El mensaje es directo, más allá de su evidente simbolismo: en la banquina Ruta Provincial N° 93, a metros de su intersección con la Ruta Nacional N° 33, en jurisdicción de Firmat, un cartel de fondo rojo y letras blancas (símil las famosas placas de Crónica TV) advierte: “¡Atención! Aquí empieza la Ruta Nacional 33 mantenida por el Estado Nacional”. A pesar de no tener ninguna inscripción que delate quién colocó esos carteles, rápidamente el gobierno provincial aclaró que fueron ellos los que lo hicieron. Un mensaje institucional con un contundente llamado de atención para aquel que se dispone a rodar por la destruida 33: no somos nosotros los culpables, sino el gobierno de Javier Milei, que decidió desatender el mantenimiento de las rutas nacionales.
La instalación de carteles es el recurso más visible (y llamativo) de una estrategia política que busca responsabilizar a la Nación por el estado calamitoso de las rutas bajo su jurisdicción. Pero no es solo eso: es también un gesto de desesperación ante la desidia del gobierno nacional. La provincia que concentra buena parte de la producción exportable del país —más de 2,2 millones de camiones por año la atraviesan— ve cómo sus arterias nacionales se desintegran sin inversión ni planificación. Y ante el silencio de Buenos Aires, habla por señales.
Párrafo aparte, merece la reacción del perottismo. Fue Marcos Corach, exministro de Gestión Pública y actual diputado, quien recordó en redes sociales, foto mediante, que durante la gestión anterior también se colocaron carteles similares en las rutas cuestionando al entonces gobernador. “Todo vuelve”, ironizó, marcando la continuidad del problema. Algo parecido plasmó en sus redes la exconcejala venadense y exfuncionaria provincial, Liliana Rostom, que disparó en redes: “Cuando Perotti era gobernador esta gente puso esos mismos carteles rojos, pero con otra leyenda Decía Perotti es responsable de esta ruta (…) como cambiaron estando en otra posición. Son y fueron rutas nacionales, no solo cuando conviene”.
Más allá de esto, también es cierto que el gobernador Maximiliano Pullaro viene reclamando insistetemente: “Si la Nación no va a arreglar las rutas, que nos las ceda. Nosotros nos hacemos cargo”. De hecho, enviaron un proyecto a la Legislatura para tomar el control de los corredores nacionales que cruzan Santa Fe. Incluso aportaron 7.000 toneladas de asfalto para tapar baches en tramos críticos. Pero el límite de lo razonable quedó atrás esta semana, cuando se conoció una propuesta del gobierno nacional que roza lo insólito: según reveló el ministro Lisandro Enrico, la Casa Rosada condicionó el inicio de obras viales a que Santa Fe retire el juicio por la deuda previsional ante la Corte Suprema.
Vale recordar que la Provincia viene reclamando desde hace años cerca de 2 billones de pesos por incumplimientos en las transferencias a la Caja de Jubilaciones. Fue el exgobernador, Hermes Binner quien en el 2009 se atrevió a plasmar ese reclamo mediante una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia Nacional, órgano que culminó fallando a favor de Santa Fe en los primeros días del 2021 reconociendo el reclamo de la provincia por la detracción de la coparticipación. Sin embargo, hasta ahora el gobierno nacional sigue sin cumplir el fallo.
Lo cierto es que el viernes sorprendió el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, el venadense Lisandro Enrico, contando en una entrevista periodística que la Nación ofreció una “armonización” que incluye pagos mínimos y exige paralizar el juicio a cambio de reparar rutas. Enrico lo llamó por su nombre: “extorsión institucional”. Es decir: si Santa Fe no renuncia a defender sus derechos en sede judicial, sus ciudadanos deberán seguir arriesgando la vida en rutas destruidas. No se trata de federalismo. Se trata de coerción.
Un día antes, el mismo Enrico, en una entrevista nacional con María O’Donnell, había realizado otras fuertes declaraciones al respecto: “Esto no pasó nunca. Ni siquiera con gobiernos con los que tuvimos diferencias. Hoy directamente dicen: ‘no vamos a hacer nada’”. A la vez, denunció el vaciamiento vial como una “tragedia de Once por goteo” y señaló una responsabilidad penal futura por las muertes que causa la desinversión. También advirtió que los fondos recaudados con el impuesto al gasoil se desvían para hacer colchón fiscal, dejando las rutas sin mantenimiento. “Se están quedando con la plata de las rutas”, resumió.
Pero, por otro lado, la telaraña de condicionamientos de Nación no termina allí. Santa Fe tiene otra barrera clave por delante: la autorización nacional para tomar deuda. Aunque el Ministerio de Economía ya dio el visto bueno técnico, aún no firmó la autorización final para que la Provincia pueda acceder a un paquete de créditos vitales por 1.225 millones de dólares: mil millones para obras de infraestructura en el mercado de capitales y otros 225 millones provenientes de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), destinados a mejorar los accesos a los puertos del Gran Rosario y la infraestructura para los Juegos Odesur.
La demora en liberar esos fondos no parece ser solo un tecnicismo administrativo. En el contexto de tensiones crecientes, el gobierno nacional podría estar usando esa postergación como una nueva herramienta de presión política. Si Santa Fe se apuraba en pedir formalmente la autorización, habría quedado expuesta a la exigencia de “bajar” alguno de los reclamos que hoy tiene firmemente en pie: la deuda previsional, el abandono de las rutas nacionales y su posición coordinada con otros gobernadores en el Congreso, para exigir una redistribución más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional y de la recaudación por el impuesto a los combustibles.
Una verdadera ingeniería del castigo.
Ahora bien, si algo distingue a Pullaro es su demostrado (y a veces exagerado) pragmatismo político. En un escenario adverso, el mandatario santafesino despliega una estrategia que bien podría definirse como la técnica del “policía bueno y policía malo”. Mientras Enrico carga con dureza contra la desidia federal, la vicegobernadora Gisela Scaglia alienta el veto presidencial a los recientes aprobados proyectos de incremento en las Jubilaciones y la Emergencia en Discapacidad en la Legislatura Nacional. Dicho sea de paso, los legisladores santafesinos nacionales votaron a favor de ambos proyectos. En simultáneo, el propio Pullaro graba videos desde Estados Unidos destacando elogios al rumbo económico de Milei recogidos en sus reuniones con empresarios y analistas.
Esa doble vía discursiva, intenta administrar tensiones en un contexto donde cada decisión tiene múltiples costos: frente al electorado, en el frente interno de Unidos para Cambiar Santa Fe y, sobre todo, en la relación con una Nación que reparte discrecionalidad, retaceos y amenazas. Así como los senadores radicales por Santa Fe votan en bloque contra el oficialismo nacional en proyectos clave, el gobernador cuida el vínculo institucional y se muestra abierto al diálogo, aunque a la vez intenta marcar los límites.
Pullaro sabe que confrontar sin red puede ser tan ineficaz como someterse en silencio. Por eso actúa con cálculo: presiona, reclama, denuncia, especula, pero también habilita señales de distensión y mantiene abiertos todos los canales de diálogo.
Claro que, el acercamiento de las elecciones nacionales puede provocar un cambio de estrategia necesario. Es que los candidatos de Unidos (todavía no están definidos) tendrán que decidirse entre exhibir un discurso completamente opositor o mostrar una posición más cercana al oficialismo. Los convencionales libertarios parecen facilitarles la decisión con su postura extrema en contra del gobierno provincial en la primera semana de debate de la reforma de la Constitución santafesina.
En ese contexto, el cartel en Firmat por ahora es solo una advertencia que esconde una invitación al diálogo. Si Nación no cumple, Santa Fe se hará cargo. Aunque, para que eso suceda es necesario que Nación traspasen los recursos
Mientras tanto, las cintas asfálticas de las rutas nacionales que atraviesan la provincia siguen deteriorándose. Como advertimos en nota anterior “definir no arreglar las arterias nacionales sustentado en el altar del superávit fiscal es de una crueldad extrema. Sobre todo, en la hipertransitada 33 que se convirtió en una ruta de la muerte”.
Ahora Enrico agregó consecuencias futuras que esta decisión puede tener para el Estado Nacional. Es que, por un lado, el gobierno de Milei no está cumpliendo con los fallos de la justicia federal que lo obliga a realizar arreglos en las rutas, pero a la vez se abre la puerta a otros posibles conflictos judiciales. “Esto puede derivar en responsabilidades penales. La gente se accidenta y paga con su vida la desidia del Estado”, reflexionó.
Claro que, esas responsabilidades futuras, cuando lleguen, no las abonará ningún funcionario con su patrimonio. Las pagaremos todos los argentinos, con recursos públicos, con juicios millonarios, con más deuda.
Porque detrás del discurso triunfalista del “superávit fiscal” que Milei repite como dogma, se esconde una lógica tan mezquina como peligrosa: ahorrar a costa del abandono, recortar a costa de vidas humanas, mostrar equilibrio en las cuentas a costa de desequilibrio en los territorios. No es superávit si se logra incumpliendo fallos judiciales, dejando rutas intransitables, desfinanciando servicios esenciales o extorsionando a las provincias. Es simplemente transferencia de costos: lo que el gobierno nacional no paga hoy, lo pagará la sociedad mañana.