El máximo tribunal fijó el monto de la deuda por coparticipación correspondiente al fallo de 2015, cuando avaló un reclamo iniciado por el entonces gobernador, Hermes Binner.
De este modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el monto y fijó la modalidad de pago de la deuda que el gobierno central tiene con Santa Fe por descuentos indebidos de coparticipación entre el año 2006 y 2015. El máximo tribunal confirmó el fallo favorable para la provincia y actualizó el monto a pagar, fijándolo en $ 86 mil millones.
El tribunal fijó el monto de la deuda por coparticipación en $ 54 mil millones y el de la deuda por detracciones indebidas para financiar a la Afip por $ 14 mil millones. Además, le sumó $ 18 mil millones correspondientes a un expediente iniciado en 2009.
Esta tarde, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía, Walter Agosto, darán en Santa Fe una conferencia de prensa con las precisiones sobre esta resolución que tomó el máximo tribunal.
La deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe tomó forma en noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema de la Nación falló a favor de un reclamo que había iniciado Binner. El reclamo fue contra la detracción del 15% que el gobierno central detraía de la coparticipación federal desde los primeros pactos federales firmados por Carlos Reutemann en la década del 90. Aunque fue la provincia la que inició la demanda, una vez que consideró vencidos los plazos de aquel pacto, la sentencia del tribunal alcanzó también a San Luis y Córdoba,
A partir de ese momento, el gobierno nacional dejó de descontar el 15% de coparticipación a la provincia. Pero quedó pendiente el cumplimiento del mandato de la Corte para negociar el pago de la deuda que se generó desde al año 2006, cuando comenzó a considerarse ilegal esa detracción. A pesar de que establecía un plazo limitado, el gobierno de Mauricio Macri llevó a la larga la negociación y no hubo avances, aún cuando Miguel Lifschitz firmó el pacto fiscal de 2017 con la condición de que se pague esa deuda, y de haber presentado diferentes propuestas de pago.
A precios actuales, se estima que el monto a desembolsar por el Estado nacional debería ser superior a los $ 100 mil millones.
A fines de 2018, Lifschitz presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga en la disputa. “Es indispensable que la Corte le ponga límite a esta negociación y satisfaga el reclamo de Santa Fe”, aseguró en ese entonces el ex mandatario. El gobierno provincial propuso distintos esquemas que permitieran saldar la deuda en cuotas, con un mix de bonos y obras.
La crisis de los últimos dos años del gobierno macrista sepultó las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Cn el cambio de gobierno, la administración Perotti le bajó el precio a la acreencia que el socialismo aseguró que le dejaba como herencia”.
“Ese es un tema que hay que aclarar, porque queda la sensación de que hay una cuenta por cobrar al alcance de la mano”, señaló el ministro de Economía, Walter Agosto, en febrero de 2020, durante la única entrevista que dio al diario La Capital. Y abundó: “Esa deuda tiene una liquidación presentada por Santa Fe en sede judicial. La Nación la impugnó. Hay un controversia y no está definido el valor. Tenemos que esperar que la Corte lo defina. Una vez que lo haga, la Corte va a pedir a la Nación que haga una propuesta de pago. Si la propuesta de pago viene y satisface a la provincia, está todo bien. Si no, vamos con otra revisión y se abre otro plazo”.
El ministro de Economía deslizó, en aquel momento, que “la otra alternativa hubiera sido establecer un acuerdo con la Nación, como hizo Córdoba. Bueno, Santa Fe no lo hizo”.
El recuerdo de la presentación de Binner
De cara a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y ante una sala de audiencias totalmente colmada, en buena medida por dirigentes y legisladores de todos los partidos políticos, incluyendo a los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid, Hermes Binner realizó en 2010 una exposición para fundamentar el pedido presentado por la provincia en el marco del reclamo contra el descuento del 15 % de coparticipación para el sistema previsional: una medida cautelar para que la mitad de esa suma se libere mensualmente.
El por entonces gobernador expuso sin interrupciones durante la primera parte de los 20 minutos asignados, antes de dar lugar al fiscal Jorge Barraguirre, quien fue el que se sometió al interrogatorio de los miembros del Tribunal. También, después de que expusieran los funcionarios nacionales que concurrieron en lugar del ministro de Economía, Amado Boudou -escudado en impostergables compromisos parlamentarios-, encabezó la réplica, en una modalidad inaugurada por la Corte en esta oportunidad. Según explicó su titular, Ricardo Lorenzetti, por “la complejidad del debate” y su trascendencia institucional.
“El acuerdo que permitió la retención del 15 % para el sistema previsional venció el 31 de diciembre de 2005 y no fue renovado por la provincia. Por lo cual consideramos que la detracción es ilegítima”, disparó Binner en su argumentación. Y a esta ilegitimitad de derecho, le agregó otra de hecho: la desaparición de la emergencia provisional fundada básicamente en el desfinanciamiento del sistema por la derivación de los aportes a las AFJP -que se verificaba en 1992 y que ahora muestra la exacta contracara.
“Santa Fe no es igual a otras provincias, tiene una situación absolutamente particular: no firmó la prorroga, está entre las provincias que no transfirieron la Caja y además cumple con la movilidad jubilatoria”, agregó.
El gobernador defendió la vocación de solidaridad federal que asiste a la provincia, pero hizo notar que, en la actual coyuntura, padece los efectos de estas detracciones en su propia situación social. “O unitarizamos y que la Educación y la Salud vuelvan a ser atendidos por la Nación, que es la que concentra los recursos, o transferimos los recursos. De más está decir que nuestra opción es esta última”.
También remarcó que la intención de la provincia no es plantar una bomba en el sistema provisional, sino comenzar a recuperar paulatinamente los fondos. Por eso, la medida cautelar no se remite a la deuda acumulada desde 2006, ni pide que se deje de descontar la totalidad del monto, sino sólo la mitad.
Binner destacó la paradoja de que una provincia “rica” y con inversión creciente, soporte bolsones de pobreza “por debajo de la dignidad humana”, porque se le retacean sus propios recursos. “No queremos judicializar una cuestión política”, dijo, anticipándose a un argumento del Estado nacional, “pero sí pretendemos recurrir a la Corte para resolver un conflicto típicamente jurídico, de un deudor y un acreedor”.