Mientras el conflicto salarial con los trabajadores estatales, principalmente con los docentes, comienza a ganar volumen político y la carpa blanca itinerante de Amsafe desembarcará este martes en Venado Tuerto como símbolo visible de un malestar que se acrecenta, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió volver a colocar la seguridad en el centro del debate público provincial. No parece casual. En un contexto el desgaste de algunos indicadores de gestión comenzaron a ser evidentes, el oficialismo apuesta otra vez a reforzar el tema que mayores réditos políticos le otorgó desde el inicio de la administración: la mano dura contra el delito.
La jugada no es nueva, Pullaro ya había construido buena parte de su capital político a partir de una narrativa de endurecimiento permanente en materia de seguridad. Apenas asumió el gobierno provincial, difundió aquella polémica imagen de presos sentados, esposados y desnudos sobre los fríos pisos del Penal de Piñero, luego de las requisas realizadas tras el ataque a balazos contra micros del Servicio Penitenciario. Las escenas remitieron de inmediato a las políticas de exhibición punitiva popularizadas por el polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Aunque posteriormente el gobierno moderó esa estética comunicacional tras las críticas recibidas tanto en medios de comunicación nacionales como provinciales, jamás abandonó el tono de endurecimiento discursivo ni la lógica de espectacularización del castigo. De hecho, antes de impulsar el nuevo paquete de leyes que generó cuestionamientos incluso dentro de sectores cercanos al oficialismo, la gestión provincial ya había avanzado con fuerza en la construcción de “El Infierno”, el nombre elegido para el nuevo Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), el penal de máxima seguridad que se levanta en el complejo penitenciario de Piñero. La propia denominación refleja una lógica de espectacularización del castigo y del encierro. El establecimiento fue diseñado para alojar exclusivamente a narcos y sicarios, con módulos blindados, inhibidores de señal y sistemas tecnológicos de máxima seguridad.
Lo cierto es que ahora, apoyado en los resultados obtenidos con su política de seguridad (especialmente en la baja considerable de homicidios en la ciudad de Rosario) Pullaro pretende redoblar la apuesta. En la lógica del oficialismo, la reducción de la violencia extrema ya comenzó a naturalizarse en una parte de la sociedad y el miedo que condicionó a gobiernos anteriores perdió centralidad en la vida cotidiana. Pero, al mismo tiempo, persiste el temor a un eventual regreso de aquella situación crítica. Y es allí donde el gobierno provincial vuelve a colocar la seguridad en el centro de la escena pública.
El contexto político también explica esa decisión. En un escenario preelectoral en el que Pullaro empieza a proyectar una eventual reelección, algunos indicadores comenzaron a mostrar señales de desgaste para la gestión provincial. En ese marco, volver a tensionar el debate alrededor de la seguridad aparece como una estrategia para reinstalar el principal capital político del gobierno y desplazar otras discusiones cada vez más incómodas, como el creciente malestar de los trabajadores estatales frente a la política salarial de la administración santafesina. La carpa blanca itinerante de Amsafe, que el próximo martes llegará a Venado Tuerto, representa precisamente una postal de ese conflicto que el oficialismo intenta evitar que gane centralidad.
En ese sentido, insistir con el discurso de época asociado a la “mano dura” parece ofrecerle al gobierno provincial múltiples beneficios políticos. Por un lado, le disputa al gobierno nacional uno de los pocos temas donde todavía conserva capacidad de interpelación social y, al mismo tiempo, busca seducir a una porción del electorado que comenzó a mostrarse más distante luego de las críticas públicas que Pullaro lanzó en los últimos días contra la administración nacional por la paralización de la obra pública y la ausencia de políticas productivas.
Bajo este panorama aparece el nuevo paquete de leyes impulsado por el gobierno provincial, cuestionado por organismos judiciales y de derechos humanos por entender que avanza sobre garantías democráticas básicas. Entre otras medidas, el proyecto habilita interrogatorios policiales sin defensor, allanamientos sin orden judicial y mayores facultades para fiscales sin control previo de jueces en determinados delitos.
La apuesta política parece evidente. Pullaro intenta retomar la iniciativa pública volviendo a tensar el debate alrededor de la seguridad, un terreno donde todavía conserva altos niveles de legitimidad social y donde además puede disputar electorado tanto al gobierno nacional como a los sectores más duros del discurso antipolítico. Al mismo tiempo, busca despegarse de cualquier asociación con posiciones garantistas que buena parte de la opinión pública hoy identifica con el peronismo.
Sin embargo, el costo político de esa estrategia podría abrir nuevas tensiones incluso dentro del propio frente oficialista. Especialmente para sus aliados socialistas, históricamente vinculados a posiciones más moderadas en materia penal y sensibles frente a los debates sobre derechos y garantías constitucionales.
Como sea, es probable que el proyecto sufra modificaciones durante su tratamiento legislativo. Pero mientras tanto, gran parte de los organismos judiciales y de derechos humanos ya comenzaron a alertar sobre el avance de iniciativas que, entienden, afectan mediaciones democráticas fundamentales.
El debate ya está instalado. Y mientras la protesta docente busca ganar visibilidad en las calles, el gobierno provincial vuelve a elegir la seguridad y la mano dura como eje ordenador de la discusión pública santafesina.