El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes un paquete de medidas de fuerte impacto sobre el ecosistema digital, entre las que se destaca la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, junto con cambios legales que apuntan directamente a las grandes plataformas tecnológicas.
Según informó el mandatario, las nuevas disposiciones comenzarán a implementarse a partir de la próxima semana y se estructuran en cinco ejes centrales.
En primer lugar, el Gobierno español impulsará una modificación de la ley para responsabilizar legalmente a los ejecutivos de las plataformas digitales por numerosas infracciones que se produzcan en sus sitios, avanzando así sobre la responsabilidad penal y civil de quienes toman decisiones dentro de las compañías.
En segundo término, Sánchez anunció que la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales pasarán a constituir un nuevo delito penal, un punto que apunta al corazón del funcionamiento de redes sociales y motores de recomendación.
Como tercera medida, se pondrá en marcha un sistema de seguimiento del odio y la polarización, destinado a rastrear, cuantificar y exponer de qué manera las plataformas digitales contribuyen a la división social y a la amplificación de discursos de odio.
El cuarto eje —uno de los más sensibles— establece que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. En ese marco, Sánchez remarcó que las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, dejando atrás los simples mecanismos declarativos: “no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”, enfatizó.
Por último, el presidente español informó que su gobierno trabajará junto al Ministerio Fiscal para investigar y perseguir presuntas infracciones cometidas por plataformas como Grok, TikTok e Instagram, sin brindar mayores precisiones sobre los expedientes en curso.
El anuncio marca un endurecimiento sin precedentes de la política digital en España y reabre el debate global sobre el rol de las plataformas, la protección de niños y adolescentes y los límites de la regulación estatal en el espacio digital.