La trama del caso que se ha convertido en un verdadero escándalo institucional en nuestra provincia tuvo sus comienzos en una investigación judicial realizada por el fiscal de Melincué, Matías Merlo.
Es que fue éste fiscal quien comenzó a fines del 2017 una investigación, tras la denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina Poggio, de la existencia de una sala de juego clandestino en dicha localidad. Así rápidamente se decidió el allanamiento, donde entre otras cosas se secuestró un celular de la persona que administraba el local. En las pericias al celular fue donde se comprobó la vinculación del empresario Leonardo Peiti.
De este modo, Merlo ordenó la intervención del teléfono de Peiti y en las distintas escuchas recolectadas se comprobó que éste manejaba no sólo la sala de juego de Hughes, sino también tenía otras en Venado Tuerto, Wheelwright, Casilda, Avellaneda, Reconquista y Vera.
Fue en el marco de esta investigación cuando Merlo decidió en diciembre del 2018 diligenciar en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario una serie de procedimientos vinculados a la investigación en dicha ciudad. Allí aparece en escena, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quién le requiere a Merlo que le envíe detalles de la investigación. Lo cierto es que Ponce Asahad nunca termina de pedir los allanamientos y en ese momento manifiesta que no había pruebas suficientes.
La sorpresa de Merlo fue mayor cuando poco días después de ocurrido este episodio se presenta en su fiscalía Luis Rossini, abogado de Peiti pidiendo información sobre la causa que involucraba a su cliente. “A nosotros nos llamó la atención, hacía un año que estábamos trabajando en la investigación y nunca se había filtrado nada”, destacó el fiscal de Melincué en diálogo con Venado 24.
Además el 8 de diciembre de 2018, el todavía Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal le pide una reunión a su par de Venado Tuerto Alejandro Sinópoli para interiorizarse de la causa.
Pero mayor va a ser la sorpresa de Merlo cuando se da cuenta que todos los garitos que estaba investigando en las distintas localidades se comienzan a levantar. De hecho cuando pide los allanamientos, no encuentra nada.
De todos modos, en marzo del 2019 Merlo decidió imputar a Leonardo Peiti, “a pesar del resultado negativo de los allanamientos teníamos pruebas suficientes con las escuchas telefónicas”, detalló el funcionario judicial. Así el juez en Primera Instancia en lo Penal de Melincué, Eduardo Bianchini, le otorga, posterior a imponerle el pago de una caución, al empresario la prisión preventiva domiciliaria. Aunque llegó a estar detenido 15 días en la Alcaidía de Melincué.
La trama oscura
Ahora con el escándalo institucional a pleno, se comprobó cómo se enteró el abogado de Peiti de la investigación y el porqué de los allanamientos fallidos de los distintos garitos.
Es que en diciembre de 2018 el empresario recibió un llamado del fiscal Gustavo Ponce Asahad, que lo convocó a una reunión en un bar rosarino. Peiti, quién ahora declaró como arrepentido, contó a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que Ponce Asahad le avisó de la causa que investigaba Merlo.
Es más, en dicha oportunidad el ahora detenido exfiscal rosarino le ofreció que a cambio del pago de 5.000 dólares mensuales le podría dar cierta impunidad en Rosario y a la vez le pasaría información sobre la causa en Melincué.
Entre otras cosas, ahora el empresario sostiene que aceptó “la petición” del fiscal, porque tiene las concesiones de dos casinos en la provincia de Formosa, uno en Mar del Plata y 250 máquinas de quinielas instantáneas en Misiones, junto a posesión de la plataforma de juego online más grande de la República de Paraguay, las cuales solo serían posibles, bajo la condición no de poseer antecedentes penales.
A partir de ese momento pagó religiosamente cada mes esa suma de dinero. Un amigo del empresario declaró que estuvo presente en estos encuentros entre ocho y diez veces.
Pero el tema se complicó cuando el 1º de julio del año pasado dos jóvenes en moto pasaron por el edificio de Servando Bayo al 1000 de Rosario, donde dispararon once balazos y escribieron con aerosol rojo en una pared el mensaje: “Leo pagá”.
Por supuesto la propiedad pertenecía a Peiti y era el destinatario del apriete que venía nada menos que de la banda de Los Monos. Maximiliano Díaz, alias Cachete, lugarteniente de Ariel Cantero, le pidió mucho más que los fiscales: 400.000 dólares a cambio de no ser blanco de más atentados
El empresario asustado se reunió con el jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, que le dijo -según el testimonio del “arrepentido”- que “no estaban dadas las condiciones para hacer la denuncia. Seguí cumpliendo con los pagos”.
Nueve meses después de que sellara el “acuerdo”, Ponce Asahad le pidió como favor a Peiti un adelanto de la cuota porque pretendía irse de vacaciones a Europa. En septiembre de 2019, el empresario dijo que le entregó 10.000 dólares.
Dos meses después, el 13 y 14 de noviembre pasado, el empresario y Serjal se encontraron en un hotel porteño. En esa reunión Serjal le pidió un aumento de la cuota. Esta relación llegó hasta julio, cuando Peiti se quebró y “entregó” a los fiscales con su declaración como arrepentido.
El avance de la causa en Melincué
De todos modos, Merlo, aclaró a Venado 24 que a pesar del pago realizado por el empresario a los fiscales rosarinos, esto no impidió que la causa avanzará por estos lados.
Resaltando que el proceso prosigue y que se encuentra a un paso de culminar la acusación previo a solicitar la elevación del caso a juicio oral y público. “Voy a pedir que se lo juzgue como jefe de una organización ilícita y por regentear juego clandestino. Por ambos delitos le puede caber una pena de 5 a 10 años de prisión efectiva”, aclaró.