Los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en Santa Fe, en busca de evidencias sobre espionaje ilegal ordenado por el ex ministro Marcelo Sain a dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros, generó un verdadero tembladeral político en la provincia y, todo indica, precipitará las renuncias de los funcionarios porteños que llegaron con el ahora asesor de Aníbal Fernández y seguían trabajando en la cartera que ahora conduce Jorge Lagna.
Mientras tanto, en ámbitos políticos y judiciales se especulaba con la posibilidad de que los delitos que le imputen a Sain puedan llevarlo a la cárcel. Una acusación sería por “haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”. Esto viola la ley nacional de inteligencia. Por lo pronto, lo que hay como evidencia es material físico –carpetas– y testimonios. Además, en el allanamiento en Rosario se encontró papel triturado que se presume es efecto de la destrucción apurada de documentos que podrían constituir más pruebas.
“Hay carpetas pero no escuchas”, fue la frase de una fuente del gobierno provincial, que buscó así diferenciar el caso de otras situaciones de espionaje, como las que sufrieron los familiares de los muertos del ARA San Juan por las cuales ahora está investigado el expresidente Mauricio Macri.
El matiz incluye una admisión: Sain realmente acumulaba información sensible sobre distintas personalidades de la provincia, presumiblemente para realizar eventuales “carpetazos”. El ex ministro “hacía una ficha de cada persona con la que trataba o tenía algún cruce”, agregó otra fuente que transitó los pasillos de la cartera de Seguridad. Habría carpetas sobre legisladores, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas.
Muchos de esos archivos se nutrían de información que fue comprada en bases de datos a través de la utilización de fondos reservados asignados al propio Ministerio de Seguridad. “Es una barbaridad”, admitieron desde el gobierno provincial. Fuentes de la investigación explicaron que por esta razón otro de los delitos atribuibles a los funcionarios involucrados sería malversación de fondos públicos.
Uno de los celulares secuestrados hoy en el allanamiento es el del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain. A al menos otros dos funcionarios se les quitó también sus aparatos. Todos ellos protagonizaban una feroz interna con el ministro Lagna, por lo cual se especulaba con una próxima renuncia que ahora es casi un hecho consumado.
“Razonablemente esto apura los tiempos”, dijo una fuente de la Casa Gris.
El gobernador Omar Perotti convocó para la semana que viene a la oposición a debatir medidas para combatir la crisis de la seguridad pública. Seguramente querrá llegar al miércoles, día de ese encuentro, con el camino algo más despejado.
La Capital