Mauro CamillatoOpiniónEl urgente pedido de Justicia por Lucas Cabral: hiperpunitivismo, silencios y una historia que se repite

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La muerte (¿asesinato?) del joven Lucas Cabral (22 años) no debe ser en vano y debería abrir un urgente debate que escape de los posicionamientos simplistas en los que nos encontramos encorsetados en el medio de una inseguridad creciente que el ciudadano común siente como insoportable. Más allá de esto, lo que más llama la atención es el silencio del Ministerio de Seguridad provincial, de las autoridades policiales y hasta de la clase política local en su integridad.

Lucas venía en su moto de la casa de un amigo en la noche del sábado 25 cuando se cruzó con un móvil policial, como no tenía casco y además circulaba en horario prohibido en épocas de cuarentena, decidió acelerar. A partir de ahí se inició una exagerada y desproporcionada persecución policial que sumó varios patrulleros más (algunos testigos hablan de hasta diez móviles) y que culminó en calle Chile (Lucas circulaba en contramano por dicha calle) y Cabral cuando otro móvil se le cruzó y provocó la colisión que posteriormente causó la muerte del joven de sólo 22 años.

 “A Lucas me lo mató la policía, quiero que se haga justicia, que vengan las autoridades, el fiscal y que esto no quede en la nada.  Nada me va a devolver a mi hijo”, dijo su madre en la manifestación realizada el último martes.

Mientras su padre, Roberto, en un tono desgarrador remarcó: “El único error de Lucas fue no parar” y luego agregó: “Lo único que espero es que el fiscal investigue bien. Yo quiero que el tipo que le cruzó el auto a mi hijo esté preso”.

Lo cierto es que más allá de lo que dijeron los padres, no hay ningún dato que involucre a Lucas en un hecho delictivo, como tampoco tiene antecedente penal alguno. Por lo tanto, de ninguna manera se justifica semejante persecución solamente porque no tenía casco o porque incumplía el horario de la cuarentena.

Ahora bien, la pregunta es: ¿Por qué la policía actuó de esta manera? ¿Qué los llevó a perseguir a Lucas hasta culminar provocándole la muerte?

Antecedentes venadenses

Una primera respuesta a estas preguntas quizás la encontremos en los antecedentes más próximos que tenemos en la historia reciente en nuestra ciudad. Y en ese sentido podríamos respondernos que la policía, y en todo caso  la política (el Estado) que es quien la conduce (o por lo menos debería hacerlo), en todo este tiempo no aprendieron nada. Un educador diría que en esta oportunidad el proceso de enseñanza/aprendizaje fracasó, ya que nadie incorporó las experiencias previas para evitar que la historia se repita. O quizás, como sostiene Ana Braghieri, o las repeticiones no suceden por falta de aprendizaje sino por todo lo contrario, y al fin y al cabo “la policía tiene un manual para estas situaciones”.

El 8 de septiembre de 1999, Clemente Arona regresaba a su casa en una motocicleta Honda 250 cc. Tenía apenas 22 años (la misma edad que Lucas Cabral) cuando un Chevrolet Monza del Comando Radioeléctrico, al mando de Roberto José Mandelli y con otros dos policías en su interior, persiguió a la víctima por una supuesta infracción de tránsito (otra similitud) y lo culminó atropellando.

Los argumentos oficiales fueron que había desoído una alerta policial y que estaba en franca actitud de rebeldía. Sin embargo, la investigación judicial determinó que el joven fue embestido en forma harto sospechosa, dado que las pericias oficiales determinaron que Mandelli, tras una persecución de varias cuadras, a la altura de Chacabuco y ruta 8, y a una velocidad de 120 km por hora, embistió desde atrás a la moto en que se desplazaba Clemente, arrastrándola a lo largo de casi 100 metros. Las pericias también demostraron que el conductor no habría realizado ninguna maniobra para evitar la colisión. Producto de las lesiones sufridas, falleció días después en el Hospital de Emergencias de Rosario.

Lo cierto es que el caso llegó a la Justicia pero sufrió distintas dilataciones inexplicables y controversias, que culminaron el  11 de diciembre de 2006 (¡siete años después!) cuando  la Sala I de la Cámara de Apelación Penal de la ciudad de Rosario dictó sobreseimiento por “prescripción de la acción penal” en favor del agente de la Policía, Roberto José Mandelli, acusado de perseguir, atropellar y dar muerte a Clemente.

Desde ese día Ana Braghieri, la madre de Clemente, con su admirable y destacada entereza, no dejó de reclamar justicia por su hijo en todo momento. Ana es hoy una luchadora incansable que por supuesto se hizo presente en la manifestación realizada el último martes por los padres de Lucas. “Después de esto, nuestros hijos nos dejan la misión de advertir y enseñar. Hoy no luchamos más por Clemente ni por Lucas, hay que luchar por los que quedan dando vueltas para que no tengan que pasar por eso”, dijo Ana mostrando otra vez su dignidad y claridad conceptual.

Medianoche del miércoles 7 de octubre del 2015,  Natalia Gavaziutti (30 años), su hija Rocío Gavaziutti (12 años) y Leonardo Díaz (29 años) circulaban en una moto por España y Agüero cuando fueron atropellados por José Daniel Nacre, que  huía de la Policía  a casi 100 km por hora en un automóvil marca Volkswagen, modelo Bora, que había sido robado horas atrás. Los tres fallecieron en el momento tras ser arrastrados por el auto unos cuantos metros.

En este caso, Nacre fue condenado el 22 de junio del 2017 por el tribunal integrado por los jueces: Leandro Martín, Lorena Garini y Silvina Marinuchi,  que tuvo a su cargo el debate del juicio oral y público- a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo (luego la Cámara de Apelación en lo Penal  de la 3° Circunscripción Judicial lo bajó a 15), por ser el autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual de tres personas, en concurso real con encubrimiento y resistencia a la autoridad; todo en concurso ideal.

Mientras tanto, a pesar del debate mediático y público que conllevó el caso, nada se determinó sobre el proceder policial.

Actuación policial y debate social

Ahora no hay dudas que el accionar policial sucedió en el contexto de un discurso social y político montado en una oleada hiperpunitivista que reclama mayor represión, más cárcel, más condenas y hasta realiza apología de la justicia por mano propia. Es la misma lógica blandida una y otra vez por dirigentes políticos, que para sacarse culpas, machacan sobre el lugar común de la “puerta giratoria” de la Justicia que beneficia a las personas privadas de libertad. Aunque esos mismos dirigentes políticos saben que la realidad desmiente ese relato: las cárceles están superpobladas  y encima por un gran porcentaje de presos que no tienen condena.

Por supuesto eso no quiere decir que no existan bolsones de impunidad, sino todo lo contrario, no decimos eso, pero ese no es el único y/o principal problema. Y por si acaso, vale la pena aclarar, tampoco somos cultores del falso garantismo que pide  “libertad” para todos (y todas).

Debatir en serio el tema significa hacerlo sobre la gran descomposición social que crece día a día en nuestro país  y eso es mucho más dificultoso. Sobre todo porque esos mismos políticos que piden más punitivismo como la única salida, son los principales responsables de dicha situación.

El tema se torna más complejo aún cuando los dos sectores de “la grieta”, que aparentemente tienen dos miradas completamente diferentes, poseen representantes que piensan en la misma línea. Ejemplo de esto son Sergio Berni y Patricia Bullrich, que con protagonismo mediático similares (la televisión, sobre todo, tiene predicción por estos personajes) son portadores de dicho discurso.

En el medio de este contexto se encuentra una fuerza policial carente de formación adecuada, que culmina “saliendo a cazar” presuntos delincuentes como sea, sin importar demasiado las formas.

Por estos lados, desde hace tiempo a esos operativos de los llama elegantemente “de saturación”. Operativos con los cuales comenzó la anterior administración provincial y continúa la actual, a pesar de tener distinto color político. Cabe recordar que dichos operativos a mediados del año pasado fueron declarados ilegales por el juez  de primera instancia, Benjamin Révori, pero posteriormente la Cámara de Apelación en lo Penal  de la 3° Circunscripción Judicial, revocó “parcialmente” la resolución.

Silencio político y policial

De todos modos, lo que más llamó la atención del caso fue el silencio de los integrantes del Ministerio de Seguridad provincial, de las autoridades policiales y hasta de la clase política en su integridad, que hasta el momento no emitieron palabra alguna sobre lo sucedido.

De hecho el Ministerio de Seguridad y la propia Jefatura Regional de la Policía son adeptos a enviar partes de prensa detallando los resultados de los operativos de saturación. Sin embargo, no apareció ningún parte sobre la persecución a Lucas Cabral. Tampoco posteriormente y hasta el día de hoy ninguna de las autoridades del Ministerio de Seguridad, que dicho sea de paso tiene ahora varios venadenses integrándolo, salió a realizar una declaración para tratar de dilucidar mínimamente lo sucedido.

Lo mismo cabe para la dirigencia local, tan proclive a acompañar cualquier manifestación pública, que en este caso no se hizo presente. Y el sayo le cabe tanto al oficialismo (aunque el intendente mantuvo una comunicación privada con la familia) como a la oposición. Es más, pocos días antes contrastando con esta situación, “todos” se acercaron a una manifestación de vecinos que reclamaban por la instalación de una antena para telefonía celular.

Por su parte, los familiares de Lucas también reclamaron por la inacción judicial, y hasta afirmaron que recién tres días después del hecho el fiscal de la causa, Mauro Blanco, se comunicó con ellos. Y como siempre sucede en estos casos, más tarda la Justicia en proceder, más se dificulta en encuentro de pruebas y más aún de testigos (los familiares ya advirtieron que por miedo la mayoría se niega a hablar)

La memoria de Lucas Cabral y su familia, que quedó con una herida imposible de sanar, se merecen todas las explicaciones posibles y en todo caso hasta el acompañamiento de los responsables del Estado, pero fundamentalmente se merecen justicia. Sin justicia es muy posible que tarde o temprano se repitan los casos, como la historia reciente de Venado Tuerto lo demuestra.

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