El caso D’Alessio sumó un capítulo más al basto expediente que se tramita en el juzgado de Dolores por espionaje ilegal, extorsión y asociación ilícita contra empresarios y en causas resonantes que se tramitan en el fuero federal que lo vinculan con funcionarios y legisladores del oficialismo.
Ahora, según reveló el juez Ramos Padilla, D’Alessio habría realizado espionaje político al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y también al ex de Corrientes, Ricardo Colombi, en un hecho de una seriedad sin precedentes que puso en alerta al gobierno socialista.
“Estamos investigando actividades de espionaje en Rosario, donde se pudieron haber hecho maniobras para afectar al gobernador socialista de Santa Fe” sostuvo el juez de Dolores en un reportaje a TN.
D’ Alessio viene siendo investigado en la misma causa por haber ingresado al edificio de los Tribunales durante el juicio a Los Monos donde tuvo una conversación con uno de los líderes de la banda, Monchi Cantero.
Además, grabó con una cámara oculta a Lorena Verdún, viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, donde el operador judicial habría buscado que los integrantes de la pandilla comprometiesen a funcionarios del socialismo.
Este hecho cobró aún mayor trascendencia porque en el juzgado pudieron confirmar que el espía se comunicó a un teléfono registrado a nombre de la ministra Patricia Bullrich para, presuntamente, ponerla al tanto de lo actuado con Los Monos. La funcionaria argumentó en su descargo que era un móvil que tenía su nietito para jugar.
Ahora, lo revelado por el juez Ramos Padilla abre una puerta más al oscuro laberinto de la inteligencia ilegal en la Argentina donde los espiados serían, directamente, gobernadores de provincias.
Por tal motivo, fuentes del gobierno de Santa Fe evalúan por estas horas la presentación de un escrito para ampliar la denuncia que ya se había efectuado en el juzgado federal de Dolores y en los tribunales provinciales donde también se tramitan otras causas de competencia provincial.
El escrito sería firmado por el propio gobernador Miguel Lifschitz y se adjuntaría a la denuncia que tramitaron los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro y el de Justicia, Ricardo Silberstein el 18 de marzo pasado.
La hipótesis que manejan en el gobierno de Santa Fe es que Marcelo D’ Alessio actuaba como operador independiente para luego vender los informes a funcionarios y legisladores nacionales.