victoria, una de las pocas obras licitadas en dos años de gestión.
La respuesta del gobierno provincial busca desplazar el foco desde las empresas hacia los funcionarios que cobran sobornos. Enrico sostiene que la corrupción no reside en quiénes ejecutan las obras, sino en quiénes extorsionan o reciben coimas de las compañías contratistas.
Este argumento cobra relevancia en un contexto donde tanto la Nación como la Provincia contratan con las mismas empresas del rubro de la construcción vial, un mercado concentrado en pocas firmas con capacidad técnica y financiera para ejecutar obras de gran envergadura.
La controversia refleja la creciente tensión entre el gobierno nacional libertario y las administraciones provinciales, en un contexto donde las obras públicas y la transparencia en las contrataciones se han convertido en ejes del debate político argentino.
El mensaje de Enrico fue contundente: “Así que no te dejes chamuyar”, en clara alusión a lo que definió como una campaña de desinformación destinada a empañar la imagen de una gestión que se presenta como transparente y eficiente en materia de obra pública.
La polémica continuará desarrollándose mientras ambas jurisdicciones sigan contratando con empresas que tienen causas judiciales abiertas, en un debate que excede lo partidario y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en la obra pública argentina.








