En una ciudad casi resignada a convivir desde hace mucho tiempo con los asaltos callejeros y los escruches en viviendas y comercios, hicieron mucho ruido algunos episodios de mayor gravedad ocurridos en los últimos días. En menos de una semana, se registraron tres hechos con disparos en plena vía pública, con dos ataques contra viviendas (¿mensajes intimidatorios?) y otro de características casi milagrosas, donde hubo cuatro personas que recibieron impactos en sus cuerpos y ninguno resultó herido de gravedad. Literalmente, la tragedia pasó a pocos centímetros.
Cuando fue consultado por estos hechos, el fiscal regional Alejandro Sinópoli utilizó algunas expresiones que resonaron casi con tanta fuerza como los disparos: “conflictos por narcotráfico” y la ciudad de Rosario como referencia, exhibiendo un espejo en el que nadie quiere mirarse.
Se sabe, desde hace algunos años –especialmente desde el asesinato del Pájaro Cantero que representó el principio del fin de Los Monos- la narcocriminalidad explotó a la vera del río Paraná. Los muertos empezaron a contarse a diario, casi siempre por ajustes de cuentas vinculados a la disputa de territorio para la venta de drogas.
Afortunadamente, Venado Tuerto todavía está lejos de esa realidad, pero los acontecimientos más recientes encendieron las alarmas en las autoridades. Por caso, en el tiroteo ocurrido en el barrio Villa Casey, se contabilizaron más de 15 disparos contra una vivienda.
No es la primera vez que ocurre. A comienzos de este año, un megaoperativo llevado adelante por el Juzgado Federal de nuestra ciudad, que logró desarticular una organización de venta de drogas dirigida desde la cárcel de Piñero, tuvo una investigación previa que comenzó con un auto baleado en el centro de la ciudad.
La reacción
Las palabras de Sinópoli no cayeron muy bien dentro del gobierno local. La prueba fueron las declaraciones del intendente Chiarella cuando le preguntaron por las balaceras. El dirigente radical no trazó una radiografía social, ni cuestionó el patrullaje de la policía ni le pidió mayor intervención a gendarmería. Su mensaje fue una crítica al accionar judicial, casi emulando el discurso que viene sosteniendo el senador Lisandro Enrico.
“Es una situación que nos preocupa, no queremos que pasen en nuestra ciudad este tipo de enfrentamientos que quizás tengan que ver con el narcotráfico. Pero también me preocupa el accionar de la Justicia, porque creemos que es el momento de terminar con las sanciones blandas para las personas que reinciden en sus actos delictivos”, fueron las palabras del mandatario local.
Sin decirlo explícitamente, Chiarella hizo saber su malestar porque el fiscal regional puso en el centro de la escena un creciente clima de enfrentamiento dentro de la ciudad, de tensiones entre bandas y organizaciones. Por eso el intendente paró de pecho la pelota y se la devolvió: no quiere a la Justicia como analista de la realidad, sino utilizando las herramientas que tiene a su alcance para evitar que este mal se propague.
“Necesitamos el compromiso de toda la Justicia, porque creemos que la única manera de empezar a cambiar la realidad es con penas ejemplares para defender el derecho a las víctimas y no la impunidad de los delincuentes”, replicó Chiarella en otro tramo de la entrevista.
El trasfondo
Una ciudad que crece a pasos agigantados, que se expande en sus márgenes y exhibe asentamientos con necesidades básicas insatisfechas no suele ser un proceso gratuito. El precio es marginalidad, desigualdad y pobreza; un combo que a menudo se traduce en un crecimiento de la violencia y el delito, donde además suele jugar el consumo problemático. Insertarse en la maquinaria del narcotráfico (en el último eslabón de la cadena) suele ser la salida más accesible.
El intendente lo sabe, y por más que en estos días haya elegido poner el eje en el rol investigativo de la Justicia, tiene claro que existe un desafío de generar empleo, oportunidades y contención para que ese entramado no se vuelva cada vez más difícil de controlar. El tiempo dirá si lo logra.
Pero Chiarella también sabe que hace falta sancionar. Por eso, si bien es cierto que la encargada de investigar delitos de narcotráfico es la Justicia Federal, también es real que algunas decisiones que se tomaron en estos días no mostraron firmeza en los funcionarios judiciales.
Concretamente, el autor de los disparos en el barrio Iturbide se entregó al día siguiente y la fiscal Andrea Caballero lo imputó por Lesiones Leves y Graves Dolosas y Portación de Arma de Fuego. No se lo acusó por tentativa de homicidio, a pesar que le disparó a cuatro personas, y de esta forma la estadía en prisión seguramente será breve.
Por si quedaban dudas del enojo con la figura del fiscal regional, los concejales oficialistas presentaron un proyecto en la sesión de esta semana para convocar a Sinópoli a una reunión “para que nos ofrezca detalles sobre la información vinculada con el narcotráfico en la ciudad” a partir de sus recientes declaraciones.
El espejo rosarino, en la escala venadense, es una amenaza latente. Las balas de estos días no fueron pirotecnia y evitar que estos hechos entren en la “nueva normalidad” es un desafío al que nadie debe sacarle el cuerpo.