La justicia local tardó cinco días en responder, y lo hicieron mediante un escueto comunicado firmado por el Consejo Regional del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, donde le pidieron al intendente, Leonel Chiarella que respete “el marco institucional” y “la división de poderes dentro de una república”. Además, le reprocharon que las críticas vertidas no solo fueron dirigidas al ejercicio de sus funciones, sino que también “tienden a descalificar en un plano personal”.
Por supuesto, dicha respuesta envalentonó aún más al mandatario que insistió: “Que los jueces no pierdan tiempo en un comunicado, utilicen ese tiempo en poder escuchar a la gente, resolver esos casos y plantear soluciones”.
Cabe recordar que Chiarella antes, en ocasión del discurso de apertura de Sesiones Ordinarias 2022 del Concejo Municipal, había vuelto a recurrir (no es la primera vez que lo hace) a realizar una cruenta crítica a los jueces, pidiéndoles que se comprometan con la sociedad y que “no sean cómplices de la impunidad”. Además, expresó “un fuerte hartazgo sobre la denominada puerta giratoria, esa figura que describe la captura de delincuentes y la falta de firmeza en los fallos judiciales que los devuelve a sus casas en cuestión de pocos días”.
Así las cosas, no hay dudas que a esta altura el enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado ya es un clásico. Un enfrentamiento que hasta ahora no contribuyó demasiado a aminorar los problemas de inseguridad, en todo caso, lo contrario.
Es más, Chiarella no es el único mandatario que recurre al recurso de antagonizar con los jueces, lo hace también el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández y los integrantes del gobierno nacional. Entre otras cosas, este último acusó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de complicidad con el poder económico. Es más, fue el propio gobierno nacional, el que propinó y empujó la insólita manifestación frente a la sede del máximo tribunal o el que insiste con su proyecto de democratización de la Justicia.
Así las cosas, teniendo en cuenta el trillado (y a veces merecido) desprestigio del poder judicial, para el poder político confrontar con los jueces parece ser “negocio”.
¿Los jueces culpables de todo?
A esta altura es un lugar común sostener que los jueces forman parte de un sector privilegiado de la sociedad. Pero, eso no los convierte en “culpables”.
Aunque tampoco son una isla en un país donde la mayoría de las cosas funcionan bastante mal. ¿Con qué vara los mide la política?
Y en todo caso, hasta dónde la política es responsable de lo que ocurre en el ámbito judicial. Dicho sea de paso, la política es la que otorga los presupuestos y los cargos al poder judicial.
La política también es la que se inmiscuye e invade continuamente el otro poder que debería ser independiente. Las ideas de Montesquieu plasmadas en 1748 en su obra: “El espíritu de las leyes”, está muy lejos de cumplirse.
Un claro ejemplo de esto último fue lo sucedido el último viernes donde la Asociación de Fiscales de Santa Fe recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que en Santa Fe “hay persecución política y hostigamiento a los fiscales“ por parte del poder político cuando las investigaciones los tocan.
En la audiencia desarrollada de manera online Gisela Paolicelli, presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, subrayó que en nuestra provincia, “el sistema de Justicia quedó absolutamente subordinado al poder político” tras una reforma que le permite a la Legislatura la facultad de suspender, destituir y amonestar a los fiscales por una única causal, el mal desempeño”. “Suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, se lamentó.
A su vez, denunció que los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, fueron desplazados cuando en el 2017 investigaban el manejo de los subsidios de los senadores. Y ahondó sobre el caso que involucra al senador Armando Traferri, resaltando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia santafesina que convalidó la inmunidad de arresto para el legislador. “¿Hasta cuándo la impunidad?”, se preguntó luego de resaltar que existen innumerables pruebas recolectadas por los fiscales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que permitirían acusar en la acusar a Traferri como participe de una empresa criminal que regenteaba juego ilegal con el capitalista Leonardo Peiti a la cabeza.
Sin embargo, fue la propia Cámara Alta santafesina con el voto de representantes de todos los partidos, la que rechazó su desafuero (después convalidado por la Corte). Y luego de resaltar que por dicha decisión la causa no pudo avanzar, se preguntó: “¿Hasta cuándo la impunidad?”. Y agregó: “Nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no. El poder político hizo todo lo posible para dominar y someter a la Justicia”. En contraste con tal situación, volvió: “Mientras, la Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles”.
La inseguridad un tema complejo
Ahora bien, retomando lo sostenido por Chiarella, es verdad que existen bolsones de impunidad, pero insistir con el lugar común de “la puerta giratoria”, es a esta altura un discurso tribunero. La realidad desmiente ese relato: las cárceles están superpobladas y encima por un gran porcentaje de presos que no tienen condena. En todo caso, si existiera dicha puerta giratoria, es la política la que debería preocuparse en construir o reclamar más y mejores lugares para albergar a los futuros presos.
Como sea, es imperativo que los distintos poderes del Estado debatan sobre el tema de la inseguridad. Pero, dicho debate no puede eximir de tener en cuenta la creciente descomposición social que crece día a día en nuestro país.
Que cuatro de cada diez argentinos padezcan pobreza es la primera afrenta moral de la que hay que hacerse cargo.