Las presuntas soluciones al problema narco que siempre parecen ser las mismas, la receta se repite, solo puede variar algún condimento, pero en el fondo la idea es similar. Aumentar el poder punitivo y “caerle encima a las bandas con todo el peso del Estado”. Léase, llenar las calles de fuerzas policiales que salgan a cazar presuntos narcos en los barrios rosarinos. A esto se le suma, el instaurar un fuerte control en las unidades penitenciarias para impedir que los capos de las bandas ahí encerrados no puedan seguir dando órdenes.
Claro que, hasta ahora esta receta nunca dio el resultado esperado y la sangre en las calles rosarinas sigue corriendo. Aunque, ante dicha aseveración los funcionarios de turno insisten que ellos si (a diferencia de otros que hicieron lo mismo) van a lograr el cometido.
De hecho, el pasado lunes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich junto a su par de Defensa, Luis Petri, anunciaron la llegada de más fuerzas federales a la ciudad. Esta vez serán 450 agentes a los que sumarán también elementos del Ejército para colaborar en materia logística y los llegaron 80 vehículos policiales y tres minibuses de la Policía de Buenos Aires que arribaron el viernes. Mientras tanto, Bullrich, Pullaro y hasta el intendente de Rosario, Pablo Javkin presionan para cambiar la Ley de Seguridad Interior (uno de los mayores logros de la democracia) y permitir que los militares se incorporen al patrullaje en los barrios. Por si acaso, no fueron pocas las voces de los propios militares que advirtieron que no están preparados para cumplir tareas en las calles.
De todos modos, a esta altura nadie duda que la saturación de integrantes de fuerza de seguridad no es suficiente. Puede llegar a ocasionar una baja momentánea de los asesinatos, como ya ocurrió en algunos periodos, pero después el problema sigue y tarde o temprano recrudece. Por eso, también en algunos actores políticos existe la certeza que a largo plazo se necesitan inversiones de peso en políticas de prevención, sociales, educación y urbanismo.
Pero, además, un abordaje integral del tema requiere principalmente ir contra las tan mentadas complicidades policiales y políticas.
Las primeras son demás de evidentes, ya son varios los integrantes de la santafesina que fueron exonerados o enviados tras las rejas por su participación directa o por amparar a distintos narcos. Las segundas son más complicadas, y por ahora no existen demasiados dirigentes políticos que haya sido juzgados.
Un caso paradigmático sobre las complicidades policiales tuvo su capítulo acá en Venado Tuerto, fue el del exjefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas de la policía provincial, comisario Alejandro Druetta, quien fue condenado en 2021 por ser jefe organizador de una estructura dedicada al narcotráfico.
Druetta llegó a nuestra ciudad en mayo del 2012 y logró trascendencia luego de encabezar el operativo antidrogas en Villa Cañás que culminó con la detención de Carlos Andrés Ascaini. Posteriormente, realizó otro operativo similar en la ciudad de Firmat, en este caso apresando a Aldo Cesar “Totola” Orozco. De esta manera se ganó el reconocimiento de toda la clase política de la región. Es más, cuando fue relevado temporariamente en agosto del 2012 por una denuncia sobre un mensaje de texto amenazante salido de un teléfono de la Brigada hacia el fiscal Eduardo Lago de nuestra ciudad, la mayoría de los dirigentes políticos locales y regionales y representantes de las instituciones intermedias salieron en su defensa. Vale recordar que, la defensa pública de Druetta no solo la hicieron el entonces diputado provincial, Maximiliano Pullaro, y el exsenador provincial, Lisandro Enrico, como denunció en el 2021 el inefable exministro de Seguridad, Marcelo Saín.
Es que el duro policía que había llegado al extremo sur santafesino para desbaratar las principales bandas narcos, en realidad liberaba la región para el ingreso de Ignacio Actis Caporale, alias “Nacho” u “Ojito”. Un famoso vendedor de drogas que estuvo prófugo desde septiembre del 2012 y fue detenido en diciembre de 2016 cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo localizaron en el autódromo de Buenos Aires. Estaba a bordo de un Ford Fiesta por largar una carrera en una escudería en la que era piloto desde hacía un año y competía bajo el seudónimo de “Alex Aqua”. El mismo Caporale, luego declaró como arrepentido y detalló la maniobra realizada por Druetta.
Mientras si hablamos de complicidades políticas, también por Venado Tuerto tenemos un caso paradigmático.
El 8 de marzo del 2022 renunció el director de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Horacio Lucchini, luego que apareciera mencionado por Mariana Ortigala, una testigo clave del caso Esteban Alvarado (uno de los narcos más importantes de Rosario) por presuntas maniobras de tráfico de influencias que incluía el ofrecimiento de favores a Guillermo Cantero, líder de la banda de Los Monos.
Lo cierto es que este oscuro personaje, antes de asumir en la repartición provincial, trabajó en el Juzgado Federal de Venado Tuerto. Más precisamente, señalaban que Lucchini fue secretario del Juez Federal, Aurelio Cuello Murua. En realidad, aunque él se presentaba como secretario y casi funcionaba como tal, su cargo era oficial notificador.
El hecho revistió una gravedad institucional de consideración, fue la primera vez que un funcionario político del área de Seguridad aparece directamente vinculado a una causa de narcotráfico. Es más, sobre todo, porque su nombre sonaba insistentemente como posible reemplazante del entonces ministro del área, el venadense Jorge Lagna (con quien había tejido una especial relación en su paso por Venado Tuerto).
Según el mismo testimonio de Mariana Ortigala, Lucchini manifestaba abiertamente que su objetivo era alzarse con dicho lugar. “Matías Herrera y Lucchini en la reunión me dijeron que Lagna, o sea el ministro de seguridad es muy endeble, que él aspira a ese puesto, o sea que Lucchini lo quiere sacar a Lagna y quedarse él. Cuando digo endeble quiero decir frágil, débil, permeable, se le ríen, se le cagan de risa, o sea como que lo pueden manipular”, textual de declaración de Ortigala.
Lo cierto es que después se comprobó que le cobró US$150.000 a Ariel “Guille” Cantero, a cambio de beneficios dentro de la Unidad Penitenciaria.
Lucchini nunca fue imputado, menos detenido. Tampoco jamás regresó a su cargo al Juzgado Federal de Venado Tuerto, quizás todavía siga de licencia. No se sabe demasiado de su paradero actual, desapareció. Tan es así que era un asiduo tuitero, pero el mismo día que renunció fue su última participación en la red social.
Mientras tanto, por ahora lejos está en el discurso oficial hacer eje en las complicidades policiales o políticas.
Por eso, nunca serán suficientes los controles en las cárceles. Es que, a pesar de que se impidió el contacto de amigos y familiares con los denominados presos de alto perfil, en cada requisa a sus celdas les encuentran celulares. Esto demuestra que hay otros actores importantes a tener en cuenta.
De esta manera, las recetas que se insisten en repetir en Rosario son un paliativo, para un problema mucho más complejo y difícil de resolver.
Ver notas relacionadas:
El opaco personaje que pasó por Venado Tuerto y sembró zozobra en el gobierno provincial
Seguridad y política: las enseñanzas que dejó el caso Druetta
Nota anterior: Rosario al borde del precipicio: la hora de parar la pelota