El último martes el Tribunal Electoral de Santa Fe subió a la web oficial las listas de candidatos que competirán en las elecciones del 13 de abril para conformar la Convención Constituyente encargada de reformar la vetusta Constitución de Santa Fe, vigente desde 1962. Tal como sostuvimos en la nota del domingo anterior, se confirmó la integración de las diversas listas con los sorpresivos cambios en su composición posterior al acuerdo entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el expresidente, Mauricio Macri. Así, destacamos que mutó completamente el perfil de los candidatos oficiales, dejando de lado la idea de incluir en ella los principales dirigentes de la alianza gobernante. La vicegobernadora, Gisela Scaglia del PRO y a la presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Clara García eran números puestos para ocupar los primeros lugares.
A esto se sumó la fractura del PJ que culminó presentando distintas listas, algunas por fuera, y con la oficial encabezada por un extrapartidario el líder de Ciudad Futura, Juan Monteverde. A su vez, algo parecido ocurrió con los Libertarios que tenían la oportunidad histórica de plantar un mojón en la política santafesina, pero que terminó dividido con la lista encabezada por la exmodelo Amalia Granata corriendo por fuera y restándole votos.
Pero, más allá de esto aparecen otros datos sobresalientes, la casi inexistencia de constitucionalistas en las diversas listas y la escasez de candidatos del departamento General López.
Cabe recordar que el proceso determinará la elección de 69 convencionales, de los cuales 50 serán electos por distrito único provincial en base a la proporcionalidad de los votos, mientras que los restantes 19 serán elegidos a razón de uno por cada departamento (ahí sí General López tendrá uno garantizado), replicando el esquema de la actual Asamblea Legislativa.
General López: un departamento relegado en la conformación de listas
Pese a ser el tercer departamento más importante de la provincia, General López quedó relegado en la lista de distrito único. Así, apenas aparecen dos representantes vinculados a la región con posibilidades de ingresar entre los 50 electos: Lionella Cattalini (PS), oriunda de Villa Cañás pero con su carrera política radicada en Rosario; y el gobernador Maximiliano Pullaro, nativo de Hughes, pero cuya presencia responde más a su investidura que a una representación territorial genuina.
Después aparecen: el actual diputado provincial el venadense Leo Calaianov, en el puesto 28 del oficialismo; la firmatense Carolina Chipoloni en el lugar 23 en Más para Santa (lista oficial del PJ); el rufinense Rodríguez Giménez y la venadense Stella Lapelle, en el 20 y 25 del Frente Amplio por la Soberanía; Javier Mellano y Diego Coronel, 19 y 21 en La Libertad Avanza. Todos con casi nulas posibilidades de quedar entre los 50 convencionales.
Lo cierto es que históricamente, la participación de General López en las instancias de decisión política provincial siempre fue fluctuante. Sin embargo, la llegada de Maximiliano Pullaro al gobierno había marcado una recuperación de espacios que, a juzgar por la configuración de las listas, no se refleja en la Convención Constituyente. La concentración de los principales candidatos en Rosario y Santa Fe evidencia un sesgo centralista que deja de lado a una región con demandas específicas que deberían plasmarse en la nueva Constitución.
De todos modos, a pesar de este escenario adverso, el sistema electoral garantiza que al menos un representante del departamento llegue a la Convención a través del cupo departamental. Sin embargo, este mecanismo, pensado como un resguardo mínimo, no compensa la falta de voces locales en la lista de distrito único, que será la que defina la mayoría de los escaños.
La ausencia de constitucionalistas
Más allá del desequilibrio geográfico, la composición de las listas también deja en evidencia otra falencia grave: la falta de especialistas en derecho constitucional. De los 69 convencionales que serán electos, solo tres son abogados con especialización en la materia. Esta cifra es llamativa si se tiene en cuenta que el propósito de la Convención es, precisamente, reformar el marco normativo que rige la provincia.
Este déficit responde a varias razones. En primer lugar, la selección de candidatos priorizó el peso político por sobre la formación técnica, lo que ha llevado a que la Convención esté integrada, en su mayoría, por dirigentes con trayectoria partidaria pero sin conocimientos específicos en derecho constitucional. Este dato es revelador: la reforma de la Carta Magna, un proceso técnicamente complejo, está en manos de políticos antes que de expertos.
La consecuencia de esta carencia es el riesgo de que la discusión constitucional se reduzca a una negociación política entre sectores partidarios, sin el respaldo técnico necesario para garantizar un proceso serio y con fundamentos jurídicos sólidos. La reforma de la Constitución provincial debe estar guiada por criterios de modernización y adecuación a los nuevos desafíos sociales, económicos y democráticos, y para ello es imprescindible contar con especialistas que aporten una mirada técnica a la discusión.
Sin especialistas, el riesgo es que la Convención repita viejos vicios: cláusulas ambiguas, mecanismos de gobernabilidad frágiles o la perpetuación de privilegios, Y, fundamentalmente, que el eje del debate se limite a la habilitación o no de la reelección del gobernador.
¿Avance democrático o disputa de poder?
De este modo, la configuración de las listas para la Convención Constituyente de Santa Fe deja un saldo preocupante. La subrepresentación del departamento General López en la lista de distrito único evidencia un desequilibrio territorial que atenta contra la equidad en la toma de decisiones. Por otro lado, la ausencia de constitucionalistas entre los candidatos plantea interrogantes sobre la capacidad técnica de la Convención para llevar adelante una reforma con el rigor que la tarea requiere.
Si bien la reforma constitucional es un paso necesario para actualizar la carta magna santafesina que tiene 62 años, la manera en que se conforman los espacios de decisión será clave para determinar la calidad y el impacto de los cambios que se impulsen. La falta de representación territorial y el escaso peso de la experticia académica en la conformación de las listas deben ser una alerta temprana sobre los desafíos que enfrentará la Convención Constituyente en su labor de modernizar la institucionalidad provincial.
Santa Fe merece una Constitución moderna, pero esta solo será legítima si refleja la diversidad de su territorio y cuenta con las herramientas jurídicas para perdurar. La historia juzgará si este proceso será un verdadero avance democrático y una mejora institucional para la provincia o si quedará reducida a una simple disputa de poder.