Mauro CamillatoOpiniónReforma Constitucional en Santa Fe: un acontecimiento histórico con interrogantes abiertos

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Abordar de una vez por todas la reforma de la Constitución de Santa Fe parecía una utopía frente a las múltiples crisis que atraviesa el país. Sin embargo, como planteé en una nota publicada el pasado 7 de julio, excusarse en el contexto adverso para postergar este debate es una práctica recurrente e insostenible. “La crisis económica ya es endémica y es difícil encontrar un momento donde no esté presente”, afirmaba entonces, destacando que, pese a las dificultades, se perfilaba un escenario óptimo para dar este crucial paso hacia la modernización de nuestra carta vetusta magna provincial.

La reciente aprobación de la Ley de Necesidad de Reforma en ambas cámaras legislativas es un hecho inédito, facilitado por la amplia mayoría oficialista. Esta victoria marca un hito que muchos de los antecesores de Maximiliano Pullaro no lograron alcanzar. La reforma permitirá abordar temas históricos como la autonomía municipal, la igualdad de género en representación política, la duración de los mandatos y la incorporación de nuevos derechos en áreas como la protección ambiental y los derechos digitales.

Sin embargo, como ocurre en cada intento de modificar la carta magna santafesina, el proceso no está exento de debates que quedan pendiente. La decisión de dejar fuera de la discusión la posibilidad de la unicameralidad —como ocurre en Córdoba— es una de las tantas polémicas que quedarán. La bicameralidad legislativa, cuestionada por su gasto y su capacidad de bloqueo, quedó fuera del debate, garantizando la continuidad de un Senado que muchos consideran la garantía del statu quo.

También, el logro de la reforma, sustentado en la debilidad y la quietud de la oposición, dejó paradójicamente la sensación de un avance en la concentración del poder en el actual gobernador, Maximiliano Pullaro.

Más allá de esto, con la reciente aprobación de la Ley de Necesidad de Reforma, Santa Fe se dispone a actualizar un texto que no se modifica desde 1962, permitiendo abordar demandas históricas como la autonomía municipal, la duración de los mandatos de autoridades locales y el régimen electoral, entre otros puntos clave. Entre los temas habilitados para la discusión destacan la autonomía municipal, la igualdad de género en la representación política, la adecuación del régimen electoral y la duración de los mandatos ejecutivos, tanto provinciales como locales. También se incorporarán nuevos derechos y principios en áreas como protección ambiental, derechos digitales, acceso al agua y promoción de la ciencia y la tecnología. Estos puntos reflejan un esfuerzo por sintonizar la Constitución provincial con los desafíos y valores del siglo XXI.

La autonomía municipal y sus implicancias para Venado Tuerto

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, aplaudió el avance en redes sociales destacando el consenso y la madurez política que permitió este éxito. “Somos testigos de un momento trascendental para Santa Fe gracias al consenso, el diálogo y la madurez política para que tengamos una Constitución moderna, transparente, que termine con privilegios y que abrace el fortalecimiento institucional de nuestra democracia”, expresó. Sin embargo, no detalló los posibles beneficios concretos que esta reforma podría traer a Venado Tuerto.

El punto más relevante para ciudades como Venado Tuerto es la autonomía municipal, una demanda histórica que ahora se vuelve un horizonte tangible. Esta reforma abre la posibilidad de que localidades como la nuestra convoquen a sus propios constituyentes para redactar cartas orgánicas que les permitan autogobernarse en aspectos clave. Sin embargo, mientras Rosario y Santa Fe cuentan con recursos tributarios suficientes para sostener esa autonomía, las ciudades intermedias enfrentan un panorama más incierto. ¿Cómo se establecerán las reglas del juego? ¿Qué grado de independencia podrán ejercer realmente estos municipios?

La “letra chica” de esta autonomía dependerá de la Convención Constituyente, que tendrá la tarea de traducir en normas concretas las aspiraciones de modernización y descentralización del gobierno local. Mientras tanto, la incertidumbre predomina en los pasillos municipales de Venado Tuerto y otras localidades similares.

La bicameralidad seguirá intacta

En este contexto, también es relevante resaltar que la bicameralidad legislativa, que seguirá intacta por la resistencia del Senado. El debate sobre la unicameralidad legislativa, uno de los reclamos más persistentes en la provincia, quedó nuevamente fuera de la agenda reformista. El artículo 31 de la actual Constitución, que establece la existencia de dos cámaras (Senadores y Diputados), se mantendrá intacto. Este blindaje no solo evita cambios estructurales en el Poder Legislativo, sino que preserva a una de las instituciones más cuestionadas por su gasto y su capacidad de bloquear iniciativas transformadoras.

El Senado santafesino, compuesto por 19 miembros elegidos por departamento, fue históricamente un freno para reformas significativas. Sus críticos lo describen como una “casta” política con una inmovilidad institucional que perpetúa privilegios y concentra el poder en manos de pocos. Ejemplos recientes, como la resistencia a la ley de paridad de género o la influencia sobre el accionar de los fiscales, refuerzan esta percepción. Su mantenimiento como institución en el nuevo esquema genera interrogantes sobre la profundidad del cambio que se avecina.

El dilema de la reelección 

El debate sobre la reforma también está marcado por los recelos que generan la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador. Aunque la normativa establece que los convencionales constituyentes tendrán autonomía para definir el texto final, es un hecho que se incluirán cláusulas que favorezcan al oficialismo actual, un obstáculo recurrente en intentos previos de reforma.

La ruptura de la oposición y la concentración de poder

En el mismo sentido, la sesión legislativa que aprobó la Ley de Necesidad de Reforma no solo marcó un avance histórico, sino que también evidenció el manejo político del gobernador Maximiliano Pullaro.

Pero lo más llamativo fue la fractura que esta estrategia generó en la oposición. Omar Perotti, exgobernador y referente del PJ, votó un favor, rompiendo la cohesión de su bloque que en su mayoría sufragó en contra. Mientras que Amalia Granata (ausente por viaje al Vaticano) enfrentó divisiones internas en su bancada, dos integrantes de Somos Vida, Omar Paredes y Edgardo Porfiri votaron a favor y fueron expulsados del bloque. Diferente fue el caso del Frente Amplío por la Soberanía, donde dos de los tres diputados del espacio (Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver) votaron  a favor y el otro, Carlos Del Frade, en contra. Pero, dicha decisión fue consensuado entre los miembros y no provocó ruptura.

Estos quiebres reflejan el nivel de habilidad política del oficialismo para capitalizar tensiones y debilitar a sus adversarios.

El riesgo

El avance de Pullaro en el control del Poder Legislativo y la reestructuración del Poder Judicial que ya está en curso, pero que la reforma afianza, despiertan preocupaciones sobre la concentración de poder en su figura. Algo de eso advirtió el diputado Carlos Del Frade, quien recordó algunos hechos recientes de abuso de poder del actual gobierno.

Aunque la reforma constitucional es una oportunidad histórica, también representa un terreno fértil para el fortalecimiento del oficialismo y la subordinación de otros poderes. Es crucial que la ciudadanía y los sectores políticos estén atentos para evitar que esta modernización derive en un sistema que perpetúe privilegios o limite la pluralidad democrática.

Oportunidades

Pese a las limitaciones, esta es una oportunidad única para Santa Fe. Con el escenario político alineado y las herramientas legales en marcha,  serán los futuros convencionales constituyentes quienes tendrán en sus manos la posibilidad de lograr una Constitución moderna, inclusiva y funcional, o si quedaremos atrapados nuevamente en un juego de intereses que desdibuje las promesas de cambio. La calidad institucional está en juego, y es responsabilidad de todos —ciudadanos y dirigentes— vigilar que esta vez, la reforma no sea otra oportunidad desperdiciada.

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