Por Marcelo Boyle
El próximo 14 de julio, Santa Fe iniciará un proceso institucional de enorme relevancia, una convención constitucional. Este evento puede marcar un punto de inflexión en la historia política y jurídica de la provincia. Por eso, es fundamental reflexionar sobre el clima ético, político e institucional que la rodeará.
No se trata solamente de modificar artículos o ajustar la técnica legislativa de una norma largamente cuestionada —como señalamos en otra ocasión—. El éxito de esta reforma dependerá menos de la cantidad de disposiciones modificadas y más del modo en que sean debatidas y consensuadas.
Aclaremos: nos preocupa, y mucho, la escasa presencia de especialistas en derecho constitucional y parlamentario entre los convencionales. Sin embargo —y aquí está el verdadero eje—, la experiencia comparada demuestra que ningún proceso de reforma se sostiene solo en la técnica. Hace falta voluntad política para construir sin destruir, escuchar sin claudicar y acordar sin imponer.
Desde el derecho, la noción de constitucionalismo dialógico aporta una clave esencial: redactar una Constitución no es solo definir reglas, sino abrir un proceso sostenido de diálogo entre actores institucionales y sociales. Como plantea Roberto Gargarella (2013), una Constitución democrática no es simplemente una estructura jurídica, sino una arquitectura del disenso regulado. Por eso, una convención constituyente es, al mismo tiempo, un acto jurídico y comunicacional.
Entonces, lo que estará en juego es la capacidad de los y las convencionales constituyentes de ejercer la política en su versión más alta: la del diálogo democrático, la del acuerdo sin sometimiento. Todo ello, en un clima de época de grave crispación social y grietas que asoman a cada paso.
Las experiencias pasadas lo demuestran con claridad: ni la reforma nacional de 1994 ni el intento chileno de 2022 lograron sostener sus estructuras sin legitimidad social. Ninguna arquitectura institucional, por sólida que parezca, puede perdurar si no se cimienta en el respeto mutuo y en el intercambio honesto entre fuerzas políticas.
Por eso es clave entender el acuerdo político no como un trueque de favores, sino como una negociación basada en principios. Así lo sostienen Fisher y Ury en Getting to Yes (1991): negociar no es imponer ni ceder sin convicción, sino construir opciones de beneficio mutuo basadas en intereses reales y criterios objetivos.
De acuerdo con los autores, una negociación basada en principios propone enfocarse en los intereses (y no en las posiciones), generando opciones de mutuo beneficio y usando criterios objetivos como base de las decisiones.
En ese marco, negociar implica ceder sin perder convicciones, persuadir sin imponer, y buscar puntos de contacto sin resignar el mandato popular que cada bloque trae consigo. Lejos de ser una amenaza a la identidad política de los constituyentes, el acuerdo es una forma superior de ejercicio democrático. Y en tiempos de polarización crónica, la capacidad de acordar no es una señal de debilidad, sino un ejercicio de pragmatismo político y una virtud republicana olvidada.
Norberto Bobbio lo expresó con claridad al afirmar que la democracia es, ante todo, un método para tomar decisiones colectivas respetando la diferencias: “El acuerdo, y no la imposición, es el alma de la política democrática” (Bobbio, 1990, p. 45).
El pluralismo, como bien observó Hannah Arendt (2005), no es un obstáculo para la acción política, sino su condición de posibilidad. Una convención diversa no debe entenderse como un problema, sino como una oportunidad para enriquecer el debate y ampliar los consensos.
En ese contexto, el desafío no es solo jurídico, es también político y ético. Se trata de transformar la diferencia en deliberación, y la deliberación en un texto constitucional que convoque a la ciudadanía, más allá de las banderas.
No es una reforma más. Es una oportunidad histórica para actualizar nuestra institucionalidad y, al mismo tiempo, una prueba de madurez democrática. Esperemos que los actores actúen a la altura del desafío. La sociedad estará observando.
*Abogado. Mg. en Administración y Políticas Públicas. Consultor Empresarial y Gubernamental. Investigador en Políticas Públicas
Ver nota anterior del mismo autor: Los límites de la Reforma Constitucional