Abordar de una vez por todas la reforma de la Constitución de Santa Fe parece un tema menor en el contexto de una grave crisis que atraviesa el país. Sin embargo, este tipo de excusa ya se usó una y otra vez para evitar un debate urgente y necesario. Es que, entre otras cosas, en nuestro país la crisis económica ya es endémica y es difícil encontrar un momento donde no este presente.
Vale la pena recordar que la carta magna provincial data de 1962. Desde aquel momento, la realidad ha cambiado. Además, es ineludible ponerla a tono con la Constitución Nacional, que tuvo una amplia modificación en 1994. Párrafo aparte, la paradoja es que aquel recordado hecho histórico, marcado por el denominado Pacto de Olivos firmado por Carlos Menem–Raúl Alfonsín, tuvo como escenario a la capital de la provincia de Santa Fe junto a Paraná (Entre Ríos). 30 años después, Santa Fe y Mendoza son las únicas dos provincias que no adecuaron sus constituciones a la del 94.
A su vez, lejos estuvo de ser ideal la coyuntura en la que se llevó a cabo la anterior reforma de la ley suprema santafesina. De hecho, fue sancionada el 14 de abril de 1962, y el entonces presidente, Arturo Frondizi, había sido derrocado a fines de marzo. Si el gobernador Carlos Sylvestre Begnis, se hubiera amparado en el clima de época, todavía estaría vigente en la provincia la Constitución de 1900.
De todos modos, sigue siendo responsabilidad de nuestros dirigentes planificar el futuro, pensar en una provincia para las próximas generaciones y no solo quedarse en las discusiones sobre el presente.
Un ejemplo para tener en cuenta son algunos despropósitos de la actual norma que establece los lineamientos del Estado provincial. Entre otros, obliga a los legisladores santafesinos a sesionar apenas seis meses al año, entre el 1º de mayo y el 31 de octubre. En el resto de las provincias argentinas las sesiones comienzan el 1º de marzo.
También, lo es que establezca que quien gane la elección se quede automáticamente con 28 de las 50 bancas de la Cámara de Diputados, garantizándose la mayoría. En el mismo sentido, una reforma a fondo debería instaurar la unicameralidad, como tienen otras provincias. Cuestión difícil de imponer, teniendo en cuenta los privilegios que gozan, y que no están dispuestos a ceder, los senadores.
Y por supuesto, hay otras demandas que son necesarias instrumentar como la autonomía municipal, la idea de ampliar de dos a cuatro años la duración del mandato de los presidentes comunales y culminar con la reelección indefinida de los intendentes. Dicho sea de paso, las perniciosas terceras gestiones de los intendentes de Venado Tuerto, Ernesto De Mattía y José Luis Freyre, son un ejemplo de lo necesario que es un cambio en este último aspecto.
Asimismo, hay una larga lista de derechos y garantías establecidos en la Constitución del 94 que la actual santafesina no los tiene en cuenta.
Lo cierto es que todos los últimos gobernadores impulsaron a su manera la reforma, pero ninguno logró plasmarla. El que más lejos llegó fue el socialista Miguel Lifschitz, quien abandonó la idea cuando comprobó que los votos no le alcanzaban.
Claro que, previamente los distintos partidos acuerdan con la necesidad de la reforma, pero el debate se termina bloqueando cuando aparece la discusión sobre la reelección del gobernador de turno. Hermes Binner y Antonio Bonfatti (Lifschitz fue más impreciso y eso le valió que hasta los propios integrantes del Frente Progresista no pusieran demasiado énfasis en la reforma), se comprometieron a no incluir dicha opción, pero pudo más la desconfianza de los demás dirigentes. Es que, los constituyentes son autónomos y podrían insertar el tema a último momento.
Además, más de uno recuerda que el peronismo gobernó 25 años con distintos candidatos y el Frente Progresista lo hizo 12 años con tres mandatarios distintos. Es decir, nada impidió la continuidad de un proyecto más allá de los cuatro años que dura un mandato.
Por ahora, el gobernador Maximiliano Pullaro y sus ministros no demuestran demasiado entusiasmo por encabezar el proyecto. El mandatario insiste en responder una y otra vez ante la consulta al respecto que hay otros temas más importantes para ocuparse. De todos modos, jugando al distraído deja que las discusiones al respecto avancen.
El oriundo de Hughes también sabe que ninguno de sus antecesores que impulsaron la idea se encontraron con semejante panorama favorable. Para sancionar la ley de necesidad de la reforma, se requieren dos tercios de los votos en ambas cámaras, es decir, 34 votos en Diputados y 13 en el Senado. Unidos tiene 28 bancas en la Cámara Baja y no tendría problemas para sumar votos de legisladores de otros bloques y hasta del propio peronismo. En tanto, en la cámara alta el interbloque del oficialismo contabiliza 14 bancas, una más que los dos tercios necesario. El escenario es por demás de óptimo.
Mientras, en los últimos días el diputado radical José Corral ya ingresó por Mesa de Entradas de la Cámara que integra, el proyecto para declarar la necesidad de la reforma constitucional de la provincia. A este hay que sumarle los que ya presentaron el socialista Joaquín Blanco y Walter Ghione (UNO), ambos integran el interbloque Unidos para Cambiar Santa Fe. Y, desde la oposición, Lucila De Ponti (Movimiento Evita), también dio estado parlamentario a una iniciativa.
El 2025 parece el año ideal para avanzar, por eso distintos dirigentes impulsan la posibilidad de realizar la votación de los 69 convencionales, aprovechando el acto eleccionario en que se renovaran todas las autoridades comunales, la mitad de los concejales y una serie de intendentes. Entre estos últimos, el primero de la vecina y flamante ciudad de Teodelina y también de San José de la Esquina, Helvecia, Villa Minetti y Alvear. Todos municipios que además deberán conformar sus nuevos concejos de seis ediles.
Como sea, más allá que existen otras prioridades, no hay dudas que es necesario encarar de una vez por toda la reforma de la vetusta Constitución de Santa Fe. La calidad institucional está en juego. Hay leyes, derechos y reclamos que merecen atenderse.