La anterior nota de opinión la cerramos refiriéndonos a lo que denominamos “la otra elección”, esto es, la elección del fiscal general de la provincia y de cinco fiscales regionales (entre ellos el de Venado Tuerto).
En ese sentido, destacamos que la misma se cerrará en los próximos días, ya que los actuales mandatos vencen el 20 de abril. De hecho, culminada la instancia de los concursos y con las ternas de candidatos en manos del gobernador, se espera que en los primeros días de la semana venidera lleguen los pliegos de los nombres elegidos a la Legislatura, quedando para la Asamblea Legislativa la tarea de aprobarlos o rechazarlos. Si ocurre esto último, la opción que le queda a Omar Perotti es elevar un nuevo pliego. Es que no podrá recurrir a la aprobación ficta (opción utilizada en otras oportunidades), puesto que el oficialismo no cuenta con la mayoría que podría dejar sin quórum a la Asamblea.
Más allá de los tecnicismos, lo que está en juego no es poca cosa, esto es quien dirigirá la política de persecución delictiva en la provincia y en las cinco regionales. Sobre todo, en una Santa Fe que está atravesada por el fenómeno de inseguridad, fundamentalmente de la mano de los enfrentamientos narcos que tienen en vilo a Rosario y también (aunque con menos prensa) a otras localidades.
Es más, a pesar de que el cargo de Fiscal General es el más importante categóricamente, el peso de la persecución delictiva en el territorio lo tienen los regionales.
Roscas
Lo que impera en estas últimas jornadas son las roscas políticas. Es que, aunque el Ministerio Público de la Acusación nació en 2014 como un organismo independiente encargado de la persecución de los delitos penales, siempre estuvo a expensas de las decisiones de los políticos. Basta preguntarles a los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra qué les sucedió cuando atinaron someter a un proceso judicial al senador provincial, Armando Traferri.
Es más, la Legislatura en diciembre del 2018 definió aprobar una ley que les permite investigar a los fiscales. O sea, el mismo senador “investigado” tiene potestad para pedir sancionar, y hasta destituir, a quienes lo investigan. Encima, en una “mojada de oreja” a todo el MPA, Traferri fue luego elegido para representar al Senado en la Junta provincial de Seguridad. Ni hablar de lo ocurrido el último miércoles, donde el mismo senador increpó públicamente a Schiappa Pietra a la salida del acto de apertura del año judicial en los Tribunales de Rosario.
En síntesis, estos episodios forman parte de una realidad que excede la idea de la creación del MPA, la corporación política es quien finalmente decide el funcionamiento del organismo. Hoy tiene en sus manos definir sus futuras autoridades.
Las pujas
Desde el arranque del MPA en el 2014, pasaron dos fiscales generales, Julio de Olazábal y el actual, hasta el 20 de abril, Jorge Baclini.
Ambos con su perfil le dieron su impronta al organismo, pero es difícil realizar una evaluación general al respecto. En principio, con una provincia atravesada por el enfrentamiento narco y con récords de homicidios en Rosario, podría evaluarse como negativo su funcionamiento. Sin embargo, cabe resaltar que fue el MPA quien definió meter manos en el asunto, y ante la inacción del Justicia Federal, comenzó a investigar y encarcelar a líderes de bandas narcos por delitos provinciales (la venta de estupefacientes es un delito de incumbencia federal). De hecho, a pesar que todavía no cuentan con los recursos suficientes (por ejemplo es inentendible que no posean cargos de peritos contables que ayuden en la investigación de los delitos económicos), los fiscales se las rebuscaron para realizar su trabajo.
También, el crecimiento de detenidos en las cárceles de Santa Fe demostraría que la persecución criminal es más eficiente en la provincia (aunque ese dato también podría tener otra lectura que excede esta nota). Tan es así, que en un reciente informe el director del Servicio Penitenciario, Gabriel Leegstra, manifestó que las unidades penitenciarias de la provincia están superpobladas y que el excedente humano supera las dos mil personas.
A su vez, otros episodios atravesaron la historia reciente del MPA, como la lamentable detención del exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y de su ladero, el exfiscal Gustavo Ponce Asahad. Ambos fueron condenados por ser cómplices de bandas dedicadas al juego clandestino. En tanto, en Venado Tuerto, en abril del 2021 Mauro Blanco también fue destituido como fiscal y condenado por sus vínculos con un vendedor de drogas de por acá.
Más allá de lo dicho, es necesario revalorizar la creación del MPA como institución en el marco del imperioso cambio del sistema procesal penal impuesto en Santa Fe.
Lo cierto es que la puja por la fiscalía general y las cinco regionales se comenzará a resolver en los próximos días. El martes anterior se publicaron las ternas y para el máximo cargo los candidatos que quedaron en pie son: el camarista santafesino Roberto Prieu Mántaras (quien sería el favorito del gobernador, pero con fuerte oposición en la Legislatura por sus antecedentes por demás de conservadores); el camarista rosarino Javier Beltramone que cuenta con apoyo de sectores del radicalismo, y María Cecilia Vranicich, rosarina, actual auditora del MPA y con banca del socialismo.
Si el gobernador se decide a enviar el pliego del primero, se esperan largas jornadas de discusión y la posibilidad certera de su rechazo (la oposición tiene amplia mayoría en la Legislatura) lo que abriría, como explicamos líneas atrás, un complicado proceso a futuro.
Mientras, Matías Merlo, Horacio Puyrredón y Eduardo Lago (en ese orden) componen la terna de postulantes al cargo de Fiscal Regional de la 3ra. Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación con sede en Venado Tuerto. Por acá la situación es diferente, porque Merlo, quien al ser el primero de la terna surge como el favorito, no parece contar con demasiada oposición política.
Así las cosas, en un contexto de una crisis de inseguridad, y con un panorama económico que colabora en tal sentido, “la otra elección” que se define en los próximos días debería formar parte del debate público.
Claro que es difícil peticionarle a un ciudadano atravesado por un proceso inflacionario creciente, que se preocupe de estos menesteres. Finalmente, es la clase política la que debería estar a la altura de las circunstancias. ¿Será reclamarle demasiado?