En las últimas semanas, Santa Fe volvió a estremecerse. El 30 de marzo, un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N° 40 de San Cristóbal durante el izamiento de la bandera. Mató a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho. La escena quedó grabada como una marca brutal de época.
Pero no fue un hecho aislado. En los días siguientes se multiplicaron las amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia y también en otras jurisdicciones del país. Pintadas en baños, mensajes en redes, audios viralizados. No todos esos episodios derivan en ataques. Aunque todos producen un efecto real: suspenden clases, movilizan familias, activan fiscalías, instalan miedo. Y cuando el miedo se organiza de ese modo, deja de ser un hecho individual para convertirse en un problema social.
La reacción pública, sin embargo, oscila entre dos extremos igualmente estériles: minimizar (“son chicos, es una broma”) o sobreactuar (“cada amenaza es una masacre inminente”). En este caso, ninguno de los extremos parece adecuado y, además, .culminan obturando la posibilidad de un abordaje integral y meditado.
Porque lo que está ocurriendo en las aulas santafesinas no es una sucesión de episodios policiales, sino un síntoma al que es necesario prestarle atención.
El grito antes del disparo
El atacante de San Cristóbal no apareció de la nada. Estaba bajo tratamiento psicológico, tenía antecedentes de autolesiones, sufría bullying, atravesaba una situación familiar compleja y, según su entorno, se sentía invisible. La investigación también detectó elementos de planificación en redes sociales, en comunidades cerradas donde circulan códigos, pertenencias y, en algunos casos, la glorificación de la violencia.
Nada de eso justifica el acto. Pero ignorarlo es garantizar que se repita.
Y, sin embargo, en este punto se produjo uno de los errores más serios en el abordaje del caso. Desde el gobierno provincial se eligió poner el foco en esa dimensión (la supuesta pertenencia del adolescente a una suerte de “tribu digital” que habría dado sentido al ataque) en lugar de priorizar una lectura más precisa: la de un adolescente en crisis, atravesado por padecimientos concretos, cuyo acto debía ser entendido como un síntoma.
Ese desplazamiento no es menor. Porque en una adolescencia atravesada por el sinsentido (por la falta de referencias estables, por la fragilidad de los vínculos, por la dificultad de inscribirse en un lazo), otorgarle sentido a la violencia puede funcionar como una forma de legitimación. Donde había un acto desesperado, se construye un relato. Donde había un síntoma, aparece una épica descabellada, pero épica al fin. Y ese es, probablemente, el peor error.
No solo porque desdibuja el problema real, sino porque además potencia su circulación. Al instalar una narrativa apoyada en comunidades digitales, el caso se volvió más replicable y más fácil de viralizar. En lugar de aislar el hecho como una situación extrema y singular, se lo integró a un guion disponible.
Las amenazas que aparecieron en cadena en distintas escuelas de la provincia, incluídas las de Venado Tuerto, no pueden explicarse mecánicamente por eso. Pero tampoco pueden leerse al margen de ese efecto contagio. Cuando el abordaje público amplifica el fenómeno, el riesgo deja de ser solo el hecho en sí y pasa a ser su reproducción.
Una lógica que precede al acto
Hay algo que une el ataque consumado con las amenazas que no llegan a concretarse: en ambos casos aparece una lógica común, la de hacerse existir por el impacto. Existir porque se detiene la rutina, porque todos miran, porque el miedo organiza la escena.
Ahí está el punto ciego del debate público. Se sigue creyendo que el problema empieza cuando aparece el arma o la amenaza. Pero el problema empieza mucho antes: cuando un adolescente descubre que puede ser alguien a través del terror.
Lo que sucede en Santa Fe dialoga con un escenario más amplio. En distintas provincias se acumulan episodios de violencia escolar, intentos de suicidio y crisis de salud mental en adolescentes. Los datos son elocuentes: crecen los trastornos de ansiedad y depresión, aumentan las autolesiones, y el suicidio se consolida como la principal causa de muerte violenta en Argentina, con un corrimiento cada vez más marcado hacia jóvenes.
Hay un patrón que se repite: aislamiento, fragilidad de los vínculos, uso intensivo de redes sociales, falta de adultos disponibles y retroceso de políticas públicas en salud mental. En ese contexto, el malestar no desaparece. Se transforma. Y muchas veces encuentra en la escuela el escenario donde estalla.
La trampa del punitivismo
Frente a este panorama, la respuesta más rápida es el endurecimiento: sanciones, imputaciones, más controles, más policía. Es una reacción comprensible, pero profundamente insuficiente.
El punitivismo tiene una ventaja: da la sensación de acción inmediata. Ordena el caos, al menos en la superficie. Pero no resuelve el problema de fondo. En algunos casos, puede incluso agravarlo.
Ante el hecho puntual, se puede encarcelar (solo momentáneamente, porque en la mayoría de los casos son inimputables), asustarlos, estigmatizarlos. Y, la opción de cobrarle a los padres los operativos puede ser un recurso aceptable, pero de dudosa eficacia. La lectura vuelve a ser parcial. ¿Es culpa de los padres lo que hacen sus hijos? ¿O hay un clima de época que empuja a los adolescentes y que es imposible ponderar por los padres?
Expulsar, estigmatizar o reducir a los sospechosos a un expediente judicial puede tranquilizar momentáneamente a la opinión pública, pero no ofrece ninguna respuesta a la pregunta central: ¿qué falló antes, qué alertas hubo, por qué las instituciones no anticiparon lo que podía suceder?
A la vez, también es claro, que como en todo caso donde aparece lo público, hay otra pregunta necesaria: ¿Son suficientes los recursos que otorga el Estado para prevenir este tipo de episodios? ¿Cuanto invierte el Estado en gabinetes psicopedagógicos en las escuelas? Y, en todo caso, cuanto de responsabilidad existe en un Estado que recorta cada vez más recursos en la educación.
Porque cuando la intervención aparece recién después del estallido, ya es tarde.
La escuela en el centro de la escena
La paradoja es evidente. La escuela sigue siendo uno de los pocos espacios donde el malestar adolescente puede visualizarse, pero al mismo tiempo se convierte en el lugar donde ese malestar se dramatiza de forma más extrema.
Se amenaza a la escuela porque todavía hay allí un resto de comunidad: docentes, directivos, familias, reglas. Y es justamente en ese espacio en el que la violencia busca perforar.
Por eso la discusión no puede reducirse a “más seguridad” o “más autoridad”. Tampoco a un abordaje ingenuo que subestime los riesgos. El desafío es otro: cómo reconstruir, antes del acto, un espacio donde la palabra tenga lugar.
Cambiar el enfoque no implica ser complaciente con la violencia y sus impulsores. Implica ser eficaz.
Porque detrás de cada amenaza hay un mensaje distorsionado, un intento fallido de ser visto. Y si ese mensaje no encuentra traducción en la palabra, termina encontrándola en el acto.
La tentación de cerrar el debate con condenas y patrulleros es fuerte. Pero también es peligrosa. Porque si la única respuesta es el castigo, el próximo episodio está a la vuelta de la esquina. Por si acaso, es necesario volver a recordar que, a pesar del cambio de época, la rebeldía sigue siendo una de las formas centrales en que la adolescencia expresa su malestar.
Los chicos ya gritaron. La pregunta es si esta vez vamos a escuchar algo más que el ruido del disparo.