Mientras gobierno e investigadores pedían máximo rigor para los acusados de estafas inmobiliarias en Venado, por instrucciones de su superior, el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien ordenó perdonar a esos dos hombres acusados en un delito idéntico, cuando la causa tenía elementos para obtener condenas en juicio oral. Historia de una medida sin fundamento que desnuda un pacto.
En Rosario la maniobra de fraude con inmuebles en Venado Tuerto cometida por un grupo de profesionales ocupa desde hace seis días los espacios más destacados de la prensa. Pero es curioso que al mismo tiempo las novedades judiciales de una megaestafa inmobiliaria idéntica tramada en Rosario está, de manera forzada y unánime, ausente de todos los medios. El jueves de la semana pasada se produjo una novedad sin precedentes en la historia judicial de la provincia. Un fiscal que tenía una causa prácticamente ganada contra dos empresarios imputados de estafa y lavado de activos debió negarse a acusar a los implicados por instrucciones de su superior, el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien ordenó perdonar a esos dos hombres.
Ayer a la mañana hubo en Rosario una reunión de la Junta Provincial de Seguridad. El ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, departía sobre su indignación por la millonaria maniobra de guante blanco concretada en Venado Tuerto. Cuando terminó, el diputado provincial Carlos Del Frade dijo que lo de Serjal, al ordenar sin motivo jurídico entendible cerrar la causa a dos empresarios acusados de un fraude igual, era una contradicción incomprensible, lo mismo que las autoridades políticas, legislativas y judiciales miraran para otro lado.
El silencio que se hizo podía cortarse con navaja. Estaban allí el ministro de Gobierno Pablo Farías, el de Seguridad Maximiliano Pullaro, el fiscal general Jorge Baclini, el fiscal regional venadense Alejandro Sinópoli, el juez rosarino Luis Caterina y el diputado socialista Rubén Galassi. Ninguno dijo nada. El fiscal regional Serjal, que siempre asiste a esas reuniones, era la persona más idónea para contestar, pero no estaba para hacerlo. Igualmente los motivos de este escándalo lo conocían todos.
La decisión del fiscal regional Serjal que resulta inexplicable desde lo jurídico, pero que tiene una explicación, desnuda las honduras del poder real. Habla de la trama de acuerdos subterráneos que vinculan al poder político, al poder empresarial y a los medios en una madeja de coberturas recíprocas. Ilustra cómo la idea de un sistema de enjuiciamiento democrático que venía a superar el estado de secreto del sistema anterior, es un simulacro. Y cómo el planteo de terminar con la selectividad penal que nunca alcanza con sanciones a los poderosos no pasa de ser un recitado de catecismo de profesores de la facultad.
Esta investigación empezó en octubre de 2016 cuando a partir de denuncias dos fiscales de la Unidad de Delitos Económicos descubrieron una red que tramó más de 50 fraudes con propiedades. Según los fiscales, participaron de las maniobras un grupo de personas que marcaban viviendas de las que se apoderaban generando falsos poderes de compraventa, gestionados por escribanos, que permitían reinscribir los inmuebles a favor de nuevos dueños. Estos bienes se vendían varias veces para que tomaran un aspecto lícito y se lavara el dinero.
Una de esas propiedades fue un campo de 118 hectáreas en Villa Amelia que se transfirió a favor del agente bursátil Jorge Oneto y el gerente comercial del diario La Capital Pablo Abdala. Ambos terminaron imputados por estafa y lavado de dinero. El campo apropiado pertenecía a la viuda del fallecido camarista penal de Rosario Ernesto Navarro.
Dos de los miembros de esta red cuyos imputados fueron acusados en una misma causa son personas con vínculos con la banda de Los Monos. Se trata de Maximiliano González de Gaetano y Claudio “Lelo” Pérez. Ambos tenían también vínculos probados con otras personas conectadas con el mundo del comercio de drogas, lo que llevó al fiscal Sebastián Narvaja a decir en audiencia, en base a informes de la Procuración Contra el Lavado de Activos (Procelac), que el dinero que fluyó hacia los empresarios no podía ser sino dinero sucio.
Diez jueces distintos respaldaron la evidencia y sostuvieron la mayoría de las medidas preventivas contra los acusados en distintas etapas del trámite. Incluso la Corte Suprema avaló medidas cautelares pedidas por la fiscalía.
La investigación contra la primera línea de los fraudes nunca estuvo en cuestión. La que implicaba a los empresarios Onetto y Abdala había sido consistente hasta tal punto que nunca los abogados defensores pudieron imponerse en una audiencia contra los fiscales del caso. Pero eso que no consiguieron las defensas lo empezó a lograr desde adentro el fiscal regional Serjal ni bien llegó a su cargo. Desde ese momento la investigación de los que pasaron a ser sus subordinados perdió prioridad.
Serjal desmanteló la Unidad de Delitos Económicos quitándole a Narvaja, en una causa muy compleja, a todo su equipo de ayudantes, y corriéndolo del lugar de jefe. Pese a eso la pesquisa tenía a tal punto vigor probatorio que Narvaja confiaba en llevar el caso a un juicio oral y público donde las posibilidades de ganar eran más que razonables. También era públicamente relevante que así pasara: los damnificados eran numerosos y el fraude había dañado la credibilidad de un órgano depositario de la fe pública como el Registro de la Propiedad.
Durante 2017 se celebraron más de una decena de audiencias pedidas por las defensas de Abdala y Oneto tendientes a no llegar a juicio. Plantearon desde que el caso no era lavado de activos, hasta que la jurisdicción provincial era incompetente, hasta que sus clientes no conocían a los actores de la estafa. Los defensores perdieron siempre. La posición de los fiscales Narvaja y Haurigot era acordar juicios abreviados con condenas con prisión condicional. Luego se vislumbró la alternativa de imponer probation con multas altas que consistían en la reparación económica a las víctimas del despojo del campo.
Pero Serjal forzó las cosas a que el fiscal Narvaja cerrara con Abdala y Onetto una salida llamada criterio de oportunidad. Esta es una salida que implica que la reparación económica acordada por las víctimas absorbe la sanción que podría caber por los delitos imputados _estafa y lavado de dinero simple en este caso_ por lo que con el acuerdo civil por las multas los implicados terminaban formalmente como inocentes.
En el acuerdo, Oneto ofreció una reparación del daño causado mediante la restitución del campo a su dueña, y abonar una suma “como compensación”, de 200 mil dólares. En tanto, Abdala se comprometió a reponer a la víctima con el 50 por ciento de un departamento con cochera en la torre céntrica Aqualina y una oficina en el edificio Embajador, más el pago de 50 mil dólares mediante un plan de pago a 90 días.
El tribunal que examinó el acuerdo rechazó su homologación. El juez Héctor Núñez Cartelle señaló que no se entendía cómo los fiscales desistían de avanzar para obtener un castigo penal en un caso donde los habían imputado de dos delitos. “Resulta insostenible que la Fiscalía que pidiera penas para cada no de los imputados, luego -‘mutatis mutandis’– renuncia a ese impulso”, argumentó.
Su colega Hernán Postma dijo que el criterio de oportunidad sólo procede cuando no está comprometido el interés público. Y en este caso la abundante exposición del caso lo hacía eminentemente público.
Eso complicó la salida planeada por Serjal en coincidencia con las defensas. Y así se llegó a la audiencia del jueves pasado donde el fiscal Narvaja y los abogados apelaban el rechazo judicial al acuerdo. Allí el camarista Daniel Acosta dejó al desnudo lo que había pasado.
Fue cuando le preguntó al fiscal Narvaja si el criterio de oportunidad implicaba renunciar a la pena por un delito contra los dos empresarios. Narvaja, que es un académico, farfulló unas palabras, pero no pudo negar lo obvio. Implicaba eso. Solo dijo que tenía esas instrucciones del fiscal regional a dejar de instar la acción penal, esto es, renunciar a acusar. Frente a eso el camarista Acosta dijo que si el fiscal no acusaba la audiencia no tenía sentido: no había conflicto por resolver. La consecuencia fue que el gerente de La Capital y el dueño de una agencia de Bolsa, que estuvieron tres años imputados por una estafa que significó apoderarse del campo de una viuda y lavar el dinero procedente de esa transacción, quedaban desvinculados del caso, como si nunca hubiera pasado nada.
Pero sí había existido. Abdala y Oneto no aceptaron por generosidad pagar una reparación del campo apropiado, sino porque el campo había sido apropiado. Ese compromiso civil de indemnizar solo se explica por la existencia de un caso penal donde había un delito con perspectiva de pena que se quería evitar. De otro modo, sin esa amenaza, nadie habría pagado nada.
Lo que quedó en completa transparencia fue la existencia de un pacto. En el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario creen que el motivo por el cual Serjal fue designado fiscal regional fue preparar el camino al que se llegó el jueves pasado: la impunidad de referentes del empresariado rosarino cuyas conductas empezaban a ser analizadas desde una fiscalía de Delitos Económicos. Por eso no solamente se perdonó a los empresarios sino también se vació de recursos y de metas a esa unidad fiscal.
Cuando en octubre de 2016 estalló la megacausa las presiones del Diario La Capital y de los penalistas más cotizados de los demás acusados empresariales sobre el MPA fue impresionante. A los tres meses se celebró el concurso para elegir al fiscal regional. Ni los propios compañeros de contienda entienden al día de hoy las razones por las que Serjal ganó. El criterio para colocarlo en su lugar es un misterio. El concurso mismo lo fue. No hubo evaluación de gestión de los candidatos que participaron (todos eran fiscales en ejercicio), ni valoración técnica, ni contabilización de antecedentes. El trámite fue una charla privada sin que surgieran elementos por los cuales de seis candidatos que la aprobaron superando objetivos se elevó una terna al Poder Ejecutivo. Y luego de esa terna el gobernador Miguel Lifschitz designó a Serjal con referéndum de la Legislatura.
En medio del escándalo de la megaestafa rosarina, el gobierno de Miguel Lifschitz anunció que sería querellante codo a codo con Narvaja. Lo hizo para contrarrestar el estupor de que dos ministros de Justicia de las gestiones socialistas _Héctor Superti y Juan Lewis_ hubieran tomado las defensas de dos de los acusados de participar en las maniobras. El gobierno provincial se desentendió rápidamente de este caso. El envión de sostener a los fiscales no pasó de lo discursivo.
Y no tardaría en verse por qué. No solamente los imputados estaban interesados en sacarse de encima al fiscal que los acusaba de estafar y lavar dinero. La misma unidad de Delitos Económicos llevaba adelante una causa contra cuatro senadores provinciales por presunto enriquecimiento ilícito. Narvaja intervenía en una de ellas. Los legisladores provinciales entonces, de manera unánime en las dos Cámaras, decidieron atribuirse ellos mismos el control disciplinario de todos los fiscales. El abanderado del proyecto fue el senador por San Lorenzo Armando Traferri.
¿Qué significó eso? Aunque pudiera haber matices en las posturas, en los hechos supone que la Legislatura se quedaba con la potestad exclusiva de perseguir a cualquiera que iniciara una investigación molesta contra alguno de sus miembros. Una determinación con brutal espíritu de cuerpo que el gobernador Lifschitz, ilusionado en lograr los apoyos para su a la postre fallido proyecto de reforma constitucional, respaldó. Pese a que cuantiosas asociaciones de Fiscales y Defensores de todo el país lo instaron a vetar una ley sin precedentes en ninguna provincia, el gobernador la promulgó, con el argumento de que no podía ir en contra de una norma unánime.
Este es el contexto en el que todo terminó sin pena para los dos empresarios. Y, como dijo el tribunal que no quiso homologar el acuerdo, sin explicación de por qué los fiscales, con el arco libre después de haber llegado al área chica, rehusaron patear al gol. Una cosa llamativa también fue el dispendio de recursos para arribar a este resultado.
La fiscalía comprometió casi dos años de recursos humanos y dinero para después decir que el fiscal regional Serjal, sin fundamentación jurídica, resolviera no acusar. Lo hizo cuando el investigador había acopiado prueba razonable para dar batalla legal en juicio y ganarlo. El fiscal que llevó el caso padeció dos años de bullying interno, con permanentes pedidos de informes y de apartamento, que lo obligaban a distraerse de la causa. Su esposa fue apartada de la jefatura de la Unidad de Delitos Sexuales y en su lugar pusieron a una prima del propio Abdala.
En el MPA de Rosario quedó muy claro el mensaje que les dio el regional del respaldo que encontrarán los que se entrometan con personas con poder. También quedó claro el destino de la promesa de combatir con el nuevo sistema acusatorio la selectividad penal. Todo volvió a ser secreto, oscuro y sospechoso.
Esta mañana el diputado provincial Del Frade presentó un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados declare su preocupación por la resolución de Serjal que concede el criterio de oportunidad para Oneto y Abdala “en lo que se conoce como la megacausa por lavado de dinero a través de estafas inmobiliarias”. Fue el expediente 35.658.
“La decisión, además, parece ser la consecuencia de una serie de medidas que fue desmantelando la unidad de investigación que, en su momento, llevaron adelante los allanamientos, entre ellos, el practicado en la sede histórica de la poderosa empresa periodística. El cambio de actitud de la fiscalía, marcado en el texto de los jueces Postma y Núñez Cartelle, no hace más que alimentar suspicacias sobre la subordinación de una parte del servicio público de justicia ante el poder económico y mediática”, dice Del Frade.
Todo de manera simultánea en que la Fiscalía General de la provincia y el gobierno provincial vuelcan sus esfuerzos a remarcar los delitos de una organización dedicada a cometer fraudes inmobiliarios desde Venado Tuerto.