El juez español Baltasar Garzón, mundialmente famoso por perseguir a violadores de los derechos humanos, regresó este martes al Tribunal Supremo para afrontar un nuevo juicio por abrir la primera investigación en España de los crímenes del franquismo.
Se trata del segundo juicio contra Garzón. Hace cinco días tuvo que defenderse de los poderosos empresarios implicados en la trama de corrupción y lavado de dinero “Gürtel”, ligada al gobernante y derechista Partido Popular (PP), y sus abogados, que lo acusan de autorizar escuchas telefónicas ilegales en prisión.
A las puertas del tribunal se concentraron unas doscientas personas con una gran pancarta con el lema “No hay justicia para estos crímenes”, en referencia a las ejecuciones del régimen franquista.
“Contra la impunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo”, podía leerse en otra. “Queremos jueces como Garzón”, gritaban los concentrados, que también llamaban “fascistas y terroristas” a las organizaciones ultraderechistas que llevaron a Garzón a los tribunales.
“Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón”, “Heridas abiertas, fosas cerradas”, “Tenemos memoria, queremos justicia”, “Garzón amigo, el pueblo está contigo”, o “Tribunal Supremo, vergüenza internacional”, eran otras de las consignas coreadas.
Garzón estuvo acompañado por varios jueces de la Audiencia y por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, que acuden como observadores al juicio y consideran inaceptable el procesamiento del magistrado.
El juez español, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista para el delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta, que solicita la organización ultraderechista Manos Limpias, autora de la querella en su contra.
A la demanda se sumaron luego otras dos organizaciones ultra derechistas, Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS, pero éste último finalmente fue expulsado del proceso, por defectos de forma de la acusación.
La sesión de este martes está dedicada a las cuestiones previas, que podrían dar lugar a la suspensión del juicio, y en ese caso será el próximo 31 de enero cuando Garzón se siente en el banquillo de los acusados a declarar.
El abogador defensor, Gonzalo Martínez Fresneda, inició su intervención cuestionando la validez de las acusaciones de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, que tenían una “alta carga ideológica” y que debieron ser “anuladas”, como pasó con Falange.
Sin embargo, la defensa de Garzón remarcó que el juez instructor, Luciano Varela -un reconocido progresista-, “optó por hacer lo contrario e indicó a las acusaciones cómo debía ser el contenido”.
“El escrito de Falange parecía que negaba la existencia de los crímenes de la Guerra Civil”, dijo el letrado.// Martínez Fresneda cuestionó también el “sesgo peyorativo” del escrito de procesamiento y, como estaba previsto, pidió la “nulidad de todo el proceso”.
Las víctimas del franquismo afirman que detrás del procesamiento de Garzón hay una “intencionalidad política”, y es que ni él ni ningún otro juez investiguen los crímenes cometidos en España durante la Guerra Civil (1935-1939) y el franquismo (1939-1975).
Varela sostuvo que Garzón, quien pidió la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo (2005) por los famosos "vuelos de la muerte", "era consciente de que carecía de competencia" para investigar los crímenes del franquismo.
Además, lo acusó de “ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977” y de “superar los límites de la Ley de Memoria Histórica de 2007” al ordenar las localizaciones y exhumaciones de las víctimas.
La Fiscalía del Supremo no apoya el proceso y pide la absolución de Garzón porque considera que no se ha cometido ningún delito.// En octubre de 2008, Garzón, reconocido también por haber desactivado redes de narcotráfico, procesado a numerosos miembros de ETA y políticos corruptos, se declaró competente para juzgar las violaciones de derechos del franquismo en el marco de “crímenes contra la humanidad”.
También autorizó la apertura de 19 fosas comunes en toda España, entre ellas la que se creía que estaban enterrados los restos del poeta Federico García Lorca.
En su escrito, el juez acusó al general Francisco Franco y otros 34 militares golpista de desarrollar “un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo” contra los adeptos a la II República que “requería el uso de la violencia”, similar al que llevó a cabo la Alemania Nazi.
No obstante, declaró extinguida la responsabilidad penal de Franco y el resto de los militares sublevados, entre los que se incluyen generales como Emilio Mola, Juan Yagüe o Gonzalo Queipo de Llano, debido a que ya han muerto.