En un fallo con posible impacto más allá del caso individual, la jueza rosarina Paula Calace Vigo ordenó al Estado provincial cesar con los descuentos aplicados sobre la jubilación de una docente y restituir los montos ya retenidos. La resolución judicial hizo lugar a un amparo presentado por la mujer, jubilada desde 2008, quien tiene a su cargo un hijo con discapacidad y percibe un haber mensual de 1.700.000 pesos, de los cuales se le descontaban alrededor de 47.000 por aplicación de la ley de reforma previsional.
Se trata del primer fallo favorable a una docente jubilada en este contexto. Hasta ahora, las presentaciones que habían prosperado judicialmente eran, en su mayoría, de ex jueces o funcionarios del Poder Judicial, cuyos haberes suelen ser significativamente más altos y, por lo tanto, menos afectados en términos relativos por los recortes.
La jueza Calace Vigo hizo hincapié precisamente en esa diferencia. “No estamos ante una ex magistrada ni una ex funcionaria judicial, sino ante una docente jubilada con problemas de salud propios y con un hijo con discapacidad a su cargo, situación acreditada en el expediente”, subrayó en los fundamentos de su resolución.
Además, la sentencia pone en cuestión el argumento del Gobierno provincial, que justifica los descuentos como una medida temporaria. “No podemos olvidar la edad de la beneficiaria, su condición de adulto mayor, el deterioro natural de la salud y su situación de vulnerabilidad. Estos factores podrían configurar una lesión permanente en sus ingresos”, advierte el fallo, al recoger uno de los principales argumentos esgrimidos por los abogados de la docente.
El amparo judicial cuestiona dos artículos centrales de la reforma previsional santafesina. El artículo 2, que introduce un “aporte solidario” sobre los haberes jubilatorios más altos, y el artículo 10, que faculta al Ejecutivo a postergar por hasta 60 días el traslado de los aumentos paritarios al sector pasivo.
La resolución judicial podría marcar un precedente para otras causas en curso, especialmente las impulsadas por docentes o trabajadores estatales retirados, cuyas jubilaciones no siempre alcanzan los niveles que suelen observarse en el Poder Judicial, pero que se ven igualmente afectados por los mecanismos de ajuste implementados por la provincia.
Fuente: Rosario3