PoliticaProvinciaLegisladores opositores cuestionaron que “el gobierno genera sospechas” en los concursos para fiscales

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Este jueves por la mañana se realizó una conferencia de prensa en Santa Fe donde estuvieron presentes legisladores y legisladoras de la oposición santafesina, preocupados por la forma en que se están manejando los concursos para la elección de fiscales regionales y general.

Para ser claros, salió un decreto un viernes, se hizo la convocatoria un lunes y se hizo el sorteo un martes a las 7 de la mañana, un día que había paro de UPCN y de ATE, con lo cual sin meternos en la cuestión de fondo de cada uno de los que van a ser jurado, pedimos un proceso que tenga transparencia y diálogo institucional”, expresó el diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, quien fue claro al señalar que “el gobierno genera sospechas y perjudica la persecución penal de los próximos años”.

Estamos hablando de cuestiones muy profundas para la provincia de Santa Fe. Hablamos de la política de persecución penal que impacta en la seguridad pública, y si ese proceso no es transparente, nosotros nos reservamos nuestro derecho de mirar cada uno de los postulantes que manden, y por supuesto de rechazarlo si no estamos de acuerdo”, añadió.

Pullaro remarcó: “Las audiencias que se van a llevar adelante y los trabajos que van a presentar las y los diferentes postulantes deben ser públicos y transparentes, para que pueda haber una mirada de la sociedad civil en las posibles impugnaciones que puedan tener los postulantes para poder evaluarlos en profundidad”.

Y agregó: “No estamos hablando de una cuestión menor. Estamos hablando de una cuestión que va a condicionar la política de persecución penal por los próximos cinco años”.

El comunicado

En abril del 2023 vence el mandato de las principales autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el servicio público de la Defensa Penal, es decir mandatos del fiscal general, fiscales regionales, auditora general de gestión del MPA y defensora provincial y defensores regionales, todos cargos relevantes y centrales para el diseño de la política criminal en Santa Fe por los próximos cinco años.

Ante un recambio con implicancias institucionales de tal magnitud, queremos manifestar nuestra enorme preocupación en torno al proceso de concursos públicos que comenzó a llevar adelante el Poder Ejecutivo provincial en los últimos días”, sostiene el comunicado difundido por legisladores de la oposición.

El pasado 26 de agosto, mediante el decreto 1538, el gobernador “arbitrariamente y sin la consulta necesaria, decide modificar disposiciones referidas al Consejo de la Magistratura, cambiando la composición del jurado y dándole mayor competencia y discrecionalidad al presidente del Consejo”, añaden.

Asimismo, “cuando observamos los requisitos que debe contener el plan de trabajo requerido a los aspirantes a fiscales regionales y general, vemos, con mucho asombro, que solo se hace hincapié en los siguientes puntos: rol de la víctima, relación con la prensa, perspectiva de género, vinculación con la policía y organismo de investigaciones, sin que quede claramente expresada las prioridades y políticas de persecución penal y estrategias de gestión que proponga cada postulante”.

Así, los legisladores ratifican que el MPA cumple una función trascendental dentro del sistema de seguridad y justicia en la provincia de Santa Fe, es por eso que “el proceso de selección de autoridades debe ser amplio, participativo, transparente, ejemplar y acorde a los desafíos institucionales que impone la compleja realidad de nuestra provincia: no aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia”, concluyen.

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