La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe resolvió ayer anular el fallo de segunda instancia que había elevado a 23 años la condena de Lucas Ezequiel Ojeda, condenado por el homicidio del estudiante murphense Juan Cruz Ibáñez. La sentencia que ahora se invalida es aquella dictada en septiembre de 2022 por la Cámara de Apelaciones de Rosario.
La resolución fue acordada el 16 de diciembre de 2025 y lleva las firmas de los ministros Eduardo Guillermo Spuler (presidente y ministro decano), Daniel Aníbal Erbetta, Rafael Francisco Gutiérrez y la jueza de Cámara Martha María Feijoó, quien integró el tribunal para esta causa.
El máximo tribunal provincial declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Ojeda y ordenó que la causa sea remitida a un tribunal subrogante para que se celebre un nuevo juzgamiento de apelación. En esta nueva instancia, según los lineamientos establecidos por la Corte, la pena no podrá exceder los 15 años de prisión.
Un caso con tres instancias judiciales
El crimen de Juan Cruz Ibáñez ocurrió el 29 de junio de 2018 en su departamento de Rosario, donde el joven de 23 años que estudiaba Ingeniería fue asesinado a puñaladas durante un robo. Ojeda, quien entonces tenía 17 años, fue el autor del homicidio.
En marzo de 2022, la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena dictó la primera sentencia condenando a Ojeda a 17 años de prisión, con una serie de beneficios que le permitirían acceder a salidas transitorias en poco tiempo. Esta decisión generó el rechazo de la familia de la víctima y motivó la apelación por parte de la Fiscalía.
En septiembre de ese mismo año, la Cámara de Apelaciones compuesta por Alfredo Ivaldi Artacho, Carolina Hernández y Guillermo Llaudet Maza decidió agravar la condena a 23 años y eliminar los beneficios de salidas transitorias. La decisión se acercaba al pedido del fiscal Guillermo Corbella, quien había solicitado 30 años de prisión.
Los fundamentos de la Corte Suprema
El máximo tribunal provincial consideró que la sentencia de la Cámara de Apelaciones careció de fundamentación adecuada y se apartó de la doctrina constitucional establecida por la propia Corte en el precedente “Mansilla Gallegos” (se refiere a Manuel Mansilla Gallegos, condenado por el femicidio de Chiara Páez ocurrido en mayo de 2015 en Rufino) .
Según este criterio jurisprudencial, en casos donde jóvenes punibles son declarados responsables por delitos que prevén prisión perpetua (como el homicidio criminis causae), al descartarse esta pena para adolescentes, corresponde aplicar la escala penal reducida regulada para la tentativa según el artículo 4 de la ley 22.278. Esto establece una pena máxima de 15 años.
La Corte señaló que el tribunal de Alzada aplicó directamente la escala penal del homicidio simple (de 8 a 25 años de prisión), apartándose del criterio jurisprudencial sin ofrecer razones novedosas ni suficientes que justificaran tal decisión. Además, el fallo no especificó claramente qué escala penal estaba utilizando, lo que resultó determinante para declarar su nulidad.
El máximo tribunal destacó que no es posible arribar a una misma pena de 23 años si se parte de una escala con máximo de 25 años que si se utiliza una con tope de 15 años, sin violar el principio de proporcionalidad.
Un nuevo capítulo judicial
Con esta resolución, el caso del homicidio de Juan Cruz Ibáñez tendrá un nuevo capítulo en la justicia. Un tribunal subrogante deberá realizar una nueva apelación de la sentencia original de 17 años, pero ahora con el límite establecido por la Corte Suprema: la pena no podrá superar los 15 años de prisión.
La decisión del máximo tribunal provincial modifica sustancialmente el panorama de la condena para Ojeda y representa un giro significativo en un caso que ha tenido un largo recorrido judicial desde aquel trágico 29 de junio de 2018 cuando Juan Cruz Ibáñez perdió la vida en su departamento de Rosario.