La Justicia homologó un procedimiento abreviado mediante el cual un hombre de Villa Cañás aceptó su responsabilidad penal por haber amenazado de muerte y agredido físicamente al secretario de Gobierno municipal, Cándido Santa Cruz, en un intento por forzar la eliminación de multas de tránsito que pesaban sobre su hijo. La pena acordada fue de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Se trata de Marcelo Ariel Rodríguez, quien reconoció su participación en una serie de delitos, entre ellos amenazas coactivas agravadas, lesiones leves dolosas y un intento de hurto agravado por la participación de un menor de edad.
El ataque al funcionario
El episodio que motivó la investigación ocurrió el 7 de junio de este año y había generado una fuerte conmoción en Villa Cañás. Tal como informó oportunamente Venado24, Rodríguez interceptó en la vía pública al secretario de Gobierno municipal y le exigió que dejara sin efecto las infracciones de tránsito que tenía su hijo.
Ante la negativa del funcionario, el agresor lo amenazó de muerte y luego lo atacó físicamente, provocándole diversas lesiones que posteriormente fueron constatadas por profesionales médicos.
La investigación permitió reconstruir el hecho a partir de distintos elementos probatorios, entre ellos la denuncia de la víctima, informes médicos, actuaciones policiales y registros de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, que documentaron la secuencia de la agresión.
En los días posteriores al ataque, tanto Rodríguez como su hijo habían sido imputados y quedaron en prisión preventiva por disposición del juez Leandro Martín, a pedido del fiscal Luis Lagioia, quien en ese momento advirtió que el funcionario había sido intimidado directamente por el ejercicio de sus funciones públicas.
Otro hecho incorporado al acuerdo
El procedimiento abreviado también incluyó un hecho ocurrido en agosto de 2023, cuando Rodríguez participó junto a otras personas (entre ellas un menor de edad) de un intento de sustracción de autopartes en el Puesto Policial de Santa Emilia.
Ese episodio fue acumulado en el mismo acuerdo judicial, lo que derivó en la imposición de una pena única de cinco años de prisión efectiva.
Un mensaje contra la violencia hacia funcionarios
La investigación que permitió arribar al acuerdo estuvo a cargo de la fiscal adjunta Larisa Celeste Barucca, quien reunió las pruebas necesarias para acreditar los hechos y presentó el procedimiento abreviado para su homologación.
Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron que la condena constituye una respuesta firme frente a las amenazas y agresiones dirigidas contra funcionarios públicos con el objetivo de condicionar decisiones administrativas.
En ese sentido, remarcaron que la persecución penal de este tipo de conductas no solo busca proteger la integridad física de las víctimas, sino también preservar el normal funcionamiento de las instituciones y garantizar que ninguna decisión pública pueda ser obtenida mediante la intimidación o la violencia.
Foto: secretario de Gobierno de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz