En medio de una crisis vial cada vez más profunda, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) difundió hoy un parte de prensa celebrando tareas de corte de pasto en las banquinas de las rutas nacionales 33 y 178, en el sur santafesino. La acción, que se limita al desmalezado de taludes con tractores y maquinaria de arrastre, contrasta de forma elocuente con el estado de deterioro extremo de la calzada y la creciente inseguridad vial que enfrentan miles de usuarios todos los días.
Según el comunicado oficial, los trabajos se concentraron esta semana en la Ruta 178, desde el cruce con la 33 en Chabás hacia Bigand, y continuarán entre Firmat y Casilda durante el fin de semana. “Se solicita a los usuarios reducir la velocidad en los tramos con presencia de equipos”, indican desde el organismo, como si la amenaza más urgente en las rutas fuera encontrarse con una desmalezadora en plena tarea y no con un bache profundo o la total ausencia de señalización.
El anuncio resulta llamativo por su desproporción: se destaca una tarea rutinaria, casi simbólica, mientras la infraestructura vial sigue deteriorándose sin soluciones estructurales a la vista. A poco de cumplirse seis meses de que el Gobierno nacional presentó la Red Federal de Caminos, una propuesta que incluía la posible privatización del mantenimiento de las principales rutas del país. Desde entonces, lo único que se profundizó en la zona fue el abandono.
Una obligación menor
Mientras la DNV intenta mostrar gestión a través del corte de pasto, por ahora, ignora el mandato judicial que la obliga a intervenir de forma urgente en los tramos más críticos de la Ruta 33. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dio lugar a una medida cautelar presentada por la senadora Leticia Di Gregorio, en la que se ordena señalizar los sectores peligrosos, realizar tareas de bacheo y garantizar condiciones mínimas de seguridad.
El fallo representa un punto de inflexión: no solo pone en evidencia la omisión sistemática de la DNV en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, sino que también refuerza la idea de que la ciudadanía ha tenido que recurrir a la Justicia para obtener lo que debería ser una obligación del Estado: rutas transitables y seguras.
Ajuste, abandono y resignación
La escena es clara: en lugar de rutas seguras, lo que se ofrece es corte de pasto. En lugar de soluciones estructurales, paliativos estacionales. En lugar de una política pública, una postal del ajuste. El Gobierno nacional repite que “no hay plata”, pero mientras sacrifica la obra pública en nombre del superávit fiscal, el costo lo pagan las comunidades condenadas a circular por rutas que se asemejan cada vez más a una ruleta rusa.
Mientras tanto, el desmalezado es una obligación básica, pero cuando se presenta como noticia principal, no hace más que subrayar la profundidad del abandono.
Ver nota anterior en V24: Rutas abandonadas, fallo judicial y un programa económico en problemas