Por Marcelo Boyle*
¿Puede una reforma constitucional fracasar? Santa Fe está a punto de poner a prueba esa idea. A menos de un mes de comenzar a sesionar la Asamblea Constituyente, que decidirá los alcances de la nueva Constitución de Santa Fe, el gran público se mantiene ajeno al acto reformador y a la trascendencia que este tendrá para sus derechos y vida diaria.
Indicios de lo anterior son no solo la ausencia de debates generales o de asambleas populares donde se propongan ideas a los convencionales, sino también la bajísima participación en la elección misma de los Constituyentes en torno al 55%, el pasado abril.
La experiencia comparada indica que ningún texto constitucional alcanza legitimidad si no está precedido por un ejercicio deliberativo profundo, honesto y representativo. Y esta ausencia de legitimidad lleva al naufragio de las reformas. Por ello, y a fin de contribuir a torcer el rumbo que parece estar signando nuestra reforma magna, es menester traer a la memoria la experiencia de Chile.
En 2022, Chile vio fracasar en las urnas una propuesta de nueva Constitución que generó grandes expectativas iniciales, e incluso logró movilizar a amplios sectores sociales. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se explica que una sociedad que inicialmente participó, dijera finalmente que no adhería a la reforma?
Las respuestas no son unívocas, pero buena parte de la literatura especializada coincidió en que el principal problema no fue jurídico o técnico sino político. La propuesta fue percibida como parcial, excluyente e incluso revanchista.
El caso chileno es ilustrativo por lo que advierte, una reforma constitucional puede naufragar incluso con respaldo legal y visibilidad social inicial, si no se sostiene sobre la legitimidad que brinda el consenso social. En otras palabras, el proceso político de reformar la Constitución no puede darse el lujo de dejar de lado el diálogo permanente con la sociedad.
En un contexto donde se percibe esta debilidad de origen, algunas fuerzas políticas ya comenzaron a sugerir mecanismos de validación popular posterior. Por ejemplo, el espacio político encabezado por Nicolás Mayoraz propuso realizar una consulta popular en 2027 que ratifique o no la nueva Constitución. En sentido similar se expresaron voces del Partido Justicialista, aunque limitando a la cláusula de reelección del gobernador. Ambas voces son grandes señales de alarma respecto de la falta de consenso político y social que tendrán que remontar los Constituyentes en un período de tan solo 40 días.
La Constitución no es ni debiera ser, el manifiesto de una facción, sino una obra colectiva. Pensemos, por ejemplo, en una catedral, la cual se construye con paciencia, acuerdos y memoria común. Solo podrá mantenerse de pie si cuenta con cimientos compartidos, sin mezclar estilos contradictorios ni superponer visiones inconexas. Sin embargo, su uso y trascendencia en el tiempo dependerá también de que cuente con el beneplácito de toda la sociedad.
Por eso, cualquier intento de imponer reformas sin buscar un mínimo denominador común entre las fuerzas políticas y sociales es un acto no solo irresponsable, sino también profundamente ineficaz, que podría conducir a repetir los errores del caso chileno y, con ello, desatar una nueva frustración colectiva en lugar del pacto fundacional que la sociedad santafesina merece.
*Abogado. Mg. en Administración y Políticas Públicas. Consultor Empresarial y Gubernamental. Investigador en Políticas Públicas