Luego de los últimos casos de abusos policiales registrados en Rosario, el gobernador Miguel Lifschitz creó por decreto la Unidad de Prevención de la Violencia Institucional. Se trata de una repartición coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos para la concientización y formación de cuadros policiales en los protocolos de actuación con los ciudadanos. “Vamos a analizar qué ajustes se pueden hacer para mejorar las intervenciones policiales, siempre desde el paradigma de la protección de derechos”, consignó el titular del área, Marcelo Trucco, al hacer hincapié en la faz preventiva y formativa de las fuerzas de seguridad.
Las crónicas recientes de abusos policiales dan cuenta de los excesos de poder de quienes portaban uniforme. El caso del joven Franco Casco quien había pasado por la seccional 7ª, el controvertido caso de la bibliotecaria María de los Angeles Paris que falleció dentro de las seccional 10ª, o el más reciente: la feroz paliza que sufrieron un grupo de jóvenes en las Cuatro Plazas por parte de 8 policías acusado de encerrar y golpearlos en la seccional 14ª.
La semana pasada, el gobernador firmó el decreto 289 junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, por el cual se creó la Unidad de Prevención. En su conformación se insta a que desde la flamante repartición se colabore en la capacitación en materia de derechos humanos, destinada a aspirantes a policías o agente que desempeñen en seguridad ciudadana.
Si bien la tarea formativa servirá de base para evitar abusos policiales, desde la Unidad se podrá colaborar en casos de violencia institucional con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los Centros de Asistencia Judicial (CAJ).
Este nuevo soporte institucional servirá para fomentar la conformación de grupos de trabajo que evalúen la actuación de los agentes, funcionarios e instituciones involucradas en los procesos penales.
También es atribución de la Unidad generar manuales de protocolos para las fuerzas de seguridad para garantizar el accionar efectivo de los agentes que las integran en un marco de respeto por los derechos humanos.
Primer contacto
A pocos días de su creación, el viernes pasado, se produjo el primer encuentro. Y si bien ya existían reuniones periódicas interministeriales que abordaban la violencia institucional, Trucco consideró que la creación de esta dependencia “viene a reforzar el compromiso del Estado de acuerdo al paradigma de la seguridad democrática”.
Entre sus objetivos a poner el marcha, el secretario de Derechos Humanos santafesino puso como eje “la prevención; en estar antes que los hechos ocurran. Y si hay actuaciones que no garantizaron derechos fundamentales poder revisar los procedimientos para evitar la repetición”.
Para reforzar la faz preventiva, Trucco tiene proyectado un trabajo con representantes del Instituto de Seguridad Pública (Isep), Subsecretaría de Formación y Capacitación Policial y las autoridades policiales de las distintas regionales.
“Hay que trabajar en la formación de los futuros agentes en resguardo de las garantías y derechos de los ciudadanos, ver los protocolos de actuación, cómo se están haciendo y qué ajustes se pueden hacer para mejorar las intervenciones. Siempre desde el paradigma de la protección de derechos”, recalcó el funcionario.
Para dar cuenta de su ámbito de aplicación Trucco reforzó un concepto: “Esta Unidad no está pensada para actuar sobre casos concretos sino sobre las causas estructurales que pueden generar violencia institucional”.
Más aún, remarcó en diálogo con este diario que el fin no es “ejercer monitoreo de la policía sino producir un espíritu de colaboración de la propia fuerza para aportarle herramientas al policía para ejercer su función con mayor responsabilidad. Así, quedará expuesto el mal uniformado del que lleva adelante su función con compromiso”.
La Unidad de Prevención ya está en marcha con integrantes de Asuntos Penitenciarios, Subsecretaría de Formación y Capacitación Policial, Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad, Isep, Subsecretaría de Género y Derechos Humanos, entre las diversas áreas interministeriales.
En agosto pasado, y a los pocos días de la conmemoración a un año de “Rosario Sangra”, la multitudinaria marcha que exigió Justicia tras una saga de crímenes, la Multisectorial Contra la Violencia Institucional también acudió a los Tribunales a pedir por sus familiares.
En ese marco, y frente a Gobernación solicitaron Justicia por Casco, Gerardo “Pichón” Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardoso, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, Paris, Alexis Bertiy Michel Campero, entre otros.
La Capital