Una situación inusual y aún no del todo esclarecida se generó en las últimas horas en la ciudad de Rufino, en el marco de la creciente preocupación por amenazas en establecimientos educativos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.
Según informó FM Rufino (106.3), autoridades del Colegio Superior N° 50 enviaron un mensaje a las familias anunciando que, “por orden de Fiscalía”, desde este miércoles 22 de abril habría presencia policial en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos, con el objetivo de “prevenir inconvenientes y brindar protección”.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el propio Ministerio Público de la Acusación desmintió esa versión. Desde la Fiscalía Regional, a cargo del Dr. Mauricio Adolfo Clavero, negaron de manera categórica haber emitido una orden en ese sentido. En consecuencia, la Fiscalía con asiento en Rufino tampoco dispuso ninguna medida de ese tipo.
La contradicción generó desconcierto no sólo entre las familias de la institución, sino también en el ámbito educativo local. De hecho, ante consultas periodísticas, otros establecimientos de la ciudad aseguraron no haber enviado comunicaciones similares ni tener conocimiento de disposiciones de esa naturaleza.
El episodio ocurre en un contexto sensible. Días atrás, el Ministerio de Educación de Santa Fe, junto a las carteras de Seguridad y Salud, había brindado una conferencia de prensa en la que advirtieron sobre la gravedad de las amenazas detectadas en paredes de baños escolares en distintos puntos de la provincia. En ese marco, recordaron que este tipo de hechos constituye un delito tipificado en el Código Penal, y que puede derivar en sanciones económicas para los responsables -que recaerían sobre sus padres- de hasta 5 millones de pesos por los costos operativos de los dispositivos de seguridad.
Además, desde la cartera educativa se distribuyó un documento instando a directivos, docentes, estudiantes y familias a abordar la problemática de manera urgente, encuadrando estas conductas como faltas gravísimas dentro de los acuerdos de convivencia escolar.
En ese escenario, lo ocurrido en el Colegio Superior N° 50 abre interrogantes. La difusión de un mensaje que invoca una orden judicial inexistente no sólo genera incertidumbre, sino que también tensiona un contexto ya de por sí delicado.
Por el momento, no hubo una aclaración oficial por parte de las autoridades de la institución educativa sobre el origen o los fundamentos de la comunicación enviada a las familias. Mientras tanto, crece el malestar y la preocupación en la comunidad educativa de Rufino, que reclama precisiones y responsabilidades ante un episodio que, lejos de aportar tranquilidad, sumó más confusión.