La inminente inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°238 “Dr. Ricardo Torres Blanco” representa mucho más que una obra concluida: es el cierre de una larga saga de frustraciones, licitaciones caídas, fondos retenidos y luchas comunitarias que se extendieron por más de dos décadas.
El reciente anuncio del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, marcó el tono de ese final feliz: “Esto sí fue ponerse la obra al hombro. Entre todos logramos sacar adelante un proyecto que estuvo abandonado durante años… ¡y lo conseguimos!”.

De la ilusión al abandono: veinte años de idas y vueltas
El sueño de un edificio propio comenzó a tomar forma en 2004, cuando la escuela —creada en 1964 como un espacio educativo nocturno para jóvenes trabajadores— fue incorporada a los planes nacionales de infraestructura escolar.

Recién en 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y tras gestiones del entonces diputado provincial Darío Mascioli, el proyecto ingresó al Programa Promedu III, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Los planos fueron presentados ese mismo año y la licitación nacional se concretó en 2014 con tres empresas oferentes.
El entusiasmo se tradujo en hechos: en enero de 2015 se firmaron los contratos y comenzaron los trabajos a cargo de la firma Ecopsa, con un presupuesto inicial de poco más de 14 millones de pesos. Pero ese impulso duró poco. A fines de ese mismo año, tras la asunción de Mauricio Macri, los fondos dejaron de girarse y la empresa abandonó la obra, que apenas había alcanzado un 40% de avance.
Promesas renovadas, frustraciones repetidas
En 2017, el entonces diputado nacional del PRO Ricardo Spinozzi anunció una nueva licitación para concluir la escuela. Sin embargo, el intento volvió a naufragar: las empresas adjudicatarias no cumplieron los plazos, y el edificio quedó como una estructura vacía, deteriorándose a cielo abierto en el barrio Iturbide.
Con el correr del tiempo, el predio se convirtió en símbolo del abandono estatal, e incluso vecinos denunciaron que el lugar era utilizado como refugio por delincuentes.

En 2021, con Alberto Fernández en la presidencia, se relanzó la licitación con un presupuesto actualizado de 69 millones de pesos, pero nuevamente se anuló por inconsistencias en los precios. Al año siguiente, el entonces gobernador Omar Perotti encabezó una nueva apertura de sobres: dos empresas presentaron ofertas, aunque muy por encima del monto oficial. Finalmente, en agosto de 2022, se retomaron las obras, pero la historia volvió a repetirse.
En mayo de 2023, la entonces delegada del Ministerio de Infraestructura, Liliana Rostom, confirmó que la obra estaba nuevamente paralizada “porque Nación dejó de enviar los fondos”. Días después, docentes, estudiantes y autoridades locales realizaron un abrazo simbólico en reclamo de su reactivación.

“Esta obra atravesó todos los gobiernos y partidos políticos, por lo tanto, nadie puede sacarse el lazo de encima”, advirtió entonces el intendente Leonel Chiarella, reflejando el hartazgo de una comunidad que veía cómo lo poco que se había construido se cubrían de pastizales.
La decisión que cambió el rumbo
El giro llegó a fines de 2024, cuando el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro decidió hacerse cargo del proyecto y firmar un convenio con Nación para traspasar la obra a la órbita santafesina. El ahora ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, que había seguido de cerca como senador provincial el derrotero de la escuela durante años, confirmó en noviembre de ese año la reanudación definitiva de los trabajos.
“Era una deuda con la educación pública de Venado Tuerto. La Provincia asumió la responsabilidad y decidió terminarla con fondos propios”, afirmó en ese momento la senadora Leticia Di Gregorio.
Hoy, con el edificio prácticamente listo para su inauguración, la Escuela 238 se prepara para dejar atrás una historia de frustraciones que se extendió por más de veinte años.

El caso de la Escuela 238 sintetiza un patrón demasiado conocido en la Argentina: la falta de continuidad de las políticas públicas. Cada cambio de gestión significó volver a empezar, renegociar contratos, recalcular presupuestos y reabrir licitaciones. En el medio, una comunidad educativa debió resistir el desgaste del tiempo, el escepticismo y la postergación.
La decisión de la actual administración provincial de asumir la ejecución directa de obras que Nación no concluyó marca un cambio de paradigma. Sobre todo, porque esta medida del gobierno de Maximiliano Pullaro ocurrió en el contexto de un Ejecutivo Nacional que, desde la asunción de Javier Milei, definió dejar de realizar obras públicas.
Cuando finalmente se corten las cintas del nuevo edificio en el barrio Iturbide, no solo se estará inaugurando una escuela: se estará cerrando un capítulo de desidia y abriéndose otro de reparación y memoria cívica, donde la perseverancia de docentes, alumnos y vecinos fue determinante.
La historia de la Escuela 238 enseña que las obras públicas también son relatos de voluntad política y de compromiso ciudadano, y que cuando ambos confluyen, se convierten en realidad.







