El gobierno francés retrocedió ayer ante la presión de los “chalecos amarillos” y se vio obligado a suspender, al menos por seis meses, el anunciado aumento de combustible que debía entrar en vigor el 1 de enero.
Sin embargo, este gesto de apaciguamiento, anunciado por el primer ministro Edouard Philippe, fue rechazado por los manifestantes, que mantuvieron las protestas y decidieron volver a manifestar el sábado próximo en París. El punto más álgido de las protestas se dio mientras Emmanuel Macron asistía a la Cumbre del G20 en Buenos Aires.
Es “demasiado poco y demasiado tarde”, proclaman casi al unísono los portavoces de esta improvisada rebelión que no logra ser canalizada por ningún partido o gremio. Las protestas fueron iniciada sel 17 de noviembre a partir de las redes sociales, teniendo como disparador la impugnación al aumento de impuestos al combustible. A la protesta frente al impuesto, que impacta fuertemente en los sectores medios y trabajadores, se sumaron rápidamente otras sobre la caída del poder adquisitivo y las condiciones de vida y que -en términos generales- se transformaron en un cuestionamiento global de la política del presidente Emmanuel Macron. Macron, un outsider partidiario de ascenso fulgurante, a pesar de mostrarse como un centrista, ha resultado, según sus principales críticos, una nueva decepción que claudica frente a los sectores económicos más concentrados –poco antes del aumento a los combustibles, Macron recortó impuestos sobre los patrimonios personales, una medida fiscal que favorece a los sectores más acomodados de Francia.
En estos 18 días, los disturbios provocaron en total cuatro muertos y cientos de heridos, entre ellos una decena de efectivos de las fuerzas del orden, según el balance revelado por el primer ministro.
“Ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación”, dijo Edouard Philippe para justificar el retroceso del gobierno.
El cambio de actitud gubernamental fue radical. Desde que comenzó la protesta, el poder se había mantenido insensible a los reclamos de los manifestantes, a las dos jornadas de extrema violencia que vivió el país, así como a las exhortaciones de casi toda la oposición e incluso de una parte del partido de Macron.
Hasta 48 horas antes, el presidente había reiterado su determinación de “no retroceder”. En nombre de la “coherencia” y la necesidad de acelerar la transición energética (tal el argumento para instaurar este impuesto) y se rehusó a acordar toda moratoria sobre el impuesto a los carburantes.
Pero las escenas de caos del sábado último en París y en varias ciudades del interior del país como Lyon o Toulouse, así como los nuevos llamados a manifestar el próximo fin de semana, obligaron al gobierno a dar marcha atrás. Según los manifestantes, el impuesto es una carga que se suma al castigo de tener que vivir lejos del encarecido centro de las ciudades y deber trasladarse en auto por horas para poder ir a un trabajo que resulta cada vez menos rentable.
La moratoria anunciada por el primer ministro concierne las tres medidas fiscales que debían entrar en vigor el primer día de 2019: la “tasa carbono” aplicada a los combustibles, la convergencia de la fiscalidad del gasoil con la de la gasolina y el aumento del gasoil para los profesionales. Todas serán suspendidas por seis meses.
El gobierno contaba con esa recaudación impositiva para financiar la llamada “transición energética” del país a fin de respetar los objetivos de reducción de gases con efecto invernadero.
Sin embargo, consciente de que los manifestantes rechazarían una simple moratoria, Philippe agregó que esas medidas en ningún caso “se aplicarán antes de ser debatidas con todos los sectores interesados”. De esa manera, dejó la puerta abierta a una anulación definitiva.
“Durante ese periodo, queremos identificar y establecer medidas de acompañamiento justas y eficaces”, aseguró.
El gobierno también decidió anular durante ese periodo de concertación los aumentos previstos de gas y electricidad, y prometió estudiar una posible “subvención a la movilidad”, destinada a quienes dependen de sus automóviles para trabajar y se ven particularmente penalizados por los aumentos de combustible.
Sin embargo, después de la intervención de Philippe, los chalecos amarillos hablaban de “migajas”, rechazaron la moratoria y afirmaron que los aumentos deben ser simplemente anulados.