Antonio Di Benedetto es insignificante, también lo es Raúl Jaime y más lo es, Marcelo Sava. En realidad, lo que si es significante fue la decisión de la Justicia de avanzar y de condenar a personas que cometieron este tipo de delitos (de guante blanco, les llaman).
Es que uno de los reproches más importantes (y más justificados) que se le hace a la Justicia es la permanencia del sistema selectividad penal. Esto es, la disposición de reducir la implementación del poder punitivo sobre las personas que integran los sectores más vulnerables. Justicia clasista la denominan en ciertos ámbitos académicos, de ahí que las cárceles luzcan llenas de pobres.
Así las cosas, el cierre del maratónico juicio (el más largo que se recuerde desde la implementación del sistema oral en Venado Tuerto) de la denominada megaestafa inmobiliaria, con los principales acusados condenados en primera instancia, es un atisbo de esperanza. Más allá que habrá que aguardar que transcurran las distintas opciones de apelación que definirán si la condena se ejecuta o no.
Dicho sea de paso, el abogado venadense -sobre todo- cuenta con recursos suficientes para seguir invirtiendo en costosos estudios de abogados que le permitan insistir con distintos recursos revocatorios.
El caso venadense como la excepción
De todos modos, por ahora el caso venadense sigue siendo una excepción para una Justicia que está lejos de sancionar este tipo de delitos más complejos.
Al respecto, existen diversos atenuantes sobre el tema, el principal: la escasez de recursos. En el juicio de la megaestafa, esto fue por demás de evidente.
De hecho, esa escasez de recursos provocó, entre otras cosas, que las audiencias se extendieran más de lo esperado. Conseguir la disponibilidad de la vieja y única sala que existe en la ciudad para llevar a cabo un juicio de la dimensión de la megaestafa, pareció en algunas etapas una dificultad extrema. Tan es así, que varias jornadas tuvieron que suspenderse o postergarse por la no disponibilidad del lugar.
A la vez, la escasez de recursos también tiene su correlato en el personal disponible para afrontar investigaciones tan complejas como estás. El Ministerio Público de la Acusación carece en Venado Tuerto de profesionales adecuados (peritos contables, por ejemplo) que puedan colaborar con el fiscal. En el transcurso de las audiencias, esta situación fue palpable y hasta a veces parecía que la defensa contaba con mayores recursos que la propia fiscalía a cargo de Matías Merlo. Este mismo escenario la sufrieron los jueces: Leandro Martín (presidente), Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle, que integraron el tribunal.
Pero, también el caso venadense es la excepción, si lo comparamos con lo acontecido con la causa espejo de Rosario. Está última, que se inició en similar periodo (ambas tuvieron su origen en el año 2017, luego de una denuncia surgida desde el Registro General de la Propiedad) fue cerrada en 2018 con la sola obligación de los acusados (un reconocido agente bursátil y el gerente comercial de un medio de comunicación) de restituir los bienes birlados y de realizar una reparación económica a las víctimas. Un dato no menor es que el que tomó la decisión de no avanzar en el caso, fue ni más ni menos que el exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal, luego destituido y hasta detenido por probada complicidad con el oscuro empresario del juego santafesino Leonardo Peiti.
¿Un caso único?
A su vez, más allá de la dimensión de la causa (es la estafa inmobiliaria más importante de la historia santafesina, el patrimonio despojado alcanza la cifra de veinte millones de dólares), este no es el único caso de fraudes con propiedades urbanas y rurales que ocurren por acá. Si, quizás fue uno de los más burdos.
Habría que recurrir a la historia profunda de esta parte de La Pampa Húmeda para recopilar unos cuantos casos similares que comparten un mismo patrón, esto es: aprovecharse de titulares registrales (personas o sociedades) con complicaciones temporales por diferentes situaciones, para desapoderarlos ilegalmente de sus bienes.
Sin embargo, no hace falta irse tan lejos, pues aquí nomás en el tiempo existieron otros “vivos” (algunos de ellos, también profesionales) que utilizaron información calificada que obtuvieron en su paso por la función pública para apropiarse de bienes que tenían distintas dificultades registrales. Dichos casos, también “hicieron ruido”, pero no llegaron a pasar por la Justicia.
Es más, en los próximos meses desde la misma fiscalía llevarían a juicio otra causa diferente que involucra a reconocidos ciudadanos venadenses.
Por eso, tal como sostuvimos en las primeras líneas, Di Benedetto (a pesar de su esfuerzo para no serlo) sigue siendo insignificante. Lo que si es “significante” es que la Justicia avance sobre estos tipos de delitos, que son tan o más gravosos que “los comunes” que todos los días ocupan importante espacio en los medios de comunicación.
Ver notas anteriores:
Megaestafa inmobiliaria: comenzó el juicio con “jugosos” alegatos de fiscalía y defensa
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