El 13 de diciembre del año pasado decíamos, en nota difundida en Venado24, que la causa que tiene como principal protagonista al zar del juego clandestino Leonardo Peiti es un verdadero thriller político, de esos que proliferan en las nuevas plataformas de TV (tan así es que hasta existe la versión que Netflix estaría por realizar una serie al respecto). De hecho, una de las características de este tipo de género es que hasta el final nunca se culmina de discernir quienes son los buenos y los malos. Esto es, los que al principio aparecen como “malos” con el transcurrir de la trama se pueden convertir en “buenos” o viceversa. O hasta o como ocurre en los mejores thrillers todos tienen algo de malo o bueno a la vez.
Lo cierto es que dicho caso provocó un verdadero tembladeral en la dirigencia santafesina, hoy existen dos exfiscales condenados, un senador provincial (Armando Traferri), que por ahora zafó por resguardarse en sus fueros, y otros dirigentes que por ahora aparecen sospechados. A la vez, con el correr de los capítulos pueden surgir más protagonistas de importancia implicados.
Mientras la noticia de los últimos días difundida por diarios santafesinos y rosarinos fue la aparición del nombre del senador de origen venadense, Lisandro Enrico, quien rápidamente salió a responder con un comunicado. Días antes el abogado defensor de Traferri intentó involucrar al actual ministro de Seguridad de la provincia (también venadense), Jorge Lagna, y recordó que el arrepentido exfiscal Gustavo Ponce Asahad, lo acusó de intervenir en favor de Peiti para que éste pudiera sobornar a un juez.
A esta altura la desesperación de los diferentes actores provoca que se tiren nombres por doquier, mientras habrá que esperar para que la mugre tamice y culmine triunfando la justicia. Eso pasa en la mayoría de los thrillers, ojalá en la cruenta realidad santafesina también suceda.
El comienzo
La punta del ovillo de la investigación fue a finés del 2017, tras la denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina Poggio, de la existencia de una sala de juego clandestino en dicha localidad. El entonces fiscal de Melincué, Matías Merlo se hizo cargo de la investigación y ordenó un allanamiento al lugar, donde se secuestró un celular de la persona que administraba el local. En las pericias del celular se comprobó la vinculación de Leonardo Peiti. Además, en las distintas escuchas recolectadas se demostró que éste manejaba no solo la sala de juego de Hughes, sino también tenía otras en: Venado Tuerto, Wheelwright, Casilda, Avellaneda, Reconquista y Vera.
De hecho, hubo un procedimiento anterior que hoy cobra relevancia, el 23 de mayo de ese mismo año luego de una denuncia realizada por el senador Enrico, el entonces fiscal Mauro Blanco requiso diez lugares en Venado Tuerto donde funcionaban casas de juegos clandestinos. Ese momento se aprehendió a seis personas y se secuestraron una importante cantidad de computadoras. Aunque en este caso, no se pudo obtener demasiada información, sobre todo porque los allanamientos se realizaron en el marco de las denominadas requisas voluntarias que acordaban previamente el fiscal con Antonio Di Benedetto, el entonces abogado de los garitos.
Un detalle no menor, son los personajes involucrados en este episodio: Blanco, exfiscal recientemente condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo; y Di Benedetto, también posteriormente condenado a seis años y seis meses de prisión por ser el jefe de asociación ilícita en la causa de la Megaestafa Inmobiliaria.
De todos modos, derivado del caso denunciado por el presidente comunal de Hughes, hacen su aparición en escena los exfiscales de Rosario, Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad (ambos hoy detenidos) quienes culminan entorpeciendo la investigación de Merlo. Después se comprueba que ambos mantenían un fluido contacto, que incluía el pago de sobornos, con el propio Peiti y su abogado Luis Rossini.
Lo que continuó es historia conocida, la intimación con balaceras mediante de integrante de la banda de Los Monos, hizo que el empresario del juego entrará en pánico y terminará rompiendo el acuerdo que tenía con los fiscales. Así en julio del 2019 realizó su primera declaración como arrepentido, entregando a ambos funcionarios judiciales.
En tanto, el ciclo de arrepentimientos y delaciones continuó con Ponce Asahad quien perdido por perdido e intentando bajar su pena, en diciembre del 2020 también decidió abrir su boca. Fue en ese momento, cuando aparece la pata política en el caso, ya que éste último implica directamente al senador provincial Armando Traferri como el articulador entre Leonardo Peiti y el Ministerio Público de la Acusación de Rosario.
A partir de allí los fiscales, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sostienen una pormenorizada investigación y piden el desafuero de Traferri para poder imputarlo. La corporación del Senado culmina negando dicha posibilidad.
Nueva confesión de Peiti y respuesta de Enrico
El último capítulo (hasta ahora) del thriller transcurrió en la semana que se fue. Peiti para evitar el eminente juicio oral y público e intentar bajar la pena firmó un preacuerdo de juicio abreviado en el que admite su responsabilidad en el control los diversos emprendimientos de juego clandestino en la provincia.
Por supuesto en ese marco realizó una nueva declaración, que a pesar de ser confidencial culminó trascendiendo, en la que sostiene que pagaba una importante suma de coima a otros cuatro senadores santafesinos.
En ese contexto diversos medios santafesinos culminan difundiendo posibles nombres de los legisladores nombrados por el zar del juego y aparece el del venadense Lisandro Enrico.
Enrico salió rápidamente a contragolpear y ayer, a pesar de estar atravesando un posoperatorio, definió lanzar un comunicado donde sostiene que denunciará penalmente a Leonardo Peiti por haberlo involucrado en su declaración.
“Es de suma gravedad que un imputado por varios delitos deslice que le dio dinero a senadores, y como en mi caso puntual es un disparate y un invento porque fui uno de los que denunció en la Justicia el juego clandestino, corresponde que se investiguen a fondo esas declaraciones”, acotó el legislador.
Además, agrega: “El beneficio del imputado arrepentido exige, en la ley que lo crea 27.304, que la declaración debe consistir en suministrar información y datos precisos, comprobables y verosímiles; al mencionarme no solo que miente en cuanto a mí u otros senadores sino que está defraudando a la propia Justicia ya que su declaración debe ser basada en información cierta y colaborativa y no en cortinas de humo”.
Por ahora no trascendió exactamente lo declarado por Peiti, aunque diversas fuentes judiciales aclararon que éste último en realidad sostuvo que él le entregaba dinero a un tercero que a la vez lo repartiría entre los senadores mencionados y otros dirigentes políticos y judiciales.
En ese sentido, vale aclarar que para la Justicia no existiría ninguna evidencia concreta que pueda involucrar al senador venadense (diferente al caso de Traferri). Además hay otros datos a tener en cuenta, la aparición de Enrico como denunciante en el 2017 de la existencia de salas de juegos clandestinas en nuestra región y su predisposición a presentarse ante la justicia y no ampararse en los fueros como hizo su par de San Lorenzo.
“Me queda la tranquilidad de lo que siempre hice. Bajo mi firma y con mis denuncias realizadas en sede penal se investigaron una decena de casas de juego clandestino, cosa que hice y sigo haciendo con otros delitos como el narcotráfico. Estar en la vereda de enfrente de Leonardo Peiti o su abogado encubridor Luis Rossini lo tomo como una buena señal de mi rumbo político, porque ellos representan la podredumbre, el delito y la corrupción de esta provincia, yo en cambio trato de representar de la mejor manera a los ciudadanos que me eligen y me dan un mandato de pelear siempre en contra de las mafias”, cierra diciendo en su comunicado.
Revoleo de nombres
Así las cosas, no hay dudas que Leonardo Peiti gozaba de una protección judicial/ política inmensa que le permitió desarrollar su actividad ilegal a lo largo y ancho de la provincia. Es más su nuevo objetivo era utilizar esa red que había logrado tejer durante años para poder quedarse con la concesión legal del juego online de toda Santa Fe.
De todos modos, más allá de los nombres que circulan (y de la verdadera intención de quienes los hacen circular), es necesario que la Justicia decidida ir a fondo y termine de dilucidar con pruebas contundentes lo sucedido.
Este caso, es una muestra fehaciente del porqué un alto porcentaje de los ciudadanos no cree en las instituciones democráticas. Son los propios actores de las instituciones los que tienen la obligación de llevar a cabo la depuración. Si no lo hacen culminarán autofagocitándose.
Ver nota anterior: El lamentable “thriller político” santafesino con un comienzo y un posible final en la región