En la primera semana del juicio por la megaestafa inmobiliaria las cartas están echadas, las pruebas parecen contundentes y, por lo tanto, existe una alta probabilidad de que los tres acusados culminen condenados. De todos modos, esto no significa que sea inminente las detenciones en una unidad carcelaria.
Más allá de los reclamos realizados al respecto, sobre todo por el intendente venadense, Leonel Chiarella, la realidad es que los tiempos de la justicia son diferentes y habrá que esperar que el fallo quedé firme para ver a los acusados tras las rejas. Es decir, luego vendrá la sentencia de la Cámara de Apelaciones y en todo caso todavía puede quedar pendiente otra posible instancia de revisión ante la Corte provincial y/o nacional. Encima, en el caso del abogado venadense Antonio Di Benedetto, ya se le vencieron todos los plazos de prisión preventiva, y podrá pasar el resto del proceso en libertad.
Así, cabe recordar que el principal acusado es Di Benedetto, sindicado como el jefe u organizador de la banda. Luego, en un segundo escalón, aparece el gestor Raúl “El Mago” Jaime, quien operó como informante y beneficiario en algunas de las estafas. Mientras, Marcelo Sava, en un tercer escalón de la organización, habría participado en la celebración de algunas de las operaciones inmobiliarias fraudulentas.
Los tres, según la acusación del fiscal Matías Merlo, formaban una asociación ilícita que se apropiaban de bienes inmuebles urbanos y rurales en la región. También eran parte de “la banda” los ya condenados en procedimientos abreviados: Ángel Emilio Moreale, Fernando Astigarraga, Eugenio Luis Casadei, Walter Diaz Franco, María de los Ángeles Sarrias, Danisa Elisabet Pintos, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dall Armellina, Luis Celio Restovich, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo y Luis Alejandro Bentatti.
Al respecto, en abril del año pasado el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori confirmó la sentencia convenida en procedimiento abreviado para la mayoría de los integrantes de “la asociación ilícita”. Solo Sava no acordó en dicha oportunidad por tener una causa previa. O sea, que en ese momento los demás aceptaron su culpabilidad (incluido los otros dos, ahora sentados en el banquillo de los acusados).
Sin embargo, un par de meses después, el propio Di Benedetto (en maniobra que Merlo tildó de dilatoria) sorprendió desconociendo el abreviado que él mismo había convenido y decidió apelar el fallo. Apelación que la Cámara Penal de Rosario integrada por los jueces: Daniel Acosta, Carina Luratti y Alfredo Ivaldi, aceptó y, en noviembre del 2021 emitió un fallo en el que destacaron que “por la dimensión del delito y la magnitud del daño provocado a las víctimas, el juicio abreviado no puede ser convalidado”. Por dicho motivo, hoy se está celebrando el juicio oral y público.
Diario de un juicio
Muertos que “resucitan”, enfermos engañados por su propio médico (Alejandro Dall Armellina) que les hace rubricar papeles en blanco que luego se convierten en boletos de compra y venta, personas con nombres falsos (por ahí aparece un Carlos García Moreno, nombre verdadero de Charly García), profesionales que se abusan de los datos que le proveen sus propios clientes y otras tantas argucias se escucharon en los pocos días del juicio.
Por ahora desfilaron por tribunales en calidad de testigos: la abogada oriunda de Los Quirquinchos, Amanda Emeralda Armatto; exsecretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza; el secretario de Juzgado de primera instancia de distrito en lo Civil y Comercial, Walter Bournott; y el juez de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Gustavo Bertram. En tanto, en tercer y cuarta jornada, fueron dedicadas exclusivamente a la reproducción de las numerosas grabaciones telefónicas realizadas entre diciembre del 2016 y marzo del 2018. La única testigo en esos días fue la abogada Silvana Evangelina Aguilar, integrante del Ministerio Público de la Acusación, que tuvo a su cargo la desgrabación.
Dichas escuchas son la prueba fundamental de la investigación realizada por la fiscalía a cargo de Matías Merlo y, de hecho, fueron objeto de la principal impugnación realizada por la defensa de los acusados, quienes insistieron reiteradamente con el planteo de nulidad de las mismas. Planteo que fue rechazado de pleno en marzo del 2020 por el juez de Segunda Instancia, Tomás Orso. Los audios escuchados, que solo son una parte de los recolectados (la desgrabación total tiene más de 700 páginas) mostraron evidencias contundentes sobre el presunto proceder delictivo utilizado para apropiarse de inmuebles urbanos y rurales.
Mientras tanto, en el alegato realizado el primer día, el fiscal Merlo repasó las treinta maniobras defraudatorias que son parte del juicio y que, según el exfuncionario provincial, Matías Figueroa Escauriza, el patrimonio estafado alcanza la cifra de veinte millones de dólares (al día de hoy cuatro mil millones de pesos). Lo que la convierte en la causa de megaestafa inmobiliaria más grande que se investigó en la historia de la provincia de Santa Fe.
Las cartas están echadas
No hay dudas que el juicio se extenderá por unos cuantos días más. En varios de ellos el principal protagonista seguirán siendo las escuchas, pero se esperan además el testimonio de más de 74 personas, entre ellos, varios damnificados y hasta de integrantes de la presunta banda, que por ser arrepentidos lograron algunos beneficios procesales.
De todos modos, luego de las primeras cuatro jornadas parecen que las cartas están echadas.
Merlo reclama dieciséis, doce y seis años de prisión efectiva para Antonio Di Benedetto, Raúl Jaime y Marcelo Sava, respectivamente.
Ahora, solo queda esperar el final del juicio para escuchar la sentencia del triunvirato de jueces integrado por: Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.
Y como dijimos en las primeras líneas, a pesar del reclamo de Chiarella al que se sumó la diputada Rosana Bellatti, todavía queda mucho camino por recorrer antes de ver a los acusados tras las rejas.