Mauro CamillatoOpinión¿Que votan nuestros legisladores?

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Jean Baudrillard fue un sociólogo francés que, en las décadas del 80 y 90, sorprendió al publicar una serie de libros en los que describía el fin de la racionalidad moderna y el comienzo de una nueva era dominada por el simulacro, a la que denominó hiperrealidad. Su popularidad en ciertos ámbitos intelectuales llegó al punto de ser citado en la película estadounidense de ciencia ficción The Matrix (1999). Lo cierto es que el célebre pensador francés fue un provocador relevante y, en aquel entonces, se refería principalmente a la influencia de los medios de comunicación en la hipermodernidad. También advertía sobre su impacto, junto con las encuestas, en lo que él denominó transpolítica. Así llegó a señalar, con ironía: “¿Quiénes son estos nuevos dirigentes que no pueden tomar una decisión sin consultar previamente los estudios de opinión pública?”

Según su mirada, los dirigentes ya no adoptan decisiones basadas en principios o en voluntades populares genuinas, sino bajo la dictadura de los sondeos, que desplazan el debate de programas e ideologías hacia la mera administración de imágenes y estadísticas.

Si Baudrillard viviera todavía (falleció en 2007), probablemente se sorprendería aún más con los legisladores argentinos que levantan la mano seducidos por el clima de época -hoy marcado más por las redes sociales que por las encuestas- y por el resultado de una elección que dejó bien posicionado al gobierno nacional. Desde luego, sin caer en suspicacias, podría atribuirse esa llamativa inclinación a otros incentivos menos confesables, como ocurrió en tiempos de la recordada Banelco, o a eventuales auxilios financieros para provincias en dificultades.

Es difícil explicar de otra manera cómo representantes del pueblo terminaron votando, con escaso análisis y casi sin debate, una reforma que empeorará las condiciones de los trabajadores formales: abaratamiento de indemnizaciones, jornadas laborales variables, fraccionamiento de vacaciones y mayor presión del despido sobre quienes tienen la suerte -cada vez más relativa- de contar con un empleo registrado. En un país donde el trabajo informal ya supera el 40%, reformar en perjuicio de los formales no es modernización: es un despropósito.

Por otra parte, no existe evidencia empírica que demuestre que reducir derechos en el empleo formal genere más y mejor trabajo. La experiencia comparada indica que la precarización puede abaratar costos, pero no crea demanda ni sustituye una estrategia de desarrollo.

Menos se entiende el voto previo de los senadores que respaldaron el aún más controvertido artículo 44 (luego eliminado en Diputados), que proponía que, en casos de enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores percibieran el 50% o el 75% del salario, según el supuesto. Un artículo sugerido por Federico Sturzenegger, personaje polémico de la historia democrática argentina (el mismo que, en los últimos días, adjudicó un contrato millonario al instituto de su esposa para dictar cursos de inglés al personal de Cancillería), quien, tras sus declaraciones periodísticas -con su ejemplo futbolero sobre el pago del 50% del salario-, dejó en evidencia las consecuencias concretas de la reforma. Al intentar defenderlo con el ejemplo del futbolista lesionado, logró el efecto contrario: mostrar con una claridad brutal hacia dónde apuntaba la reforma. Pocas veces una metáfora le hizo tanto daño a su propio autor.

De todos modos, se mantuvo la creación del igualmente polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL), entre otros puntos. Se trata de un mecanismo diseñado para asistir a empleadores en procesos de desvinculación y que impacta de manera significativa en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al modificar la estructura de las contribuciones patronales y utilizar su base de cálculo para financiar el nuevo esquema. En otras palabras, el FAL redirige una parte de los aportes destinados al sistema jubilatorio hacia un fondo privado de indemnizaciones. En términos llanos, implica un nuevo recorte sobre recursos destinados a las futuras jubilaciones. Un país que ya licuó los ahorros previsionales en 2001 y los estatizó en 2008 ahora los recorta por la ventana de una reforma laboral. La creatividad para vaciar la caja jubilatoria no tiene ideología

En síntesis, como sostuvo el consultor político Hugo Haime, no hay dudas de que la discusión sobre la reforma laboral estuvo dominada más por prejuicios que por un conocimiento riguroso del articulado.

Mientras tanto, el trasfondo de este debate deficitario exhibe una Argentina con una marcada caída del empleo, fenómeno que difícilmente pueda atribuirse exclusivamente a la normativa vigente, aunque nadie niega la necesidad de actualizarla. En rigor, el “industricidio” que se percibe cada día con mayor intensidad parece vincularse más con un modelo económico que abrió indiscriminadamente las importaciones, paralizó la obra pública, contrajo el consumo e intervino en el mercado con tasas de interés tan elevadas que restringen el crédito y sostienen un dólar artificialmente bajo. Reformar el derecho laboral sin tocar el modelo económico es como cambiar las sábanas en un barco que se hunde.

La imagen de esta semana fue el cierre y los despidos en la tradicional fábrica de neumáticos Fate, que dejó sin trabajo a más de 900 operarios y cuyo impacto se proyecta sobre proveedores y actividades conexas: distintas fuentes estiman que podrían perderse otros 2.500 puestos. Más cerca aún, acá en Venado Tuerto, días atrás se formó una fila de más de 100 personas en una panadería ubicada en la intersección de Catamarca y Caseros, tras una convocatoria para un puesto de atención al público (ver foto de portada- gentileza de Pueblo Regional). A la par, un allegado relató su sorpresa al acudir a la sede del Correo Argentino en Saavedra y Alvear y encontrarse con una cantidad inusual de personas aguardando en la ventanilla de telegramas, espacio al que suelen acudir quienes necesitan formalizar notificaciones en el marco de conflictos laborales.

En ese contexto, el diputado del PRO e integrante del bloque Provincias Unidas, José Núñez -quien, junto con Gisela Scaglia, fue uno de los dos representantes del oficialismo provincial que votaron a favor de la reforma laboral, mientras que los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón lo hicieron en contra-, sostuvo en una entrevista radial que el impacto de las importaciones no explica la reciente crisis de la empresa venadense Essen. Según su argumento, la caída de las ventas obedecería principalmente a un cambio en los hábitos de consumo: los argentinos ya no compran ollas porque prefieren utilizar freidoras de aire (¿?). Uno quisiera creer que es una broma. Pero no lo es. Y eso, precisamente, es lo más grave.

La cuestión, entonces, excede una votación puntual. Interpela la función misma de la representación. Un legislador no debería estar para replicar tendencias ni para amplificar climas de redes sociales, sino para ponderar consecuencias, anticipar efectos y equilibrar intereses.

Ante ese panorama, la pregunta inicial vuelve a imponerse: ¿qué votan nuestros legisladores? Aunque, a la luz de algunas declaraciones, acaso resulte más inquietante formular otra: ¿qué criterios orientan sus decisiones?

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