Los diputados socialistas Oscar Pieroni y Marita Ayala, presentaron en sesión de la Cámara baja un proyecto de Ley que pretende regular a las entidades de crédito para el consumo en la provincia de Santa Fe, evitando abusos en usuarios e induciendo prácticas responsables por parte de los operadores.
“Actualmente existe para los consumidores una variada oferta de créditos o financiamiento para sus compras, y es imprescindible darles un marco regulatorio con el objetivo de brindar más transparencia y equidad ya que estos se han transformado en los últimos tiempos en un fenómeno socioeconómico que, ante la ausencia de normas, han permitido que estas operaciones se realicen de manera algo desprolija y ofreciendo una mínima información a quien toma el crédito”, comentaron al respecto.
Los legisladores sostuvieron que según un estudio de campo realizado “los más perjudicados son los usuarios que cuentan con bajos ingresos, como jubilados, jóvenes trabajadores con convenios colectivos de salarios bajos o empleados públicos de escalafones inferiores, quienes terminan pagando tasas que nunca fueron transparentadas al momento de celebrar los contratos”.
En tal sentido, afirmaron que “seguramente si contaran con la información adecuada sobre el contrato a celebrar podrían proponer alternativas que se adapten a su realidad económica o directamente no tomarían el crédito si pudieran evaluar las consecuencias patrimoniales que le provocarían estas prácticas verdaderamente usureras. Por estas razones es que con este proyecto pretendemos evitar estos abusos, paradójicamente sufridos por la gente de menores recursos”.
Proyecto de Ley
La norma propone preservar el mercado de créditos para el consumo tendiendo a su transparencia, induciendo prácticas responsables en los operadores y contrapartes de este mercado estableciendo un marco armonizador.
Adopta como premisa que el consumidor, tomador de un crédito para consumo, al momento de decidir cerrar una operación de esta naturaleza tenga a disposición, ya sea de manera previa, durante y a la extinción del contrato la mayor información posible, la que deberá ser clara, cierta y detallada para que la persona pueda tomar su decisión con acabado conocimiento de las implicancias que genera para su bienestar la suscripción de un contrato de esta naturaleza y evitar ser presa de una maniobra abusiva o mecanismos poco transparentes de cobranzas que signifiquen una vulneración de sus derechos patrimoniales y con ello afectar su proyecto de vida.
Si bien la norma propuesta por los diputados santafesinos exige el mayor rigor posible para que toda la información sea puesta a disposición del consumidor, también establece las consecuencias que apareja la inobservancia de la ley en armonía con lo previsto por el artículo 36 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Así establece penalidades inexcusables, pasibles de aplicarse ante la transgresión.
Por último, el proyecto dispone la creación de un Registro que ordene y actualice una base de datos sobre los agentes y operadores de este mercado con diseño de una normalización de toda la información concerniente a estos tipos de contratos, sus tasas, morosidad, modalidades de contratos, etc. Dicho registro procura, por un lado, brindar transparencia y democratizar el mercado de créditos para consumo, y por otro, poder elaborar políticas públicas de concientización de la población sobre la información que debe disponerse a la hora de adoptar la decisión de tomar un crédito para consumo.