En medio de un escenario económico tenso y con un visible deterioro del poder adquisitivo, el Gobierno de Santa Fe se apresta a reabrir la discusión salarial con los gremios estatales y docentes. Si bien aún no hay fecha oficial, en la Casa Gris aseguran que el llamado se concretará “antes de fin de mes”, cumpliendo con lo acordado.
La administración de Maximiliano Pullaro trabaja en una propuesta que buscará equilibrar sus objetivos de contención fiscal con la presión creciente de los sindicatos. La discusión se centra ahora en el esquema que regirá para el segundo semestre: mientras algunos sectores del Gobierno impulsan mantener las actualizaciones trimestrales, otros sugieren avanzar hacia un acuerdo más largo que llegue hasta diciembre.
A partir de esa definición se fijará el porcentaje de aumento, y todo indica que se repetirá la estrategia de garantizar un piso mínimo para los sueldos más bajos, una medida que el Ejecutivo ya aplicó en los dos acuerdos anteriores.
Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación de junio fue del 1,9% y acumuló un 16,4% en el primer semestre, mientras que los aumentos otorgados en ese mismo período fueron del 5% para el primer trimestre y del 8% para el segundo, con pisos garantizados de $70.000 y $75.000. Los gremios advierten que esa diferencia representa una pérdida real superior a los 20 puntos para buena parte del personal estatal.
El reclamo docente: salario y defensa de la Caja
En paralelo al debate salarial, los gremios docentes también se movilizan por el futuro del sistema previsional. Desde Amsafé, el secretario general Rodrigo Alonso cuestionó que los jubilados hayan recibido “sólo un 8% de aumento en seis meses”, lo que profundizó la caída del poder de compra del sector pasivo.
Este miércoles, Amsafé presentó ante la Convención Constituyente dos proyectos: uno vinculado al derecho a la educación y otro que busca blindar la Caja de Jubilaciones como un organismo “estatal, público, solidario y de reparto”, y declarar su intransferibilidad.
Además, el gremio insistió en que cualquier modificación del régimen previsional debe discutirse en paritarias, y no ser impuesta por decreto ni por reformas constitucionales sin acuerdo con los trabajadores.
Fuente: Aire Digital