A un año de los allanamientos a las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, el extitular de esa cartera, Marcelo Sain, y parte de su equipo de trabajo, fueron imputados en la causa que es conocida como espionaje ilegal.
En total, 11 personas fueron identificadas hasta el momento como parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional.
Se los investiga por haber realizado escuchas ilegales a personalidades públicas de la provincia, políticos, periodistas y empresarios, entre otros.
La audiencia imputativa se desarrolló en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos, en la capital santafesina. Además de Sain, son imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro , el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez, la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, Milagros Bernard y Agustina Moulins.
También, será imputada la ex jefa de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI), perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), Débora Cotichini.
Finalizada la primera audiencia, fueron imputadas tres personas:
-Marcelo Sain (exministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones) al que se lo acusa de: asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
– Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia) por: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
– Agustina Moulins (contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación Criminal) por: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.