La confesión del exfiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad provocó un tembladeral en la política santafesina de derivaciones todavía impredecibles. De hecho las primeras consecuencias se vivieron el último viernes, cuando el senador del PJ, Armando Traferri realizó su declaración testimonial y posteriormente los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery anunciaron que pedirán el desafuero de éste para poder imputarlo formalmente.
Pero, más allá que ahora quedará en manos de sus pares de la Cámara Alta santafesina decidir sobre tal petición, todavía en esta historia parece que quedan varios capítulos. Uno de ellos se empieza a escribir aquí nomás, en la fiscalía de Melincué, lugar en donde comenzó esta trama que nada tiene que envidiar a cualquiera de esos thrillers políticos que proliferan en las modernas plataformas digitales.
Es que el fiscal Matías Merlo acaba de elevar a la Oficina de Gestión de esa jurisdicción la investigación cerrada en la que lo acusa al empresario de juego Leonardo Peiti de ser organizador de emprendimientos de casinos clandestinos en siete localidades de toda la provincia de Santa Fe. El funcionario judicial anticipó a Venado24 que solicitó que se le revoqué la libertad al acusado y que se le disponga la prisión preventiva ordinaria, basado en evidencias que marcan que Peiti intentó entorpecer la investigación. Esto significa ni más ni menos que el empresario deberá esperar tras las rejas hasta que finalmente se realice el juicio oral y público, instancia que con suerte podría ocurrir a mediados del 2021. Pero además, si se comprueba su culpabilidad, lo espera un panorama más sombrío todavía, ya que la figura que le imputó Merlo es la de comandar una asociación ilícita que explota el juego ilegal. El mínimo de la escala penal para ese delito es cinco años que pueden trepar hasta un máximo de diez.
Así las cosas, al empresario “caído en desgracia” le queda un atajo para intentar evitar caer tras las rejas, esto es: volver a declararse imputado arrepentido, lo que implicaría que pueda recibir una pena en suspenso. O sea parece no quedarle otra que volver a “abrir la boca”, como ya lo hizo en el comienzo del “thiller”. Claro que ahora para ser aceptado como arrepentido va a tener que declarar algo que le otorgue elementos más importantes a la causa. Tendrá que superar lo dicho por Ponce Asahad, lo cual no es poca cosa. De ahí que la expectativa del campo periodístico, político y judicial santafesino en lo que suceda, aquí nomás a pocos kilómetros de Venado Tuerto.
También mañana lunes, puede haber otro que “abra la boca” e incorpore más suspenso e intriga al thriller. El mismo Traferri prometió realizar una conferencia de prensa.
El comienzo del thriller
Así el primer capítulo de este thriller arrancó a finés del 2017 tras la denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina Poggio, de la existencia de una sala de juego clandestino en dicha localidad. Merlo se hizo cargo de la investigación y ordenó un allanamiento al lugar, donde se secuestró un celular de la persona que administraba el local. En las pericias a dicho celular fue donde se comprobó la vinculación de Leonardo Peiti.
De este modo, el fiscal estableció la intervención del teléfono del empresario y en las distintas escuchas recolectadas se comprobó que éste manejaba no sólo la sala de juego de Hughes, sino también tenía otras en: Venado Tuerto, Wheelwright, Casilda, Avellaneda, Reconquista y Vera.
Fue en el marco de esta investigación cuando Merlo decidió en diciembre del 2018 diligenciar en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario una serie de procedimientos vinculados a la investigación en dicha ciudad. Allí aparece en escena, el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quién le requiere a su par de Melincué que le envíe detalles de la investigación. Ponce Asahad nunca termina de pedir los allanamientos y en ese momento manifiesta que no había pruebas suficientes.
La sorpresa de Merlo fue mayor cuando, poco días después de ocurrido este episodio, se presenta en su fiscalía Luis Rossini, abogado de Peiti, pidiendo información sobre la causa que involucraba a su cliente.
Además el 8 de diciembre de 2018, el todavía Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal le pide una reunión a su par de Venado Tuerto Alejandro Sinópoli para interiorizarse de la causa.
Pero el estupor de Merlo no culminó y luego se da cuenta que todos los garitos que estaba investigando en las distintas localidades se comienzan a levantar. De hecho en los allanamientos, no encuentra nada.
De todos modos, en marzo del 2019 Merlo decidió imputar a Leonardo Peiti y el juez en Primera Instancia en lo Penal de Melincué, Eduardo Bianchini, le otorgó, posterior a imponerle el pago de una caución, la prisión preventiva domiciliaria. Tiempo después se comprobó cómo se enteró Rossini de la investigación y el porqué de los allanamientos fallidos de los distintos garitos.
Es que en diciembre de 2018 el empresario recibió un llamado del fiscal Gustavo Ponce Asahad, que lo convocó a una reunión en un bar rosarino. Peiti, quién en los últimos días de julio realizó su declaración como arrepentido en Rosario, contó a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que Ponce Asahad le avisó de la causa que investigaba Merlo.
En dicha oportunidad el ahora detenido exfiscal rosarino le ofreció que a cambio del pago de 5.000 dólares mensuales le podría dar cierta impunidad en Rosario y a la vez le pasaría información sobre la causa en Melincué.
A partir de ese momento pagó religiosamente cada mes esa suma de dinero. Un amigo del empresario declaró que estuvo presente en estos encuentros entre ocho y diez veces.
Pero el tema se complicó cuando el 1º de julio del 2019 dos jóvenes en moto pasaron por el edificio de Servando Bayo al 1000 de Rosario, donde dispararon once balazos y escribieron con aerosol rojo en una pared el mensaje: “Leo pagá”.
Por supuesto la propiedad pertenecía a Peiti y era el destinatario del apriete que venía nada menos que de la banda de Los Monos. Maximiliano Díaz, alias Cachete, lugarteniente de Ariel Cantero, le pidió mucho más que los fiscales: 400.000 dólares a cambio de no ser blanco de más atentados.
El empresario asustado se reunió con Patricio Serjal, que le dijo que “no estaban dadas las condiciones para hacer la denuncia. Seguí cumpliendo con los pagos”.
Nueve meses después de que sellará el “acuerdo”, Ponce Asahad le pidió como favor a Peiti un adelanto de la cuota porque pretendía irse de vacaciones a Europa. En septiembre de 2019, el empresario dijo que le entregó 10.000 dólares.
A su vez, el 13 y 14 de noviembre del 2019, Peiti y Serjal se encontraron en un hotel porteño. En esa reunión Serjal le pidió un aumento de la cuota. Esta relación llegó hasta julio, cuando el empresario se quebró y “entregó” a los fiscales con su declaración como arrepentido.
El segundo capítulo del thriller
Nueve días atrás fue el turno de la declaración de más de tres horas del exfiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad judicial. Éste reconoció su participación en la organización dedicada al juego clandestino e involucró a altos funcionarios políticos y judiciales. A la vez señaló al senador Armando Traferri como el articulador entre Leonardo Peiti, el capitalista del juego ilegal y el Ministerio Público de la Acusación en las figuras del jefe regional de Rosario, Patricio Serjal (también detenido).
Así, el exfiscal dio detalles de encuentros, llamados y mensajes que intercambió con Traferri, tratando de inculpar de mayores responsabilidades a su superior Serjal y la connivencia con importantes referentes políticos. En ese sentido, apuntó también a un exministro de Carlos Reutemann, el exdiputado Carlos Carranza, con estrechos vínculos en la justicia local, quien supuestamente informaba sobre los movimientos de causas ligadas al juego en el Ministerio Público de la Acusación.
Pero además, Ponce Asahad otorgó otro dato en su declaración, habló de magia negra e implicó a “una curandera” venadense que es la madre de Néstor “Coqui” Ugolini, el empleado del MPA Rosarino que también está acusado en la causa por el cobro de coimas del juego.
Tercer capítulo
Por supuesto no fue menor el impacto de las declaraciones de Ponce Asahad y rápidamente Traferri presentó un escrito refutando las acusaciones. El legislador señaló que solo mantuvo contactos con el exfiscal por cuestiones institucionales vinculadas con el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y advirtió que todo se trata de una maniobra con fines políticos y por la que el acusado pretende conseguir beneficios en su prisión. Mientras sus pares del justicialismo lo confirmaron como jefe de bancada y salieron a apoyarlo a través de un comunicado, aunque después el grupo más cercano al gobernador Omar Perotti se despegó del mismo.
La trama siguió el sábado por la mañana con el allanamiento del domicilio particular del exdiputado provincial del PJ, Darío Scattaglini, en la capital de la provincial. El nombre de Scattaglini apareció en la causa de juego ilegal durante las audiencias de agosto pasado. En ellas se ventiló que el último 10 de julio se conoció un audio donde la secretaria del empresario de juego ilegal Leonardo Peiti recibió un llamado del ex legislador que le dijo que “Traferri”, se quería reunir con el capitalista de juego. Poco después Scattaglini, que ese momento trabajaba como asesor del presidente del PJ provincial Ricardo Olivera en la Cámara de Diputados, fue separado de su cargo.
En tanto, el mismo sábado también fue allanada la vivienda de un alto jefe policial retirado que concluyó su carrera en San Lorenzo, Gonzalo “Chino” Paz.
Cuarto capítulo
El cuarto capítulo se empezará a escribir el lunes y anticipa nuevos e interesantes escenas que le pueden dar al thriller mayor suspenso aún.
Es que Armando Traferri prometió dar una conferencia de prensa este lunes y en ella se espera un fuerte contragolpe que podrá tener derivaciones imprevistas. De hecho en los últimos días circularon como nunca versiones de videos y audios que todos tienen para “escrachar” al otro. ¿Exhibirá algunos de ellos Traferri? ¿Hará alusión indirectamente a eso? Son todas preguntas que hoy se hacen en el micromundo de la política santafesina.
Mientras tanto, Alejandro Rossi, hermano del ministro de Defensa Agustín Rossi (quien tiene una especial relación con el grupo Traferri) posteó el viernes a la noche en Twitter: “Los peronistas de Santa Fe nunca resolvimos nuestras diferencias mandando en cana al compañero con el que disentíamos. Nadie nunca lo hizo. Desde el 83”.
Por su parte, en la semana los senadores tendrán que definir si dan lugar al pedido de desafuero que solicitaron los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. El artículo 51 de la Constitución Provincial sostiene que se necesita los dos tercios de los votos presentes de los senadores para autorizar la posibilidad que uno de sus miembros sea sometido a un proceso penal. Esa posibilidad puede que sea otorgada, pero a la vez la normativa sostiene que para proceder a detener a uno de los miembros de la Cámara Alta se necesita de otra autorización de sus pares. Esa opción parece difícil que pase. En todo caso, los senadores santafesinos podrán marcar como antecedente todos los pedidos de desafueros que tiene la misma Cristina Kirchner a nivel nacional y que siempre fueron rechazados
Quinto capítulo con futuro desarrollo regional
El comienzo de la trama fue aquí nomás y quizás uno de sus capítulos finales también ocurra en nuestra región.
El fiscal Merlo ya elevó a la Oficina de Gestión la investigación cerrada en la que lo acusa al empresario de juego Leonardo Peiti de ser organizador de emprendimientos de casinos clandestinos en siete localidades de toda la provincia de Santa Fe. Y además pidió, como explicamos líneas atrás, que se le dicte la prisión preventiva ordinaria. De ahí la especulación sobre una posible nueva “confesión” que destape distintos e inesperados actores en la trama. Ponce Asahad advirtió que hay otros importantes integrantes del poder político y judicial involucrados.
Los tiempos de Peiti se achican, la audiencia previa al juicio está estipulada para el próximo mes de febrero.
Posible epílogo y capítulos anexos
Así las cosas el final de este thriller es impredecible y más allá de lo que culmine sucediendo, no hay dudas que la política santafesina “está que trina”. Aunque, vale aclarar, que son los tres poderes del Estado los involucrados y también el sector empresario.
La sombra del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain aparece por todos lados. Propios y extraños lo marcan, como el verdadero impulsor del escándalo. El mismo Sain que ya se llevó puesto al jefe de policía de la provincia Víctor Sarnaglia, que había elegido Omar Perotti. Y que además, en un hecho inédito ocurrido en el contexto de un gobierno de cualquier lugar del planeta, se dio “el lujo” de ningunear al propio gobernador sin sufrir consecuencias por sus dichos (entre otras cosas dijo que el mandatario “Es un intendente, con formación de concejal” y hasta sostuvo que “no tiene capacidad”).
De todos modos, vale aclarar que, más allá de esto último, los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra tienen ganado su prestigio en la seriedad de diversas investigaciones anteriores que realizaron.
En tanto, otros atribuyen el disparador del thriller las distintas votaciones de los senadores que responden a Traferri que perjudicaron al gobierno provincial. La última fue la sanción de las dos leyes que apuntaban a Sain y que el mismo Perotti acaba de vetar. En una de ellas se instituye el control parlamentario sobre gastos reservados del Ministerio de Seguridad; y en la otra se establecen incompatibilidades entre cargos del Poder Ejecutivo y de organismos de control o investigación. Dicho sea de paso, esta última perjudicaba al venadense Jorge Lagna (actual secretario de Gestión Social de la Seguridad de Santa Fe) que se anotó para ser Fiscal Regional de Venado Tuerto. Ahora habrá que esperar para ver si ambas cámaras en medio de la actual tensión consiguen los dos tercios necesarios para rechazar el veto.
Lo cierto es que más allá del thriller, la realidad sigue dándoles bofetadas a todos los políticos que no pueden solucionar los problemas estructurales de inseguridad que tiene la provincia, principalmente en sus dos grandes centros urbanos. Perotti llegó al poder prometiendo “paz y orden” y en el cierre de su primer año de gestión exhibe el lamentable récords de homicidio desde 2016. Eso que el 2020 “dio changüí” con tres meses de cuarentena estricta.
Ayer sábado 12 de diciembre la bofeteada fue una de las peores de los últimos años. Murió un bebé de 8 meses que estaba en manos de su madre que quedó en el medio de una balacera que tendría que ver con disputas vinculadas al narcotráfico. Ningún escritor de esos thrillers políticos que abundan en plataformas digitales se le habría ocurrido semejante escena.