En los últimos días, el gobierno nacional presentó “Red Federal de Caminos”, un proyecto que busca transferir la operación y el mantenimiento de varias rutas estratégicas al sector privado, lo que implica el retorno de los peajes y el traspaso a manos privadas del mantenimiento de las principales arterias viales del país. Entre las rutas contempladas en este nuevo proyecto está nuestra Ruta 33.
Con dicha decisión, queda claro que el actual Gobierno Nacional descarta de pleno la idea de convertir a la 33 en autopista. Peor aún, nada queda de aquel sueño/proyecto (existió un proyecto ejecutivo, licitaciones y hasta un comienzo de obra con carteles incluidos) y ahora parece haberse convertido en algo “imposible”. Hoy nos conformamos con la esperanza de que, al menos, reparen una cinta asfáltica que presenta un deterioro alarmante en gran parte de su recorrido.
Claro que, el gobierno no tiene intenciones de realizar reparación alguna y decidió “tirarle” a los privados la responsabilidad. Tampoco, optó por dejar que la gobernación de Santa Fe se haga cargo de la tarea, tal como lo han solicitado en repetidas ocasiones el ministro de Obras Públicas, el venadense Lisandro Enrico, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
Encima, el proceso de licitación de la concesión de rutas está planteado en dos etapas y recién en la segunda le tocaría al tramo donde está incluida la 33. La apertura de sobres está pautada para febrero de 2025 y la adjudicación para julio. Esto deja un “mientras tanto” problemático, ya que el estado de la ruta es deplorable y el gobierno nacional sigue sin implementar obras mínimas de mantenimiento.
Así, mientras la autopista se convierte en “lo imposible”, lo “posible” se vuelve urgente: garantizar la transitabilidad y condiciones básicas de seguridad.
La situación actual de la ruta 33 simboliza una realidad compleja en la que la infraestructura se convierte en promesa irrealizable en el discurso público, donde lo posible e inminente parece siempre diferido.
La demanda ciudadana: reconstrucción y autopista
La demanda de los habitantes del sur santafesino, que exigen desde hace años una autopista, se vuelve una evidencia incuestionable. Ovidio Butani, presidente del Plan Autopista y uno de los principales impulsores de la obra, sostiene que el deterioro actual exige una intervención urgente y estructural. Pero el discurso ha cambiado: ya no se trata de construir una autopista, sino de “poner en condiciones” una vía que quedó obsoleta hace décadas. Las banquinas descalzadas, la falta de demarcación y un ancho de apenas 7,30 metros —equivalente al arco de una cancha de fútbol, según Butani— componen un escenario de peligro latente que amenaza tanto la integridad física de los conductores como el flujo económico de una región clave para la producción nacional.
Lisandro Enrico, en su búsqueda por lograr que la provincia asuma la administración de la ruta, manifestó repetidamente su preocupación por la incapacidad del gobierno nacional para mantener en condiciones este trayecto. La vuelta del sistema de peaje y la transferencia de la administración a concesionarias privadas refleja un cambio en la política vial nacional que no parece traer soluciones estructurales.
¿Pragmatismo o resignación?
El cambio de discurso, que abandona la promesa de una autopista para concentrarse en la reparación básica, parece haber culminado con las aspiraciones colectivas de una región. La autopista, que alguna vez fue una propuesta concreta para reducir accidentes y mejorar la conexión productiva, se reemplaza ahora con la expectativa de una ruta apenas transitable. Este cambio no solo refleja resignación, sino que parece redimensionar la demanda ciudadana: ya no se invita a pedir “lo imposible”, sino a conformarse con lo inmediato y factible.
A esto se suman las incertidumbres sobre el financiamiento del proyecto de concesión. Como señala Butani, aún no se aclara quién cubrirá los costos de una reparación integral de la ruta. “Hoy tenemos una cinta asfáltica que prácticamente hay que hacerla nueva, más las banquinas, demarcación y señalización de las rutas. Estamos hablando de una inversión altísima que no se especifica quién la va a afrontar, si lo hará el Estado nacional, si será exclusivamente a través de los peajes, con impuesto a los combustibles u otra modalidad”, adujo el titular del Plan Autopista. A esta altura hasta podríamos inferir que va a ser difícil que una empresa se quiera hacer cargo de semejante tarea teniendo en cuenta que con el solo cobro del peaje tardará bastante para poder amortizar lo invertido.
El dilema de lo posible
La consigna histórica del Mayo Francés, “Sean realistas, piden lo imposible”, marcó una generación. Hoy, en tiempos de Milei, el mensaje cambia, y solo nos queda esperar “lo posible”, en un contexto en el que el Estado parece desentenderse de sus responsabilidades en pos del remanido déficit cero.
En tanto, la urgencia de la ruta 33 no se soluciona con paliativos; requiere una intervención estructural que asegure no solo el flujo de vehículos, sino la vida de la enorme cantidad de usuarios que la transitan habitualmente y el impulso económico de la región.
Sin embargo, el cambio de discurso revela una tendencia creciente a moderar las expectativas públicas en función de la disponibilidad presupuestaria, ignorando que ciertas inversiones son una cuestión de derechos y de equidad territorial.
Pedir la autopista para la ruta 33 ya no parece tan “imposible” cuando las vidas y la economía de una región dependen de una infraestructura acorde. Pero el mensaje actual, anclado en el pragmatismo extremo, apela a conformarse con “lo posible”, desdibujando el ideal de progreso y seguridad vial en un contexto de inmediatez y renuncias. La consigna del Mayo Francés sigue vigente para quienes aún creen que el Estado tiene el deber de responder a las necesidades de su gente: realismo y compromiso para que lo “imposible” sea, al menos, exigible
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