PoliticaRecaudaron más de 4 millones de pesos en subasta judicial

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Solo 600 de las 3.600 personas inscriptas participaron este jueves de la subasta de vehículos decomisados en investigaciones de la Justicia penal. El remate incluyó 17 autos y camionetas que salieron un 60 por ciento por debajo del valor de mercado. Sólo un auto fue descartado del remate porque la fiscal de la causa lo pidió como prueba. Los otros cuatro autos que tenían una medida cautelar fueron incluidos en el remate. El auto que mejor cotizó fue un Peugeot 208 por el que ofrecieron 455 mil pesos. El precio más bajo fue para un Mercedes Benz 160 Classic que se remató a 91 mil pesos. Recaudaron 4.045.000 pesos que irán a políticas sociales en educación y salud. También servirá para resarcir a las víctimas que hayan sufrido perjuicios económicos. Entre los ofertantes había profesionales, trabajadores fabriles de Santa Fe y de otras provincias. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública en el Gobierno de Santa Fe, adelantó que además de los vehículos pondrán a remate inmuebles. Hay cuatro propiedades en la localidad de Melincué que se usaban para el facilitamiento de la prostitución que fueron otorgados a familias con derechos vulnerados, y una en Rosario que será subastada para resarcir a las víctimas estafas por esa causa judicial.

Nada federal

Fue un procedimiento inédito en el país con el objetivo de recuperar, con la venta de bienes decomisados, parte del perjuicio económico que asociaciones criminales le ocasionaron al Estado. Sólo entraron los bienes de delitos investigados y juzgados los tribunales de Santa Fe. No hubo autos incautados por causas de narcotráfico, que son de jurisdicción federal. “Provienen de asociaciones ilícitas, secuestros virtuales o robos. Y ninguno está vinculado a la banda de Los Monos”, aclaró Figueroa Escauriza. Los autos que salieron a remate fueron de alta gama: BMW, Mercedes Benz y Mini Cooper, por ejemplo.

Interés genuino

La convocatoria exigía que los interesados se anotaran en la página del Gobierno de Santa Fe. Las autoridades chequearon las identidades para garantizar que ninguna de las personas esté vinculada con el delito por el que los autos terminaron en la subasta. En la web, tuvieron que completar un formulario que se procesa rápidamente y es gratuito. “Fue la primera vez en el país que se realizaba una subasta de estas características. Había 3.337 inscriptos, de los cuales sólo 1.826 eran santafesinos. El resto venían de distintas ciudades del país”, apuntó Figueroa Escauriza.

Reparos

Anteayer los abogados de uno de los defendidos en una causa interpuso un pedido para que no remataran dos BMW, un Citroën C4 y un Mini Coopera, que son parte de una investigación por asociación ilícita y robos. “No hubo dictamen fiscal ni juez que haya autorizado este remate. Tampoco tuvimos una audiencia preliminar para saber si vamos a ir a juicio. Está clara la intención de la provincia pero hay que respetar la ley. Cuando un juez determine que los bienes son ilícitos y tienen que ser decomisados, el Estado podrá tomarlos para rematarlos pero no pueden hacerlo antes porque el juez podría decidir devolverlo al dueño”, explicó Ignacio Carbone, uno de los abogados que presentó la medida cautelar. “Hay 18 imputados en esa causa. El Mini Cooper fue secuestrado el año pasado, pero no quiere decir que se cometió un ilícito con el auto o que tiene procedencia ilícita. Hay que esperar una sentencia del juez”, agregó. El juez Juan Andrés Donnola aceptó el pedido porque no hubo resolución judicial que avalara el decomiso de los bienes, pero desde el Gobierno de Santa Fe pidieron la nulidad y los autos entraron en la subasta. “Las cautelares son parte de una resistencia a un avance contra el delito organizado. Es la resistencia de sectores que no quieren que se avance contra sus defendidos y tratan de parar las acciones del Estado contra los criminales. Los vehículos se venden, y durante los 30 días que es plazo para aprobar la subasta, se debatirá si hay que devolver alguno”, explicó el funcionario.

Análisis

“Hoy se empieza a ordenar y construir una política pública en Santa Fe única en Argentina. No sólo trabajamos para encarcelar y desmantelar las organizaciones criminales sino que vamos por los bienes que son usados para cometer delitos. A través de la Agencia de Bienes Decomisados de la provincia vamos a hacer la primera subasta y lo recaudado será destinado a fines de interés social y público”, señaló el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. “Tenemos claridad hacia dónde vamos. No alcanza con detener a los grupos criminales y aislarlos de la sociedad. Tenemos que tomar medidas que corran la raya. En los últimos meses vimos que desde la cárcel seguían operando y cometiendo delitos. En tres años desmantelamos 66 organizaciones. Sacarles los bienes es dar un paso más porque es quitarles los recursos económicos para que no puedan seguir operando. Mientras el Congreso sigue discutiendo la ley de extinción de dominio que debería tener el país, la provincia de Santa Fe tiene su ley y avanza. Queremos dar este paso y lo vamos a continuar”, agregó el ministro.

El Ciudadano

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