La Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales de la Convención Reformadora de Santa Fe, encabezada por el venadense Lisandro Enrico (Unidos para Cambiar Santa Fe), fue la última en emitir dictamen y dejó cerrado el debate temático en el proceso constituyente. Tras intensas negociaciones internas en el oficialismo, el despacho de mayoría terminó delineando la nueva arquitectura judicial de la provincia, con cambios de fondo en la Corte Suprema, la Procuración General y el Ministerio Público.
“Cambian organismos de la justicia santafesina con esta nueva Constitución, que durará décadas. Vendrá luego el período post constituyente, donde se tendrán que dictar muchas leyes nuevas para adaptar estos cambios”, señaló Enrico tras la votación, subrayando la trascendencia del paso dado por la comisión que él preside.
Corte Suprema con siete miembros y límite de edad
El dictamen aprobado establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete ministros, con criterios de paridad de género y representación territorial. Los jueces cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años, sin posibilidad de prórroga, y seguirán siendo designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
Este esquema abre un frente de impacto inmediato: tres de los actuales integrantes del máximo tribunal ya superan ese límite de edad.
Procuración y Ministerios Públicos
El texto otorga un lugar institucional a la Procuración General, dentro del Poder Judicial, con la misión de dictaminar ante la Corte y velar por la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Su titular será designado por el gobernador con aval legislativo, por cinco años y con posibilidad de reelección por un único período.
En paralelo, el dictamen constitucionaliza al Ministerio Público y lo define como un órgano independiente de los tres poderes, con autonomía funcional y autarquía financiera. Estará dividido en dos estructuras autónomas: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), enfocado en la persecución penal y en la protección de las víctimas; y el Ministerio Público de la Defensa, concebido como una institución de derechos humanos orientada a garantizar el acceso a la justicia de sectores vulnerables. Sus jefaturas (Fiscal General y Defensor General) durarán cinco años, podrán reelegirse una sola vez y sus mandatos no coincidirán con el del gobernador, un punto que el socialismo defendió para reforzar la independencia institucional.
Selección y control de magistrados
Otro de los cambios clave es la creación de un Consejo Asesor de Selección de magistrados, fiscales y defensores. Funcionará en la órbita del Ejecutivo, pero con integración mixta: un representante del Poder Judicial o del Ministerio Público, un diputado, un senador, un abogado de los colegios profesionales y un académico universitario.
El gobernador seguirá teniendo discrecionalidad para elegir candidatos de las listas de aspirantes, que se conformarán en concursos públicos previos. Esa potestad fue defendida por la UCR como un resguardo de la centralidad política en las designaciones.
En materia disciplinaria, se conformarán tribunales ad hoc de enjuiciamiento, con mayoría de representación política (senadores y diputados) frente a los miembros de la corporación judicial. Este diseño generó fuertes críticas opositoras, que advirtieron sobre la concentración de poder en manos del Ejecutivo y del Legislativo.
Defensoría del Pueblo y plazos de transición
El dictamen también incorpora a la Constitución la Defensoría del Pueblo, encargada de defender a la ciudadanía frente a actos u omisiones del Estado.
Todas las reformas deberán ser reglamentadas con nuevas leyes en un plazo máximo de dos años. Hasta entonces, se mantendrá la normativa actual en lo que no sea incompatible con la reforma.
Enrico, figura clave del debate
La comisión que preside Enrico fue la última en cerrar sus dictámenes, tras una jornada maratónica que se extendió hasta la noche. El despacho de mayoría, alcanzado tras duras negociaciones entre radicales y socialistas dentro de Unidos, terminó convirtiéndose en el último insumo legislativo que alimentará a la Comisión Redactora, encargada de unificar los textos en el articulado final de la nueva Constitución.
“Nunca hay una Constitución perfecta, pero sí una Constitución posible, con participación del pueblo”, remarcó Enrico, dejando en claro el carácter histórico del proceso.