La semana que pasó dejó en Venado Tuerto un debate que, a esta altura, ya tiene antecedentes suficientes en el resto del país como para permitir inferir cuál podría ser su desenlace. Uber confirmó oficialmente su desembarco en la ciudad. Aunque la información ya circulaba con anterioridad, el anuncio desató una cadena de reacciones que pone sobre la mesa tensiones que van mucho más allá del servicio de transporte urbano.
El miércoles, choferes de taxis y remises se presentaron en el Concejo Municipal para reclamar que se restrinja o directamente se prohíba la llegada de la plataforma. La situación es más que comprensible: trabajadores que sienten que su fuente de ingreso está en peligro y que buscan, con razón, que los poderes del Estado los protejan. El problema (y esto es lo que la mayoría de los concejales parecen tener claro) es que cualquier intento de restricción o prohibición encuentra límites jurídicos muy concretos.
Ayer sábado, sin embargo, la escena dio un giro inesperado. El intendente Leonel Chiarella publicó un mensaje contundente en redes sociales: no va a prohibir la llegada de Uber. Con esa definición política, el mandatario fijó un límite claro al reclamo del sector. Sobre todo, porque el oficialismo cuenta con una amplia mayoría en el Concejo Municipal.
De todos modos, lo que sorprendió del posteo fue la decisión de exhibir públicamente una serie de audios atribuidos a taxistas y remiseros en los que se hablaría de acciones directas, como un corte de calle frente a la Municipalidad. “No vamos a permitir ningún tipo de amenazas, extorsiones ni aprietes. Estas personas que hablan en los audios son quienes dicen representar a un grupo minoritario de remises y taxis“, dijo Chiarella. Difundir audios privados (cuya autenticidad y contexto no fueron aclarados) es una decisión cuanto menos polémica.
Mientras, el mensaje político fue claro: el Ejecutivo local no tiene intención de actuar como barrera de entrada contra Uber.
Los límites de lo que puede hacer el municipio
En el Concejo Municipal prevalece, más allá de la comprensión por la situación de los trabajadores del sector, una lectura pragmática: prohibir a Uber es jurídicamente muy difícil, y probablemente imposible sostenerlo en el tiempo. Eso lo demuestra lo ocurrido en otras localidades
De hecho, algunos ediles recordaron que Venado Tuerto tiene dos antecedentes propios que ilustran perfectamente hasta dónde llega la potestad municipal cuando choca con el derecho a la libre competencia y al comercio. El primero fue la ordenanza presentada por la entonces concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom, que, aprobada el 2 de septiembre de 2011, buscaba limitar la expansión de la cadena de helados Grido fijando un tope del 15 por ciento de locales habilitados para cualquier franquicia del rubro. Dos meses después, el 3 de noviembre del mismo año, la Cámara Contencioso Administrativa de Rosario la declaró inconstitucional.
El segundo caso llegó en 2014, cuando otra ordenanza impulsada también por Rostom adhería a la Ley provincial de descanso dominical para impedir que los supermercados abrieran los domingos en la ciudad. La cadena Carrefour presentó un recurso de amparo, alegando que la medida vulneraba derechos constitucionales tanto en la Carta Magna nacional como en la provincial. En los primeros días de enero de 2015, la justicia le dio la razón y Carrefour volvió a abrir sus puertas los domingos.
Dos intentos, dos fracasos. Y eso que en ambos casos se trataba de actividades perfectamente encuadradas en el derecho comercial tradicional. Con Uber, la tarea es todavía más compleja, porque la empresa ni siquiera se presenta como un servicio de transporte: su defensa jurídica descansa en que es una plataforma tecnológica de intermediación, que conecta pasajeros con conductores independientes. Esa distinción -discutida doctrinariamente pero aceptada en numerosos fallos judiciales- es la que hasta ahora le permitió operar en casi todas las ciudades del país donde intentaron frenarla.
Un mapa que ya tiene historia
Uber llegó a la Argentina en marzo de 2016, comenzando por Buenos Aires. El debut fue turbulento: el gobierno porteño sostuvo que no cumplía el Código de Transporte, los sindicatos de taxistas salieron a la calle y la Justicia llegó a ordenar el bloqueo de pagos con tarjeta de crédito. Pero nada de eso alcanzó. A lo largo de estos años, en todas las localidades donde hubo resistencia judicial o administrativa, la plataforma terminó habilitada o encontró la forma de operar.
Incluso existen ciudades que fueron un paso más allá y sancionaron ordenanzas prohibiendo expresamente este tipo de plataformas. Sin embargo, tampoco lograron frenar su desembarco. Uno de los casos que los propios taxistas y remiseros de Venado Tuerto citaron durante su visita al Concejo Municipal fue el de Trelew, en la provincia de Chubut. Allí se encuentra vigente una ordenanza que restringe el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber. Sin embargo, las noticias conocidas en los últimos días revelan que la propia empresa confirmó su inminente desembarco en Trelew y Rawson, habilitando el registro de socios conductores para comenzar a operar en la región, exactamente en la misma instancia en la que hoy se encuentra Venado Tuerto.
Es decir, la experiencia demuestra que una ordenanza restrictiva puede demorar el proceso, generar conflictos e incluso derivar en sanciones, pero no necesariamente impedir que la plataforma comience a funcionar.
No existen antecedentes relevantes de ciudades argentinas que hayan logrado impedir de manera definitiva el funcionamiento de Uber. Algunas demoraron su llegada; ninguna consiguió detenerla de forma permanente.
Ese historial es el que le da sustento a la posición que predomina en el Concejo local: no es que no quieran proteger a los trabajadores del sector, es que la herramienta jurídica para hacerlo de manera efectiva parece no existir en las condiciones actuales.
La pregunta que nadie quiere hacerse
Detrás del debate sobre Uber hay una pregunta más incómoda, que trasciende a la empresa y al transporte. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado a proteger a los sectores económicos cuyo modelo de negocio está siendo desplazado por la innovación tecnológica?
Uber no es un fenómeno aislado. Es parte de un proceso más amplio -la llamada “plataformización” de la economía– que ya está transformando el transporte, el delivery, los alquileres, el crédito, el comercio minorista y hasta los servicios profesionales. Venado Tuerto no escapa a este fenómeno. De hecho, desde hace tiempo opera en la ciudad, sin generar un debate comparable, una plataforma como Pedidos Ya, que modificó profundamente el mercado local del reparto a domicilio.
Lo que tienen en común todos estos fenómenos es que la legislación siempre corre detrás. Las reglas existentes fueron pensadas para modelos de negocio que ya no son los únicos. Y en ese interregno, los que pierden son, casi siempre, los trabajadores más vulnerables: los que tienen menos capital para reconvertirse, menos acceso a formación, menos red de contención.
Los taxistas y remiseros de Venado Tuerto que se presentaron ante el Concejo no están equivocados en su diagnóstico: Uber representa una competencia asimétrica, porque opera bajo condiciones regulatorias distintas. Están equivocados, quizás, en creer que la solución es detener la marea. Lo que corresponde discutir (y probablemente exigir) es cómo construir un marco regulatorio que reduzca esas asimetrías, garantizando que quienes presten el servicio mediante plataformas digitales cumplan estándares equivalentes de seguridad, seguros, habilitaciones y obligaciones tributarias.
Y, sobre todo, garantizar reglas similares para todos, evitando que exista una competencia desleal con quienes durante décadas invirtieron dinero para cumplir exigencias que otros hoy no tienen. Ese parece ser el verdadero desafío de la política, mucho más que intentar prohibir una tecnología cuya expansión ya demostró ser muy difícil de detener.
Porque, en definitiva, la discusión ya dejó de ser Uber. El verdadero debates es cómo una ciudad se adapta cuando la innovación tecnológica llega antes que las leyes. Venado Tuerto puede debatir cómo regularla, cómo integrarla y cómo proteger a quienes hoy trabajan en el sistema tradicional. Lo que difícilmente pueda hacer es ignorarla o creer que una simple prohibición alcanzará para detener un fenómeno que hace años atraviesa a las principales ciudades del país y del mundo.