La incertidumbre en torno al dólar y el marcado proceso inflacionario que atraviesa el país generan preocupación en el sector de la construcción, con la imposibilidad de fijar precios de referencia en términos de materiales y presupuesto. Por tal motivo, la Cámara de la Construcción de Santa Fe elevó un pedido formal ante el Ministerio de Infraestructura planteado los problemas que afectan a las empresas asociadas que ejecutan obra pública en la provincia.
En concreto, las demandas plantean el pago urgente e integro de los trabajos ejecutados, incluidos los certificados básicos, sus redeterminaciones provisorias y definitivas y los intereses por mora en el pago en todos los contratos vigentes.
También solicitan aprobación y certificación de las redeterminaciones de precios en trámite en momentos en que, por la alta inflación sufrida, estas redeterminaciones constituyen una parte sustancial de la remuneración del contratista. Incluso con demoras violatorias del artículo 22 del decreto 691/16, advirtiendo que “esto es más grave aún en contratos por convenio con provincias o municipios, en que se suman dos jurisdicciones a la tramitación”.
En cualquier caso, “el cobro de lo redeterminado se demora por los meses de tramite insumidos y el monto percibido se ve severamente reducido por la pérdida de su valor adquisitivo -para reponer insumos- y/o por los altos costos financieros nominales”.
Desde la Cámara agregan al perjuicio sufrido “la irrepresentatividad de los precios relevados por el Indec y de los índices construidos con ellos, usados para calcular la redeterminación, cuando se los compara con el aumento real de precios de los distintos materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra”.
A todo ello se agrega la distorsión significativa en los precios de materiales -y/o en sus formas de comercialización- a causa de su escasez, por cambios en el comercio exterior y su regulación y por efectos de conflictos geopolíticos.
Así, plantean la necesidad de poder “neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación sea resuelta, pues todos estos inconvenientes severos, conocidos por cada autoridad y contratista, seguramente han afectado ya el ritmo de obra, por imposibilidad financiera para mantenerlo, con un atraso consecuente en la ejecución de los trabajos y en el cumplimiento de la curva de inversiones contractual”.
De esta manera, reclaman “la adopción de medidas para reconducir los contratos en ejecución, en cuanto a precios y plazos, de tal manera de posibilitar su continuidad y evitar, o como mínimo atenuar, los efectos de una paralización total, que sin exagerar, tendría rasgos catastróficos”.