(*) Por Hernán Lascano
En enero pasado la Justicia Federal de Rosario le revocó a Lorena Verdún la excarcelación que le había concedido tras condenarla en 2019 a cinco años por comercio de drogas. La ex mujer del Pájaro Cantero había sido detenida en enero en un procedimiento de la Justicia provincial en el que le encontraron un arma de fuego ilegal con tres cargadores en el mismo allanamiento en el que a su hijo Luciano Cantero, al que acusaban de ordenar balaceras extorsivas y de un asesinato, le secuestraron 24 armas flamantes. Tras estar tres años en libertad al aparecer ese nuevo delito la Justicia Federal le canceló la libertad.
En marzo pasado un hombre, una mujer y su hija de un año fueron masacrados a tiros a la salida de un casamiento en Ybarlucea. Los que se casaban, Brisa Leguizamón y Esteban Rocha, estaban investigados en una causa por venta de drogas de la zona norte de Rosario. Ella tenía prisión domiciliaria y él una excarcelación hasta el juicio. La brutalidad del asesinato múltiple que puso a gente corriendo a refugiarse en un salón de fiestas acabó con el beneficio. La Justicia Federal solicitó que ambos quedaran detenidos.
Este jueves la Corte Suprema de la Nación se trasladará a Rosario como mecanismo simbólico de acompañamiento a la Justicia Federal de Rosario ante la epidémica situación de violencia y la explosión del narcotráfico en la ciudad. En ese escenario resonarán los pedidos del arco político y entidades sociales para impulsar la creación de nuevos juzgados y fiscalías en esa órbita judicial. Son acontecimientos que no ocurren hace tres décadas cuando el fenómeno criminal no había hecho correr regueros de sangre en barrios enteros ni habían prosperado emprendimientos formales e informales alimentados con capital narco.
Una inquietud brota sola frente a la voluntad comprensible de cambiar el afligente escenario. ¿Habría cambiado algo en el caso de Lorena Verdún o de los actores del casamiento de Ybarlucea si funcionaran en la ciudad diez juzgados federales de instrucción? Seguramente muy poco. Porque es una vetusta cultura de funcionamiento sistémico la que impide resolver los problemas. Y porque además las intervenciones judiciales ya no moderan ni atenúan el delito cuando no hay inteligencia criminal preventiva, cuando no existe un control sobre las personas excarceladas y sujetas a trámite judicial, cuando en nueve de cada diez juicios hay policías condenados y cuando lo único que logra el mecanismo de sentencias, cuando funciona, es que las personas que llegan a la cárcel potencien desde allí los hechos de sangre y la rentabilidad de sus negocios.
El énfasis en colocar la creación de cargos en la Justicia Federal de Rosario como superación de los problemas de violencia en la ciudad marca la impotencia de una política desnortada en materia de seguridad pública. En Santa Fe la política improvisa, balbucea ante el fenómeno que no puede dominar y no lo puede dominar porque no lo conoce. Y desde que implosionó el fenómeno narco no hay una coordinación que supere lo episódico, en términos de planificación a largo plazo, entre Nación y Provincia.
La Corte Suprema está en Rosario.
Hace muchos años que los casos de violencia y drogas están disociados. No en la sociedad, donde van juntos, sino en el ámbito judicial. Y hace años que los narcos más representativos de la ciudad son conocidos por la Justicia Federal cuando la Justicia de la provincia empieza a escarbar en sus cruentas acciones. Los que atacaron el Centro de Justicia Penal a balazos eran comercializadores de droga. La Justicia Federal se ocupó de miembros de Los Monos una vez que sus colegas de la provincia los condenaron por los homicidios, balaceras y extorsiones que concretaban por sus negocios narcos.
Esteban Alvarado está acusado en un juicio donde parte decisiva de la carga probatoria surge de un expediente que la Justicia Federal de Rosario desechó hace diez años. Se trata de 14 informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) donde quedaba claro a qué se dedicaba Alvarado, quiénes eran los socios policiales, quiénes los comerciales, adónde llegaban las avionetas con sustancia y qué actores de la criminalidad organizada con nombre y apellido desplegaban sus acciones en el tablero regional, precisamente en el año 2013, cuando la tasa de homicidios de Rosario se duplicó, llegando a 271 asesinatos. Este miércoles el fiscal provincial Luis Schiappa Pietra, que acusa a Alvarado por asociación ilícita con buena parte de aquella evidencia rendida por la PSA, calificó de incomprensible esta acción de la Justicia Federal y pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación que la investigue.
En esa misma época el fiscal ordinario de San Isidro, Patricio Ferrari, afirmó públicamente que había detenido a Alvarado por liderar una banda de ladrones de autos de alta gama pero que lo que expresaban las escuchas que sirvieron para imponerle condena demostraban que el robo de vehículos era un delito menor al lado del negocio narco y la protección policial que recibía. Nadie de la Justicia Federal se dio por aludido por eso que un juez dijo de viva voz y no por atribuciones de terceros.
También en ese atávico año 2013 en un juicio oral y público en la Justicia Federal de Rosario habló Jorge Halford. Este hombre ya fallecido, con condenas por narcotráfico desde 1977, dijo que el mayor cartel de drogas que había conocido en su vida en Santa Fe era la policía. El día de su descargo reconoció su actividad ante quienes lo escucharon. Lo juzgaban por acopiar 153 kilos de marihuana en una vivienda en Roldán. Halford admitió que esa carga era suya, pero sostuvo que la forma que la policía acudió para llegar a la casa, para tener motivo para allanarlo, fue plantando droga en su camioneta. Y sostuvo que lo hicieron porque él, por apego personal a un código de su actividad delictiva, jamás trabajaría para los jefes de Drogas Peligrosas.
Los jefes de Drogas Peligrosas eran Gonzalo Paz y Oscar Romero. El primero terminó su carrera como jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo en 2020 cuando lo corrieron del cargo para allanarlo en la misma causa penal que la de Alvarado, requerido -con otros de Drogas Peligrosas- por autoridades departamentales. Durante años los irregulares procedimientos de estos jefes se escucharon en audiencias públicas en Oroño al 900 por quienes quisieran hacerlo. Muy a menudo procedimientos sin orden fundamentada, en base a siempre inhallables informantes anónimos, en los que nunca se justifica una llamada o un contacto y de los cuales se da aviso a la Justicia a veces hasta ocho horas después.
“Casi desde que tengo memoria en Rosario los tribunales de instrucción y los tribunales orales de la Justicia Federal fueron la oficina de certificaciones para policías que armaban operativos sucios como una papa. Ahora va quedando claro que esos policías sentaban en el banquillo a los enemigos de sus amigos“, dijo Alberto Tortajada, un abogado penalista que a los 82 años y tras haber recibido cuatro balazos en la puerta de su despacho siente no tener ya muchas cosas que disimular. Con las acciones espurias y avaladas de esos policías, algunos recientemente condenados como socios de Alvarado, los jueces federales se cansaron de imponer condena.
Pero de poco o nada de esto se hablará en el encuentro en la Facultad de Derecho de la UNR. Como no se escucharán voces de funcionarios de la Justicia Federal de Rosario que no quieren ser rehenes de lo que sienten será una gigantesca marquesina de aspiraciones políticas y de poder de espacios con los que cada día fracasan en la interacción. Según algunos de ellos, ni el Consejo de la Magistratura ni la Corte Suprema contestan las notificaciones que dan cuenta de los problemas en Rosario en el alojamiento de presos, de los inconvenientes para los traslados cuando no hay cárceles federales en Santa Fe ni para conseguir pulseras electrónicas para aquellos que siguen trámites en prisión preventiva, o del modo de monitorear a personas que no tienen condena pero que están involucrados en causas que implican una conflictividad con alto costo en vidas humanas.
Al fin de cuentas que Lorena Verdún estuviera excarcelada cuando no tenía condena firme no es algo que esté jurídicamente mal. Lo mismo vale para la pareja del casamiento narco de Ybarlucea. El problema es que no existe una política criminal integrada con agencias que verifiquen a través de inteligencia qué están haciendo personas que esperan veredictos definitivos pero están en medio de los entornos violentos propios de las economías criminales. Algo que la creación de una decena de juzgados y unas cuantas fiscalías difícilmente puedan remediar. En los últimos 50 casos de juicios, en el 90 por ciento fueron condenados policías.
Hay un problema de política criminal que implica coordinación de agencias. La Justicia Federal está indudablemente retrasada treinta años en recursos. Pero si se actualiza, que necesitamos que suceda, inciertos resultados obtendrán esos nuevos jueces y fiscales en tanto no haya controles de liberados, trabajo de campo en los territorios conflictivos para tener información criminal y una policía confiable para delegarle esas tareas. En una provincia de Santa Fe donde frente a la magnitud de la violencia letal la improvisación es en el presente el aspecto más distintivo de las acciones de seguridad.
No hay en la Justicia Federal de Rosario rutinas de producir información y divulgarla periódicamente hacia la comunidad que implique un mínimo registro de su existencia. Los dos jueces de instrucción en Rosario, a diferencia de lo que pasa en Comodoro Py, no investigan sino que delegan en los fiscales todas las causas. Es un hecho que la Justicia Federal de Rosario no persiguió a Esteban Alvarado teniendo información notable sobre él durante siete años, o que condenó a Los Monos quince años después de que sus delitos de violencia estremecieran la ciudad, o que jamás avanzó sobre Patricio Gorosito, fundador del Club Real Arroyo Seco, teniendo elementos de sobra desde antes de que la Justicia Federal de Chaco lo condenara en 2010 por contrabandear mil kilos de cocaína a Europa.
Todo este mirar para otro lado pasó por desidia, por comodidad, por incapacidad o por algún otro motivo. Pero pasó. Recién hace dos años algunos fiscales federales empezaron a romper un encriptamiento letal para la comunidad al aceptar investigar en forma conectada con fiscales provinciales los hechos donde se entrecruzan los mismos actores criminales, sus mismas zonas, sus mismos ilícitos. Cuando hace más de una década es notorio en el ámbito de la Justicia provincial que los delitos de alta letalidad de los que debían ocuparse tenían que ver con droga.
Se ha dicho ya en el pasado: por su dialecto encriptado, por sus movimientos al compás de la coyuntura, por demorar u omitir respuesta sobre delitos evidentes que la comunidad conoce, esta Justicia Federal de Rosario es hace tiempo blanco de preguntas sobre sus fines y utilidad pública. Es algo más allá de conductas individuales de sus miembros: hay en el diagnóstico una percepción de descalabro sistémico. Es fundamental modificar el modelo de enjuiciamiento hacia un esquema acusatorio que rompa la opacidad con audiencias públicas desde el inicio, controles de legalidad de las detenciones y algo de transparencia para rutinas tan oscuras.
Pero es importante enfocar bien, para aprovecharlo, este respaldo público que jueces de todo el país vienen a darle a los miembros de la Justicia Federal local, que más que acechanzas del poder narco, que existen, ha tenido mérito propio en construir una relación de distancia extrema con la sociedad civil. El apoyo para el cambio será siempre bienvenido.