El presidente comunal de Chovet, Sergio Busquet, quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre, apeló ante el Tribunal de Segunda Instancia la condena que recibió en el mes de febrero de este año, por incumpimiento de los deberes de funcionario público. Se trató de una “apelación horizontal” por parte de la defensa que encabeza el abogado Miguel Ángel Pierri, y ahora deberá expedirse el juez Juan Pablo Lavini Rosset.
Busquet, quien perdió las elecciones primarias este año a manos de Mauricio Lucic (que posteriormente sería elegido presidente comunal), fue condenado por la Cámara de Apelaciones en un fallo de Tomás Orso, que revocó la posición inicial de la jueza Mariana Vidal en primera instancia.
El dirigente del frente Unidos fue condenado a 45 días de prisión en suspenso e inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos por el término de 90 días, aunque al no estar firme la sentencia no tuvo impedimentos para presentarse a una nueva reelección.
El hecho por el que Busquet fue condenado se remonta al 2019, cuando tomó un préstamo por $1.078.360 en nombre de la Comuna sin contar con la autorización correspondiente. La fiscal Susana Pepino, a cargo de la acusación, argumentó que se trató de un incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que la defensa sostiene que el entonces presidente comunal actuó bajo “un estado de necesidad“.
En primera instancia, la jueza Mariana Vidal dictó la absolución en los tribunales de Melincué, en un fallo que se conoció el 27 de diciembre de 2024. La fiscal apeló esa decisión y el juez Orso consideró que Busquet era culpable por haber tomado un préstamo privado con Sergio Marinovich, utilizado para cumplir con distintas obligaciones de la Comuna.
El abogado Pierri realizó una apelación horizontal, para que se expida un tribunal del mismo rango, recayendo en Lavini Rosset, para quien ya corren los plazos formales para dar a conocer su fallo. De acuerdo con los argumentos del mediático abogado, Busquet “tomó el crédito porque era la única alternativa para garantizar el funcionamiento de la Comuna. No se podían pagar sueldos, asistir a los ancianos ni continuar obras esenciales. Fue un mal menor para evitar un desastre mayor“, explicó oportunamente. Además aseguró que se trató de un fallo con motivaciones políticas.