Mauro CamillatoOpiniónSegunda semana del juicio por la Megaestafa inmobiliaria: audios que dicen demasiado

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En la sala de audiencias de los Tribunales de Venado Tuerto sigue desarrollándose, casi de manera sigilosa, el juicio oral y público más importante ocurrido por acá desde la imposición en febrero del 2014 del nuevo sistema penal en nuestra provincia. Es más, según destacó el exfuncionario provincial, Matías Figueroa Escauriza, es también una de las causas paradigmáticas que llegan a dicha instancia. La megaestafa inmobiliaria más grande que se investigó en la historia de la provincia de Santa Fe, el patrimonio estafado alcanza la cifra de veinte millones de dólares (unos cuatro mil millones de pesos).

Tampoco es común ver sentado en el banquillo de los acusados a presuntos delincuentes de “guante blanco”. De hecho, uno de los reproches más repetidos que se le realiza a la justicia en el ámbito académico es el denominado sistema de la selectividad penal, esto es: los sancionados siempre son integrantes de los estratos sociales más bajos, las cárceles están llenas de pobres.

Lo cierto es que, el último martes se llevó a cabo la quinta jornada del mencionado juicio. En la oportunidad, el fiscal Matías Merlo presentó una nueva tanda de audios y otra vez la única testigo fue la abogada Silvana Evangelina Aguilar, integrante del Ministerio Público de la Acusación, que tuvo a su cargo la desgrabación de las numerosas escuchas telefónicas realizadas entre diciembre del 2016 y marzo del 2018.

Al finalizar, audiencia el triunvirato de magistrados integrado por: Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle decidió realizar un cuarto intermedio hasta jueves 26 de mayo, ante el requerimiento de Ángelo Rossini, abogado defensor de Antonio Di Benedetto, quién basó su pedido en cuestiones personales urgentes que tiene que enfrentar en los próximos días.

La jornada del martes fue bastante más distendida que las dos anteriores donde se reprodujeron audios, ya que los defensores de los tres imputados (Rossini, defensor de Di Benedetto; Silvia Couselo, defensora del gestor Raúl Jaime; y Fernando Baiguera, defensor del comerciante Marcelo Sava) no realizaron mayores objeciones. De todos modos, nuevamente dichas conversaciones telefónicas desnudan de manera contundente la arquitectura de esta presunta asociación ilícita integrada por 16 personas. A la vez, en la sala de audiencia retumbaron de manera llamativa otros nombres de probos ciudadanos venadenses (la mayoría profesionales) que no fueron imputados por falta de pruebas contundentes, aunque aparecen en más de un intercambio telefónico, conviniendo ardides que rozan la ilegalidad, con el presunto cabecilla de la banda, Antonio Di Benedetto.

Cuatro causas fundamentales

Así las cosas, la mayoría de las escuchas reproducidas en la jornada del martes estuvieron vinculadas a los cuatro casos (son 30 los que se tratan en el juicio) que el fiscal Merlo considera más importante para comprobar la existencia de la existencia de una asociación ilícita que se apropió de bienes inmuebles urbanos y rurales en la región.

Dichos casos, están caratulados como: sucesión Ferrari, Aguataura SCA, Lorenz y González. Un breve repaso por los mismos permite vislumbrar las distintas maniobras (algunas sofisticadas y otras demasiadas burdas) realizadas por los implicados.

Sucesión Ferrari

Fue la primera estafa denunciada en agosto del 2017 por el entonces subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto.

La historia comenzó cuando un humilde vecino venadense, Luis Celio Restovich (condenado en juicio abreviado previo a 4 años de prisión) concretó en abril de 2016 la compra fraudulenta los tres campos de unas 460 hectáreas en Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto, propiedad de Luis Néstor Ferrari (fallecido en el 2003). Éste último no tenía herederos directos (su esposa, Ángela Zampana había muerto un año antes) y además no tenía hijos, por lo cual la complicada sucesión estaba en disputa entre sus hermanos (estos tenían casualmente como abogado patrocinador a Antonio Di Benedetto) y sobrinos.

La maniobra del acusado consistió en fraguar un poder que Ferrari le habría otorgado a Restovich en diciembre de 2001. Con ese documento apócrifo, Restovich hizo de vendedor y de comprador al mismo tiempo, se autovendió los tres campos y preparaba una nueva transferencia.

magen de la precaria vivienda donde residía Luis Restovich

En realidad, según las pruebas presentadas por fiscalía y refrendadas en gran parte por los audios escuchados en las audiencias, Restovich era el prestanombre de una organización ilícita encabezada por el principal acusado del juicio, Antonio Di Benedetto y de otros abogados y escribanos que ya fueron juzgados en procedimiento abreviado previo. Por su parte, Raúl Jaime, funcionó como el gestor que ayudó en la logística de la estafa.

Aguataura SCA

La génesis del caso, según la presentación realizada por Merlo, fue la lamentable desaparición ocurrida en el 14 de julio del 2014 de Nicolás Godoy Lucas. Es que, Fernanda Lucas, madre del joven desaparecido y socia de Aguataura SCA contrata al abogado Antonio Di Benedetto para que lo asesore en la investigación del caso. De hecho, éste último logró tener su “minuto de fama” en los medios de comunicación nacionales, paseándose por distintos estudios televisivos porteños relatando los pesares de los familiares que buscaban infructuosamente encontrarlo

Pero, Di Benedetto, según denuncia el fiscal Merlo, utilizó su acercamiento a la familia para diseñar un plan con el objetivo de apropiarse por intermedio de un tercero vinculado (Fernando Astigarraga, también condenado en juicio abreviado) de un campo de sesenta y dos hectáreas propiedad de la mencionada Sociedad. La maniobra constó en primera instancia en convencerlos de firmar un contrato de arrendamiento rural fechado 26 de agosto del 2016, que después se convirtió en un fraudulento boleto de compra y venta. Así, luego de desapoderar a Aguataura SCA del campo, proceden a venderlo a una reconocida empresa local.

Nicolás Godoy, el joven desaparecido en julio del 2014

No conforme con esto, repiten ardid similar y en diciembre del 2016 se apoderan de otra fracción de campo de 186 hectáreas que pertenecía a la misma sociedad y también proceden a venderlo a la misma empresa anterior.

Pero, a todo esto, dejaron para el final el manotazo al casco del establecimiento denominado “Los Bearneses”, y en julio de 2018 culminan repitiendo la maniobra para alzarse con las tres hectáreas que quedaban.

Mientras tanto, el próximo 14 julio se cumplirán 8 años de la misteriosa desaparición del joven Nicolás Godoy Lucas (en ese momento tenía 28 años) y sigue sin aparecer pistas firmas sobre su paradero.

Llorens:

En diciembre del 2017 Josefa Antonia Llorens realiza la denuncia ante la Unidad Fiscal de Venado Tuerto. En la misma detalla que, entre diciembre del 2016 y febrero del 2017 estuvo internada en una clínica de la localidad de Villa Cañás, y en dicha circunstancia fue engañada por su propio médico, Alejandro Dall Armellina (condenado en juicio abreviado) quien le hizo firmar una aparente documentación concerniente a su atención médica y en realidad eran folios en blanco refrendados por un escribano. De esta manera, mediante dicha documentación rubricada en blanco, proceden a realizar una escritura de cesión de herencia que le corresponde por la sucesión de su cónyuge Roberto Peretti. Los bienes que pretendieron alzarse son casi mil hectáreas de campo. El intento de desapoderamiento fue advertido por Diego Piera, abogado de Josefa Antonia Llorens.

González

Aquí utilizaron la misma modalidad que el caso Llorens, y esta vez llegaron a apropiarse de 134 hectáreas de un campo situado en San Gregorio, propiedad de Jesús José González. En este caso, la persona internada en la clínica de Villa Cañás fue Elida Noemi Bournot (concubina de González). Nuevamente Dall Armellina era el médico que atendía a la paciente, y le hace firmar una documentación referida a la internación a su marido que, posteriormente se convierten en un poder a favor de Marcelo Ariel Rodríguez (sobrino de González) a los fines de que venda y transfiera a favor de terceras personas el campo en cuestión.

De hecho, el 23 de diciembre del 2016 la propiedad agropecuaria es vendida por Rodríguez a (casualmente) Fernando Astigarraga, hijastro de Di Benedetto (también condenado en juicio abreviado) en un supuesto valor de doscientos mil dólares.

Los que se salvaron

El jueves será el turno de la sexta audiencia en donde otra vez los audios serán los protagonistas. Luego empezarán a desfilar los casi 70 testigos que quedan, entre los que se destacan algunos integrantes de la banda que ahora son “arrepentidos”.

Mientras tanto, posterior a escuchar las distintas conversaciones telefónicas, en los pocos presentes en la sala de audiencia quedó la sensación que, aparte de los 13 condenados y los tres que están actualmente sentados en el banquillo, algunos más “se salvaron” de correr la misma suerte.

 

 

Foto portada: la abogada Silvana Evangelina Aguilar, encargada de realizar la puntillosa desgabación de los audios, ofició como la única testigo

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