Fernando Fetter (53 años) aguardaba desde el mediodía la orden para volver a subirse a la ambulancia y emprender otro de los tantos viajes que ya había realizado a Rosario en busca de una paciente. La hora indicada para partir era antes de las 14. Tenía todo listo. Lo iba a acompañar un enfermero que estaba de turno. Pero el viaje se postergó: la orden desde Rosario fue esperar una hora más, debido a que querían cerciorarse de que el estado de la paciente fuera el mejor para emprender la vuelta a su ciudad de origen.
El destino, el maldito destino, quiso que en el cambio de turno ingresara el médico Paulino Palancar (43 años), quien terminó siendo el elegido para acompañar a Fernando en reemplazo del enfermero que ya culminaba su jornada de trabajo. Los viajes a Rosario son muy ansiados por el personal de salud, ya que a los alicaídos sueldos que perciben se les suma un extra de alrededor de $35.000 para los choferes y de $60.000 o $70.000 (si son de planta fija, este no era el caso) para los médicos. No es una cifra enorme, pero si se logran completar cerca de diez viajes, el ingreso adicional puede ser significativo a fin de mes. Nadie podía prever la desgracia, para un chofer experimentado el viaje era solo una rutina. Sin embargo, el estado de las rutas incorpora un imponderable difícil de anticipar.
Y detrás de esto aparece la instauración de la crueldad como política de Estado, un verdadero síntoma de época. Una crueldad que se manifiesta no solo en la aplicación de medidas económicas y sociales de fuerte impacto negativo en los sectores más vulnerables, sino también en una nueva forma de ejercer el poder, en la que la violencia simbólica y material se convierte en un componente central y deliberado del accionar estatal (Verónica Gago, “La crueldad como política de Estado”, edición N° 300 Le Monde Diplomatique, versión Argentina).
Definir no arreglar las arterias nacionales sustentado en el altar del superávit fiscal es de una crueldad extrema. Sobre todo, en la hipertransitada 33 que se convirtió en una ruta de la muerte. Nada justifica semejante barbarie. Menos aun cuando el gobierno provincial viene reclamando que le transfieran la responsabilidad para poder intervenir. Encima, ni siquiera obedecen la decisión de la Justicia Federal de Venado Tuerto, que le ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.) que realice de manera urgente las intervenciones necesarias en los tramos más deteriorados de las mencionadas rutas nacionales que atraviesan el sur provincial.
El culto a la crueldad es tan evidente que un día después de la tragedia que se llevó a dos trabajadores de la salud, llegó a la sede del Concejo Municipal de Venado Tuerto la respuesta del gobierno nacional a una consulta elevada por el Legislativo local. Con escuetas palabras desde la administración Milei les contestaron que no iban a realizar arreglo ni mantenimiento de las rutas 33 y 8, y que, en todo caso, tendrán que esperar que aparezca una empresa y se haga cargo.
“Pedimos información al gobierno nacional por el muy mal estado que tienen las rutas 8 y 33, y la respuesta que recibimos es que ellos empezaron el proceso de privatización de las dos rutas nacionales, lo que va a implicar la instalación de peajes en distintos tramos para realizar las reparaciones. No es una respuesta que nos agrade porque estamos planteando que se necesita un shock de arreglos en las dos rutas en forma inmediata”, señaló el presidente del Concejo, Santiago Meardi. Al respecto, una jornada anterior al accidente, Vialidad convocó a audiencias públicas para concesionar las rutas nacionales. Claro que este proceso recién comienza y habrá que esperar varios meses para que culmine.
Pero el punto máximo de la crueldad, puesto en palabras, fue la recordada respuesta del vocero presidencial, Manuel Adorni. En su habitual rueda de prensa en la Rosada, ante la consulta de un periodista sobre la falta de obras en las rutas nacionales, manifestó fríamente: “No tenemos ningún tipo de preocupación”.
Síntoma de época
La crueldad llegó para quedarse, la administración Milei optó por eliminar o reducir al mínimo las instancias de mediación. Esto implica una ruptura con la tradición de negociación social y política que, mal o bien, imperó en la esta última etapa democrática de Argentina.
Un claro ejemplo al respecto es la reciente decisión de un gobierno nacional de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1% de aumento mensual, a pesar de la rúbrica realizada entre el gremio de comercio y las cámaras del sector.
Este clima de época se traslado indirectamente a Santa Fe, donde un gobierno que marca continuamente la diferencia con la gestión Milei, definió realizar los incrementos salariales de parte de los trabajadores estatales por decreto, rechazando las decisiones tomadas en mesas paritarias.
Aunque, vale aclarar que en nuestra provincia los dos gremios centrales de la administración pública, UPCN y ATE quienes culminan siendo funcionales a esta decisión, ya que son los que aceptan desde hace años (también pasó en la anterior gestión de Omar Perotti) las propuestas del Ejecutivo y dejan en off side a los demás sindicatos que posteriormente definen rechazar idénticas propuestas para sus afiliados.
“El gobierno está fuera de la ley, los trabajadores si hacemos eso seguramente vamos presos, pero el gobierno reiteradamente desde que asumió nos ha pagado los aumentos por decreto, desentendiéndose de lo que marcan las paritarias”, denunció Silvia Buzzi, una de las referentes de Amsafe General López, días atrás.
A la vez, Buzzi advirtió que el gobierno provincial “ejerce una extorsión porque se instauró el premio de Asistencia Perfecta que es un presentismo, que obliga a los docentes a ir a trabajar para no perder el 15 por ciento del salario, que se entrega en forma no remunerativa, haciendo que asistan enfermos o sin estar de acuerdo con el salario”.
En este contexto, tras el fracaso de la reciente paritaria municipal, desde la Festram anunciaron un paro de actividades por 48 horas para el próximo miércoles 28 y jueves 29. Distintas versiones sobre el tema indican que los Municipios estarían a un paso de subirse al clima de época y podrían proceder a descontar el día no trabajado.
Si esto sucede será un antes y un después para Venado Tuerto, ciudad en donde el gremio y el municipio conviven, a pesar de sus diferencias, con una relación armónica que podría romperse.
Las consecuencias de la crueldad
Fernando Fetter y Paulino Palancar no salieron a buscar la muerte. Salieron, como tantas veces, a cuidar la vida de otros. En una ambulancia del SIES 107, rumbo a Rosario, cumpliendo su deber con compromiso y vocación. Lo que encontraron fue una trampa tendida hace años, una traza que, como advirtió el fiscal Julián Cochero, “no tiene banquinas amplias, con una caída abrupta a los costados, lo que reduce al mínimo la capacidad de maniobra ante cualquier imprevisto”. Una ruta nacional que debería ser segura, y que a esta altura (después de varias promesas y anuncios) debería ser autopista, pero no lo es. Y ahora, ni siquiera se le realizan los mantenimientos mínimos.
La 33 ya era una ruta de la muerte antes del martes a las 16, cuando el accidente ocurrió en el kilómetro 659, cerca del acceso a Elortondo. La ambulancia rozó un carretón que transportaba una cosechadora, se enganchó y terminó estrellándose contra otro camión que venía de frente. Una cadena de fatalidad, sí. Pero también de abandono, de desidia, de advertencias ignoradas y pedidos desoídos. Las pericias dirán si hubo infracciones, pero el drama mayor está a la vista: el volumen de tránsito, la falta de obras, el deterioro estructural. Y detrás, una decisión política.
Porque cuando un gobierno responde que no va a hacer arreglos, que no va a mantener la ruta, que “no tiene ningún tipo de preocupación”, como dijo el vocero presidencial, lo que está diciendo —sin pudor— es que algunas vidas valen menos. Que pueden esperar. O peor: que pueden perderse.
Fernando tenía 53 años, vivía en Venado Tuerto. Paulino, de 43, era papá de una niña y vivía en San Gregorio. Uno era chofer, el otro médico. No estaban ahí por casualidad: habían elegido trabajar en la primera línea del sistema público de salud, asistiendo a aquellos que los necesitan. Como escribió el SIES Santa Fe: “”Eran un médico y un chofer de ambulancia. Dos de esos que no dudan, que corren cuando alguien cae, que se juegan la vida por salvar la de otros. Hoy la ruta se volvió silencio. Hoy la sirena no anuncia auxilio, sino ausencia”.
Sus muertes no son solo una pérdida: son una advertencia. Nos obligan a dejar de naturalizar el abandono. A no aceptar que la política se ejerza con crueldad como doctrina. Que la vida humana pueda quedar subordinada a un Excel o a un discurso de ajuste.
Porque Fernando y Paulino murieron trabajando. Y su entrega no merece solo homenajes. Merece justicia. Merece memoria. Y, sobre todo, merece que nunca más tengamos que escribir una nota como esta. Porque cuando el Estado se desentiende, cuando la política se vacía de empatía, cuando la crueldad se vuelve doctrina, lo que se pierde no es solo una obra o un salario digno: lo que se pierden son vidas.
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