El último martes la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe falló sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, y ratificó que los legisladores de la provincia no pueden ser investigados por la Justicia mientras mantengan sus fueros. En pocas palabras: dicho fallo garantiza la impunidad para el senador provincial, Armando Traferri, investigado por presuntos vínculos con redes dedicadas al juego clandestino en la provincia y por enriquecimiento ilícito.
Es que los fiscales del MPA Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, pretendían citar a una audiencia imputativa al senador por el departamento San Lorenzo. Más allá de las pruebas que ambos fiscales dicen esgrimir (por cierto, parece que son bastantes) el solo hecho de evitar enfrentar la justicia es cuanto menos una arbitrariedad. ¿Si no tiene nada que ocultar porque no se presenta y demuestra su inocencia, como haría cualquier vecino?
Ahora, posiblemente el caso culmine en la Corte Nacional, que podría llegar a advertir al Estado provincial que lo dispuesto por el Código Procesal Penal de Santa Fe viola la Constitución de la Nación. Pero, para que eso suceda puede pasar mucho tiempo, el suficiente como que las próximas elecciones se desarrollen sin novedades sobre el tema. Por supuesto, mientras tanto, Traferri necesitará ser reelegido en su cargo o en todo caso refugiarse en una más segura lista de candidatos a diputados para evitar ser imputado.
Y de paso, hablando de las futuras elecciones (todos los espacios están pensando más en las mismas, que en el presente) uno podría ser aún más desconfiado: ¿La decisión del máximo tribunal santafesino no es funcional a la interna del PJ provincial? De hecho, por ahora no se escuchó al gobernador Omar Perotti (ni a ninguno de sus alfiles), quién hasta ayer aparecía como furibundamente enfrentado a Traferri, haciendo alusión al fallo judicial. Tampoco se quejó de que el propio legislador sanlorencino, en una clara provocación, fuera elegido por sus pares para integrar la Junta Provincial de Seguridad. Casualmente, en la primera reunión del año de dicho organismo, compartieron espacio con el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez.
Dicho de paso, otra historia para escribir es la de este último que ingresó al máximo organismo en el 2000 con escasos pergaminos, pero apadrinado por el entonces mandatario provincial, Carlos Reutemann (es primo de Mimicha Bobbio, la exesposa del exgobernador) y hasta ahora nadie pudo/se animó a destronarlo. Algunos datos para comprender su poder: sobrevivió a cinco gobiernos, fue elegido ocho veces como presidente de la Corte (la última en diciembre del 2019) y desde siempre amaga con ser candidato a gobernador por el PJ.
Fallo funcional
Lo cierto es que, el fallo del máximo tribunal de justicia provincial es, casualmente, funcional a la posibilidad de que el peronismo pueda rearmarse y repetir “la unidad en la diversidad” de cara al 2023. Es que con Traferri procesado iba a ser muy difícil que culminarán unidos, sobre todo porque iban a volar los reproches del importante sector dentro del partido que encabeza el senador y que tiene entre sus integrantes a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, hacía el gobierno por no haber impedido dicha situación.
Así las cosas, de una posible situación de ruptura absoluta se saltó a una forzada paz interna que podría derivar en la repetición de la estrategia esgrimida en el 2019.
Por supuesto, esto no quiere decir que las diferencias no persistan, pero se zanjarán en las Paso, donde todos los sectores con ambiciones podrán participar.
Claro, que el problema para el PJ es la falta de un candidato seductor para el electorado (aunque la oposición tampoco parece tenerlo). De todos modos, según cuenta el colega Pablo Fornero en Letra P, el gobernador Omar Perotti, ya decidió mandar a la cancha a tres integrantes del gabinete: Celia Arena (ministras de Gobierno), Erika Gonnet (ministra Medio Ambiente) y Alejandro Grandinetti (secretario de Turismo). A quienes se le suma el actual diputado nacional y mano derecha del mandatario, Roberto Mirabella. Este último estuvo por Venado Tuerto un par de semanas atrás compartiendo distintas actividades, entre ellas una reunión con periodistas en la que se presentó como el virtual precandidato a la gobernación.
Por lo pronto, el presidente del justicialismo santafesino, Ricardo Olivera, trabaja a destajo para lograr la unidad. Y por si acaso, ya comenzó el despliegue territorial en las 19 departamentales.
El desafío no es menor, sobre todo porque el revés en las últimas generales fue contundente. Y hoy por primera vez desde 1983 perdió la mayoría de los representantes por Santa Fe en el Senado nacional, junto a tres bancas menos en Diputados. A su vez el PJ fue derrotado en 16 de 19 departamentos provinciales (sólo ganó en Rosario, San Lorenzo y Garay).