El cambio de discurso, que abandona la promesa de una autopista para concentrarse en la reparación básica, parece haber culminado con las aspiraciones colectivas de una región. La autopista, que alguna vez fue una propuesta concreta para reducir accidentes y mejorar la conexión productiva, se reemplaza ahora con la expectativa de una ruta apenas transitable. Este cambio no solo refleja resignación, sino que parece redimensionar la demanda ciudadana: ya no se invita a pedir “lo imposible”, sino a conformarse con lo inmediato y factible, advertíamos en la nota publicada el 27 de octubre del año pasado refiriéndonos a la situación de la ruta 33.
En aquel momento, el gobierno nacional había presentado la “Red Federal de Caminos”, un proyecto que busca transferir la operación y el mantenimiento de varias rutas estratégicas al sector privado, lo que implica el retorno de los peajes y el traspaso a manos privadas del mantenimiento de las principales arterias viales del país. Sin embargo, casi cinco meses después, lo único que cambio en las rutas 33, 8 y 7 que atraviesan el extremo sur santafesino es su mayor deterioro.
Un fallo que marca un punto de inflexión
Ante este panorama, la reciente resolución del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, representa un punto de inflexión. Haciendo lugar a la medida cautelar presentada por la senadora Leticia Di Gregorio, el magistrado ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.) que realice de manera urgente las intervenciones necesarias en los tramos más deteriorados de las mencionadas rutas. El fallo obliga a D.N.V a señalizar el estado de las rutas, implementar desvíos cuando sea necesario y ejecutar tareas de bacheo y relleno en los sectores más afectados. A su vez, el mismo magistrado tendrá que resolver el amparo presentado paralelamente por Di Gregorio que pide el levantamiento y reparación total de la capa asfáltica de todos los tramos de las mismas rutas.
La decisión judicial se basa en la omisión reiterada de la D.N.V. en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales de mantenimiento, lo que ha generado un estado de peligro constante que vulnera derechos fundamentales como la seguridad vial y la libre circulación. En su resolución, el juez Cuello Murúa destacó que la falta de mantenimiento convirtió estas rutas en zonas de alto riesgo, con baches profundos, falta de señalización, banquinas deterioradas y ausencia de medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, enfatizó que la situación no puede justificarse por restricciones presupuestarias y que la seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad innegociable.
La crisis vial y su judicialización
El fallo en Venado Tuerto no es un hecho aislado. En la provincia de Santa Fe, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, ordenó a la D.N.V. la reparación inmediata de 266 kilómetros de la Ruta Nacional 11 tras un amparo presentado por el exsenador Dionisio Scarpin. En su decisión, el magistrado señaló la peligrosidad extrema de la ruta y fijó un plazo para la finalización de las obras, advirtiendo que los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones en caso de incumplimiento. Este caso es un reflejo de la creciente judicialización de la crisis vial en el país, donde la falta de inversión en infraestructura ha llevado a los ciudadanos y dirigentes a recurrir a la Justicia como última instancia para garantizar la seguridad en las rutas.
Ruleta rusa en las rutas nacionales
Si bien la medida cautelar obtenida en Venado Tuerto es una victoria parcial, no deja de ser una solución de emergencia ante un problema estructural de largo plazo. Como sosteníamos al principio, esta resolución nos obliga a conformarnos con lo posible y a olvidarnos de lo ahora “imposible”: la construcción de la autopista de la ruta 33. La realidad impone su propio veredicto: el sueño de una autopista quedó archivado, y en su lugar, la urgencia dicta que el objetivo inmediato es evitar nuevas tragedias en rutas que deberían ser arterias seguras y no trampas mortales para los conductores.
A esto se suma un problema aún más grave: en los primeros tres meses del año, ya se han registrado 15 muertes en accidentes ocurridos en la ruta 33. Este número alarmante refuerza la necesidad urgente de intervenciones concretas, ya que las fallas en la infraestructura vial continúan cobrándose vidas. Cada nuevo accidente reitera la falta de respuestas estructurales y la necesidad de soluciones que vayan más allá de medidas paliativas. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando una transformación real, aunque cada vez con menos esperanzas de que se haga realidad.
La inhumanidad del ajuste
Lo que aflora detrás de este debate es la porfía del gobierno nacional en no realizar obras públicas con el pretexto de la falta de fondos. “No hay plata“, vociferan una y otra vez Milei y los suyos casi como un mantra. Sin embargo, el sacrificio extremo sustentado en el altar del superávit mostró sus contradicciones cuando una nueva tormenta financiera obligó al Banco Central a sacrificar reservas, provocando la caída más importante de las mismas en los últimos 14 meses.
En este contexto, el único salvataje posible para un gobierno que empieza a sufrir la situación parece ser un nuevo préstamo del FMI de hasta 20 mil millones de dólares. Volviendo al principio, la decisión de no invertir en obras públicas, incluidas las rutas nacionales, no ha sido suficiente para lograr la calma económica en Argentina. Como contracara de esta política, los perjuicios para la población que circula por las deterioradas arterias son cada vez mayores. Salir a las rutas en este estado se asemeja cada vez más a participar en una ruleta rusa.
La resolución del juez federal de Venado Tuerto es, en este sentido, un acto de humanidad que pone en evidencia la inhumanidad de un gobierno que solo tiene como objetivo equilibrar los números de la macroeconomía sin importar los cómos. Pero lo sucedido en los últimos días dejó en claro que ni siquiera eso alcanzó, y nuevamente Argentina recurrió al FMI para intentar salvaguardar un plan económico que parece encaminarse al fracaso. Todas las veces en la historia que acudimos a dicho organismo internacional fue para intentar impedir el derrumbe de un plan económico, pero solo prolongamos la agonía. Ojalá esta sea la excepción, aunque hasta ahora la historia fue impecable.